Presupuesto Nacional 2026: $1 de cada $20 no está asegurado

El Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2026, radicado por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso, no solo trae cifras históricas en cuanto a su tamaño total, sino también alertas encendidas sobre su sostenibilidad; tal y como lo han manifestado diversos actores de la economía local. Con un monto que asciende a $556,9 billones, equivalente al 28,9% del Producto Interno Bruto (PIB), este plan de gasto no solo es el más ambicioso en la historia reciente del país, sino también uno de los más cuestionados por analistas, técnicos y exministros debido a su alto componente de gasto improductivo, su dependencia de una reforma tributaria incierta, y los riesgos fiscales que podría acarrear en el mediano plazo. De entrada, el diseño del presupuesto contempla $26,3 billones en recursos contingentes, es decir, fondos que sólo podrán ejecutarse si el Congreso aprueba una nueva ley de financiamiento y aunque esta reforma tributaria aún no ha sido radicada, el Gobierno ya la incluye como pilar del PGN 2026, lo que equivale a que 1 de cada 20 pesos del presupuesto está sin respaldo garantizado. No crece la inversión Del total presupuestado, $365,7 billones se destinarán a gastos de funcionamiento, lo que representa un aumento del 11,1% frente a lo aprobado en 2025. Este crecimiento se explica principalmente por aumentos en los gastos de personal y operación del Estado; mientras que, en contraste, el rubro de inversión solo crecerá 5,7%, pasando de $83,9 billones este año a $88,7 billones en 2026. Para José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, esta distribución es preocupante, ya que "el gasto en funcionamiento, en precios constantes frente a 2022, ha crecido casi un 40%. La inversión como porcentaje del PIB, en cambio, viene cayendo. Eso significa que el presupuesto es para gastar en burocracia, para pagar intereses de deuda, pero no para hacer inversión productiva". A lo anterior, se suma el recorte silencioso en sectores clave como ciencia, tecnología, deporte y cultura caen en términos reales, es decir, sus asignaciones no alcanzan ni siquiera a compensar la inflación. Por otra parte, la crítica más contundente proviene del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que emitió un concepto previo desfavorable al nuevo plan financiero presentado por el Gobierno, el cual es consistente con el PGN 2026; señalando que, apenas un mes después de publicar el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), el Ejecutivo decidió elevar el gasto primario en $18,2 billones, llevando el déficit primario estimado de 1,4% a 2% del PIB para el próximo año. Esta decisión, según el comité, desdibuja por completo la senda de consolidación fiscal prevista y recuerda que aunque el déficit fiscal total se mantiene en 6,2% del PIB, el deterioro del balance primario indica que el país está usando recursos inciertos para financiar gastos recurrentes, como salud ($7,2 billones adicionales), subsidios energéticos ($5,7 billones) e inversión ($5,9 billones). El Carf también advierte que el faltante total para cumplir la meta fiscal se amplía a $38 billones, lo que implica que el esfuerzo de ajuste en 2027 será mucho mayor al previsto. "El déficit primario debe reducirse 1,7 puntos del PIB en un solo año, lo cual es una meta muy difícil de cumplir sin recortes fuertes o ingresos extraordinarios. Esto mina la confianza institucional y dificulta el regreso a la regla fiscal en 2028", manifestaron. Una apuesta incierta Cabe recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, defendió el presupuesto ante el Congreso destacando que $301,7 billones provendrán de ingresos tributarios, $1,4 billones de ingresos no tributarios y $29,6 billones de ingresos propios de establecimientos públicos. Sin embargo, reconoció que la ejecución plena del PGN depende de que el Congreso apruebe la mencionada ley de financiamiento, en línea con lo previsto en el artículo 347 de la Constitución. Ante esto, la presidenta de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, se mostró escéptica ante esta apuesta y dijo que "nos preocupa que el proyecto incluya, desde su formulación, un rubro de 26 billones de pesos condicionado a una reforma tributaria sobre la cual no se conocen detalles y cuya aprobación en el Congreso es incierta". Este es un debate que apenas empieza y promete ser muy movido.
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana se sumó al debate y advirtió que este nivel de desfinanciamiento contrasta con los ajustes que se necesitan tras la activación de la cláusula de escape, ya que "sin medidas estructurales en ingresos y gasto, el déficit fiscal y la deuda podrían deteriorarse a niveles similares, o incluso superiores, a los observados durante la pandemia". De esta manera, la discusión del PGN en el Congreso no será técnica, sino política, y se enfocará en si hay que aprobar una reforma tributaria ambiciosa en un entorno de baja confianza y alta incertidumbre o si se debe ajustar el gasto en un presupuesto ya comprometido por rigideces e inflexibilidades estructurales. Para los expertos, ambas salidas tienen costos, al tiempo que dejan claro que la mayor amenaza es mantener el rumbo actual, con expansión del gasto sin fuentes claras, déficit creciente, inversión decreciente y una regla fiscal debilitada.