La promesa aplazada del bienestar

El presupuesto público es, en esencia, la forma concreta en que el Estado transforma derechos en realidades. Es la herramienta con la que se financia la educación de nuestros niños y niñas, la atención médica de nuestros mayores, el subsidio que evita que una familia caiga en la pobreza o la carretera que conecta una vereda con el mercado municipal. El Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 no es solo un ejercicio contable, es la manifestación más directa de cómo el Estado cumple -o incumple- su promesa de bienestar. El proyecto de PGN para el 2026 ascenderá a $ 556,9 billones, de los cuales $ 26,3 billones están desfinanciados. Esta cifra, más que una simple brecha entre menores ingresos y mayores gastos, es el síntoma de una enfermedad crónica: la desfinanciación estructural del presupuesto nacional. Colombia depende año tras año de reformas tributarias para cuadrar sus cuentas, revelando una base de ingresos inestable, insuficiente y vulnerable a los vaivenes políticos y económicos. Sin ingresos estructurales, progresivos y suficientes, la equidad no solo es inviable, es sobre todo insostenible. Para el 2026 el Gobierno proyecta una reducción del déficit fiscal (ingresos-gastos) del 7,1 % al 6,2 % del PIB, pero aun así la deuda neta seguirá creciendo, alcanzando el 63 % del PIB. Un nivel de endeudamiento donde cada punto de tasa de interés es una amenaza al margen fiscal, y cada desaceleración de la economía nos deja menos espacio para reaccionar, lo que convierte la estabilidad en una apuesta incierta. A este cuadro se suma un segundo desafío: la baja ejecución. A mitad de 2025, el presupuesto solo se ha ejecutado en un 40,5 % por debajo del promedio histórico de ejecución, y la inversión pública -la que transforma vidas y territorios- apenas alcanza un 24 %. En un país con alta desigualdad, informalidad laboral y un crecimiento económico moderado (3 % proyectado para 2026), un presupuesto no ejecutado no solo es ineficiente, es una promesa rota, una oportunidad perdida para cerrar brechas y activar el desarrollo. Y como si todo esto fuera poco, hay un tercer nudo que asfixia el bienestar: la fragmentación institucional. Por ejemplo, sectores claves como el de la salud y el de las pensiones operan con múltiples fuentes de financiación -PGN, SGP, parafiscales, fondos especiales, recursos territoriales-, cada una con sus reglas, controles y tiempos. Esta dispersión no solo diluye la planeación y limita la rendición de cuentas, sino que también compromete la eficiencia y calidad del gasto público. En salud, esta multiplicidad impide respuestas integrales a las necesidades estructurales del sistema; por ejemplo, a veces la Nación transfiere recursos a los territorios, pero sin coordinar con los departamentos las necesidades reales. En pensiones, los distintos sistemas y responsabilidades nacionales y municipales dificultan la trazabilidad de los recursos y opaca los compromisos fiscales futuros. Sin un esfuerzo serio por articular, simplificar y transparentar el origen y destino de los recursos, la responsabilidad del Estado se diluye en un laberinto institucional que atrasa la recepción de bienes y servicios por parte de los ciudadanos y disminuye el control social. Colombia necesita una conversación fiscal honesta, estructural y valiente. No basta con reducir el déficit en el papel o con aprobar nuevos impuestos con reformas tributarias anuales. El reto es construir una política fiscal sostenible, progresiva y transformadora. Una que entienda que cada peso no ejecutado, cada fondo disperso, y cada rubro desfinanciado, es mucho más que un error técnico: es una deuda social viva. El Presupuesto 2026 busca cumplir con las normas de priorizar el gasto social, proteger la inversión y atender el Plan Nacional de Desarrollo. Pero mientras persistan los tres males estructurales -la desfinanciación crónica, la baja ejecución y la fragmentación institucional-, el presupuesto seguirá siendo una promesa que llega tarde, a medias o nunca. Una promesa que solo aplaza el bienestar social.
Presupuesto 2026
Patricia Rincón