Gobernar con visión

La educación superior es una de las herramientas más poderosas para el desarrollo sostenido de un país. Pero solo lo es cuando se gobierna con visión, con políticas que reconocen el papel estratégico de las universidades en la formación del capital humano, la creación de conocimiento y la innovación productiva. La agenda universitaria del nuevo gobierno uruguayo debe dejar de ser un capítulo subordinado en los planes sectoriales para transformarse en una política de Estado.

Muchos países que han logrado altos niveles de competitividad lo han hecho sobre la base de una educación superior moderna y alineada con sus desafíos nacionales. Adoptaron políticas sostenidas para atraer talento, facilitar la internacionalización, articular con el sector productivo y garantizar calidad con un énfasis particular en el desarrollo de postgrados. Uruguay tiene las condiciones para hacer lo mismo, pero necesita corregir disfuncionalidades persistentes.

Uno de los aspectos clave es abrir el país a la movilidad académica internacional. Hoy, atraer estudiantes y docentes extranjeros es una prioridad estratégica en países como Irlanda, Nueva Zelanda o Portugal, que han creado sistemas ágiles de visas para estudiantes y docentes extranjeros, reglas claras de residencia y trabajo posgraduación, y programas académicos en inglés. Uruguay, sin embargo, aún carece de una política activa de atracción de estudiantes, docentes e investigadores internacionales.

Las trabas administrativas para los programas de doble titulación con universidades extranjeras, la falta de información centralizada y la ausencia de una visa estudiantil, desalientan el ingreso de alumnos extranjeros. Si queremos que nuestras universidades participen de la circulación global del conocimiento, y fomentar el intercambio académico, científico y cultural, debemos tratarlas como plataformas de internacionalización.

Las universidades son parte integral de la estrategia de cualquier país para proyectar "soft power" porque los graduados se transforman en embajadores de las naciones en las que estudiaron.

Otro pilar indispensable es la reformulación del sistema de pasantías. En muchos países, como Canadá o Dinamarca, la experiencia práctica forma parte del currículum universitario. Las pasantías permiten a los estudiantes alternar semestres académicos con trabajo profesional supervisado. Estas experiencias, además de enriquecer la formación, aumentan la empleabilidad y vinculan a los estudiantes con su entorno productivo.

En Uruguay, el marco legal vigente para pasantías sigue siendo fragmentario, con limitaciones normativas desde el punto de vista de las leyes laborales y de la regulación universitaria y falta de incentivos efectivos para las empresas. Es necesario revisar y modernizar este marco, permitiendo que las pasantías sean parte integral de la formación universitaria.

El vínculo entre universidades y empresas también debe ser estrechado en otros aspectos. Países como Corea del Sur y Alemania han construido verdaderos ecosistemas de innovación donde la universidad es socia de la industria, no solo proveedora de recursos humanos sin que ninguna de las partes desdibuje su misión. Las empresas cofinancian investigaciones, ceden equipamiento, y sus técnicos colaboran como docentes o mentores. Uruguay necesita promover este tipo de colaboración.

En nuestro país subsiste una brecha cultural entre academia y mundo productivo. Es necesario crear marcos legales y financieros que estimulen la colaboración académica-empresarial, para proyectos conjuntos, pasantías, uso de equipamiento y esquemas de co-docencia.

Algunos primeros pasos limitados como la ley de donaciones a universidades propuesta por un gobierno del actual partido de gobierno, fue desmantelada unos pocos años después por otro gobierno del mismo partido con efectos muy perjudiciales para la producción científica y la innovación. Resolver este error autoinfligido sería sencillo y seguiría las recomendaciones de los organismos internacionales.

Quizás el problema más profundo de nuestro sistema universitario sea su fragmentación normativa. Hoy coexisten dos regímenes de autonomía universitaria: autonomía plena para las universidades públicas, y autonomía nula para las privadas. Esta dicotomía no tiene paralelo en otros países democráticos.

En Chile, Colombia o España, todas las universidades públicas o privadas, luego de un tiempo de funcionamiento, quedan sometidas a marcos regulatorios comunes que garantizan estándares de calidad, con altos grados de autonomía académica.

La asimetría normativa que rige en nuestro país no responde a objetivos académicos, sino a enfoques hipercontroladores innecesarios para universidades privadas que ya funcionan desde hace décadas. Avanzar hacia una convergencia regulatoria, sería más ajustado a la realidad internacional y facilitaría un funcionamiento más integrado y eficiente del sistema universitario.

Una de las principales consecuencias negativas es que la indispensable actualización constante de los planes de estudio de las carreras en las universidades privadas requiere trámites que la enlentecen dificultando la indispensable exigencia de que los alumnos reciban conocimientos actualizados y relevantes.

Lo que estas propuestas tienen en común no es su novedad ni su complejidad técnica, es su urgencia. No se trata de grandes inversiones, sino de decisiones políticas, de remover inercias institucionales y de construir una visión compartida de país. Uruguay ya ha demostrado su capacidad para innovar en educación como por ejemplo el Plan Ceibal.

Ahora necesita extender esa voluntad al sistema universitario. Gobernar con visión implica asumir que la educación universitaria no es terreno de disputa ideológica sino una infraestructura estratégica.