El actual comisionado parlamentario fue propuesto por cuatro partidos en el Parlamento. En primera instancia, requiere de 87 votos en la Asamblea General.
Redacción El País Con los votos del
Frente Amplio, el
Partido Nacional y el
Partido Colorado el actual
comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit será designado como nuevo integrante del Consejo Directivo de la
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh).
Así como informó El País, la designación de la exjueza Mariana Mota a mediados de julio fue producto de un acuerdo alcanzado entre colorados y el oficialismo, que terminará de concretarse en la sesión de hoy martes con el apoyo a Petit. Además, es un nombre de consenso y cuenta con el apoyo de dirigentes
blancos.
La ley 18.446, que creó la Inddhh, exige que los miembros del directorio cuenten con dos tercios de los votos del total de componentes de la
Asamblea General para ser nombrados.
De no llegar a los 87 votos requeridos, el artículo 37 de la ley establece que se debe citar una nueva sesión en los 20 días corridos siguientes. Para esa instancia, que podría tener lugar el miércoles, la
mayoría absoluta será suficiente para la designación.
Petit, que deberá abandonar su cargo antes de tiempo ya que debería permanecer hasta octubre como comisionado parlamentario, fue propuesto por legisladores de cuatro partidos políticos: Robert Silva, Tabaré Viera, Pedro Bordaberry, Pedro Bordaberry, Pablo Abdala, Martín Lema y Bettiana Díaz Rey. También el diputado del
Partido Independiente, Gerardo Sotelo, postuló su candidatura. Ocupará el lugar que dejó vacante en el directorio de la Inddhh Bernardo Legnani en
junio.
Los otros candidatos que se tendrán en consideración son Mariana Achugar, Daniel Bruno, Ricardo Changala, Ana Agostino. El abogado Oscar López Goldaracena, que era un sexto nombre que se manejaba, declinó a ser postulado en una carta dirigida a la presidenta de la
comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, Constanza Moreira.
En la misiva, a la que accedió El País, el abogado que presentó la denuncia por las irregularidades en el
Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc), expresó que resolvió declinar y
renunciar a la propuesta "por la responsabilidad que le fue confiada en diversos casos judiciales".
"Mi contribución hacia una sociedad en clave de
derechos humanos para todos seguirá siendo, por el momento y en lo que humildemente pueda aportar, desde el ámbito de la abogacía y de la
sociedad civil, como abogado, escritor y estudiante universitario. Cuando hace veinte años tuvimos el honor de comenzar a coordinar el grupo de trabajo que elaboró el
proyecto de ley que creó el organismo, reiteradamente advertimos sobre la necesidad de garantizar su independencia del
poder político y estamos seguros que por ese camino se seguirá transitando", escribió.