Pesqueros evitan al gremio y llaman a nuevo personal a embarcarse; en ocho horas se presentaron 380 personas

El conflicto de la pesca vivió ayer un punto de inflexión: la cámara empresarial del sector decidió hacer un llamado a personas interesadas en embarcarse y dejar de lado amenazas de algunos sindicalistas difundidas en las redes sociales. En apenas ocho horas, unas 380 personas se anotaron para trabajar en los barcos pesqueros tras conocer la propuesta de que recibirían ingresos de $ 10.000 diarios, según supo El País.

"La gente quiere trabajar. En un año, un trabajador puede sacar a su familia de la pobreza trabajando en la pesca. Fuera de temporada puede obtener ingresos de $ 4.000 a $ 5.000 diarios. En plena temporada, ese trabajador puede percibir hasta $ 10.000 diarios", afirmó el propietario de un barco pesquero.

A 72 días de iniciado el conflicto, la medida de la cámara empresarial es inédita y se desconoce cuál podría ser el desenlace la disputa. Por eso ayer era notoria la tensión en el puerto, ya que se esperaba que nuevos tripulantes serían embarcados en pesqueros pese al rechazo del sindicato. Muchas de las 300 personas interesadas en trabajar en el sector cuentan con libreta para embarcarse y otras no.

Ese personal será distribuido en varias embarcaciones en la próxima semana. Luego los barcos comenzarán a zarpar.

En este momento, en el puerto pesquero Capurro hay 39 barcos parados. En una asamblea realizada el pasado 27 de mayo, el gremio pesquero decidió que los trabajadores marineros "no realizarán tareas que no corresponden a su categoría y por no estar obligados a ello". Es decir, el sindicato entiende que los marineros no podían hacer guardias de navegación mientras el capitán descansa.

El conflicto afectó primero a los 28 pesqueros costeros que tienen un solo capitán. Después impactó a 11 buques llamados de altura o congeladores que procesan el pescado en alta mar y tienen al menos dos tripulantes que quedan de guardia en el puente de mando cuando el capitán descansa.

Consultado por El País, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, dijo que el conflicto con el sindicato llegó a un punto extremo. "Se llevó adelante pese a que tenemos un convenio firmado el año pasado y que está vigente. Nos vamos a juntar (entre los dueños de los barcos) para evaluar cómo seguimos", agregó.

Los empresarios avanzaron en una agenda que trascienda el conflicto. "En la reunión se dio por terminado el diferendo con el gremio. Vamos a salir a trabajar con trabajadores sindicalizados y los que no están. No aceptamos más amenazas; no más violencia", dijo a El País uno de los participantes del encuentro.

Los empresarios, además, se reunirán la próxima semana con integrantes del gobierno y con legisladores con el propósito de hacer cambios en el sector que, según señalaron, genera recursos millonarios para el Estado y miles de ingresos para personas sin instrucción.

"Este fin de semana velaremos a la pesca. El lunes o martes será refundada. La semana que viene comenzarán a ser distribuidos en los barcos las personas que se anotaron para trabajar", explicó la fuente.

Otro insumo que genera tensión en el ámbito pesquero es un contenedor ubicado en la entrada del puerto Capurro que es propiedad de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y que es utilizado por dirigentes del gremio pesquero.

El 24 de febrero, el sindicato de la pesca solicitó a la ANP dicho contenedor con el argumento de que una oficina en esa ubicación "daría una mejora en la organización logrando una mayor velocidad de respuesta para la resolución de cualquier diferendo que se genere, una mayor cercanía de nuestra dirección sindical estableciendo una mejor atención a todos los actores del ámbito, fomentando el trabajo colaborativo y la comunicación directa entre las partes".

Unos meses después, el 22 de mayo, el Directorio de la ANP otorgó el contenedor al sindicato de la pesca tras recibir un informe favorable de la Jefatura de la División Puerto Capurro. Dicho informe señalaba la "conveniencia" de que el gremio contara con un espacio cercano al recinto portuario para "dar rápida respuesta a los distintos conflictos, así como para mejorar la gestión de ingresos a la dársena Capurro del puerto de Montevideo".

En el Directorio del organismo, el representante por la oposición, Jorge Gandini (Partido Nacional), consideró que entregar un contenedor al gremio en la entrada al puerto Capurro, "no aporta a ningún objetivo social para el que fuera solicitado originariamente el espacio". Y agregó que el fin del contenedor es "controlar" a las personas que pretenden ingresar a trabajar en los pesqueros pese el conflicto.

Ayer el Directorio de la ANP volvió a tratar el tema a instancias de Gandini. Sin embargo, su postura quedó en minoría. El contenedor continuará en la entrada del puerto Capurro.

"Medida antisindical"

Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos del Pit-Cnt, dijo que la decisión de las empresas "es una medida antisindical que en vez de mejorar la situación enlentece la negociación y dificulta los pocos avances que se habían registrado". "Esta actitud es una forma de generar violencia. Van a ser responsable de la situación", sostuvo.

Según Barbé, la colocación de un contenedor que es utilizado como oficina del sindicato en las cercanías del puerto de Capurro, que es cuestionada por los empresarios, se acordó con el gobierno anterior y explicó que "está para facilitar las reuniones y no como una forma de control".

La dirigente sindical analizó este viernes la situación creada con el ministro de Trabajo, Juan Castillo. "El conflicto se mantiene por las empresas que se niegan a incorporar un tripulante más pese a que se les ha planteado, con sustento jurídico, que es necesario", dijo.

"Incluso el Estado se ha ofrecido a afrontar el costo de ese tripulante. Ahora las empresas quieren incorporar personas que no están calificadas", agregó en alusión al llamado realizado por las compañías pesqueras a personal para embarcarse en los próximos días.

Seguro de paro especial

El senador colorado Robert Silva planteó que la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Senadores reciba el próximo martes a los empresarios de la pesca y al sindicato porque la situación "es muy preocupante y hay que colaborar para destrabarla".

Silva elevó un pedido de informes con destino a la Administración Nacional de Puertos para que se le aclare porqué se autorizó la instalación de un contenedor como oficina sindical en la entrada del puerto de Capurro.

"Curiosamente lo instaló el nuevo gobierno. Es un error que afecta la libertad de trabajo", sostuvo. Además, Silva envió una exposición escrita al Ministerio de Trabajo en la que pide la aprobación de un seguro de paro especial para los trabajadores de las fábricas procesadoras de pescado "que han quedado rehenes de esta situación", dijo el legislador.