Suprema recibe informe por liberación de sicario: habría error de un funcionario
Pleno revisaría el reporte hoy o el lunes, mientras la fiscalía pesquisa si hubo o no dolo, pues el oficio que dejaba sin efecto la prisión preventiva no debería haber sido enviado.
El Pleno de la Corte Suprema analizaría hoy, o el lunes, un informe crucial sobre los acontecimientos internos en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. El documento, elaborado por la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), busca esclarecer la liberación de Alberto Mejía (18), ciudadano venezolano y asesino de José Reyes Ossa, conocido como el "Rey de Meiggs", crimen ocurrido el 19 de junio.
La liberación de Mejía, quien inicialmente fue identificado como Osmar Ferrer, se originó por un error en una letra de su nombre. Esto desencadenó una serie de fallos que culminaron en su excarcelación.
Según las primeras informaciones, el informe interno del Poder Judicial revela que no hubo un problema en el sistema informático, sino un error humano de un funcionario que envió el oficio de ingreso a Santiago 1 que anulaba el primer documento con el nombre incorrecto de prisión. Según conocedores del sistema, este segundo oficio debió manejarse internamente y no ser enviado a Gendarmería, por lo que se debe determinar la responsabilidad del funcionario a cargo, ya que los jueces no son quienes realizan dichas notificaciones.
A pesar de esto, Gendarmería recibió el oficio correcto en papel el mismo día de la audiencia, y al día siguiente por correo electrónico, seis horas antes de su liberación.
Si la fiscalía detecta que hubo dolo, un tribunal sentenciaría al responsable.
El informe de la CAPJ además plantea que se debe modificar el sistema informático, debido a que se deben dejar sin efecto órdenes para poder modificarlas.
Corto y largo plazo
En este escenario, la Corte de Apelaciones de Santiago acordó adoptar diversas medidas a corto plazo para evitar que estas situaciones se repitan. Entre ellas, la capacitación de funcionarios que tramitan resoluciones judiciales, además de que otras instituciones "que intervienen en el procedimiento destinado a su identificación y privación de libertad cuenten con personal de turno que se desempeñe en forma coetánea a las audiencias de control de detención, haciendo posible un flujo de información de calidad y oportuno", señalaron.
MedidasLa Corte de Apelaciones capacitará a funcionarios que tramitan resoluciones judiciales.