El gobierno apuesta a contactos con dirigentes de la oposición para avanzar en el Ministerio de Justicia

La creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es una de las prioridades que se trazó el gobierno de Yamandú Orsi en el primer año de su período, y en la que se trabaja intensamente en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, aún a sabiendas de que en la oposición surgieron varias voces críticas: la idea de base que se trata de una promesa de campaña no solo de la izquierda sino también del proyecto de la Coalición Republicana.

Lo que el gobierno no tenía claro, y fue objeto de reflexiones en la interna en los últimos meses, era si enviar la propuesta en la ley del presupuesto quinquenal que deberá ingresar al Parlamento antes de que termine en agosto, o si hacerlo en una norma "extra presupuestal", como ha ocurrido con la creación del Ministerio de Ambiente -se lo formuló en la Ley de Urgente Consideración (LUC) de 2020- o el Ministerio de Desarrollo Social en 2005, también con una ley de urgente consideración.

Al mismo tiempo, la voluntad de la Torre Ejecutiva, como informó El País semanas atrás, fue siempre procurar un espacio que no estuviera acotado para la negociación con los partidos, teniendo en cuenta que es un tema que se suponía que generaba consenso, pero cuya complejidad ameritaba dar lugar a una discusión incluso previa a que tome estado parlamentario donde para su aprobación se necesita mayoría simple. De hecho, fue parte de las conversaciones que el 17 de julio Orsi mantuvo con los líderes de todos los partidos en reuniones consecutivas en la Torre Ejecutiva, y en donde estuvo arriba de la mesa, como una opción, que la iniciativa se fuera construyendo "por etapas", y que algunas de ellas comenzaran con la ley del presupuesto quinquenal.


Rápidamente quedó claro que, pese a los programas de gobierno de todas las principales fuerzas políticas, de consenso no había nada. Y la decisión que tomó entonces el Poder Ejecutivo, tras analizar la posibilidad de enviar parcialmente alguna mención vinculada a este ministerio en la ley presupuestal, fue que el proyecto corra por un andarivel aparte, dijeron a El País fuentes de Presidencia.

El objetivo, si dan los plazos, es "ya este año" elevar la iniciativa al Parlamento. Mientras tanto, la cúpula de la Torre Ejecutiva profundiza "los contactos" con los dirigentes de la oposición que el gobierno identifica como "conceptualmente" de acuerdo con este ministerio, aunque "públicamente no lo van a decir para no tener líos internos", dijo a El País un integrante del Poder Ejecutivo.

Quien está a la cabeza del proyecto, y ha sido su principal vocero, el prosecretario Jorge Díaz, fue consultado días atrás sobre este plan y los tiempos que manejaba el gobierno para concretarlo. Luego de un seminario organizado específicamente para discutir el proyecto, en rueda de prensa el exfiscal de Corte dijo que había recomendado a Orsi que "no enviara en la ley de presupuesto la creación del ministerio, porque las leyes de presupuesto tienen procesos de discusión muy acotados, tiempos acotados y se discuten muchos temas". Agregó que el gobierno entendía que esta discusión requiere de una "maduración" y un debate sólido en el Parlamento, que en lo posible no esté atado "al cumplimiento de determinados plazos".

Críticas contra la creación de un nuevo ministerio

Aunque por lo bajo haya intercambios, con los micrófonos encendidos no han faltado críticas contra esta iniciativa que forma parte de las 63 medidas prioritarias definidas por Orsi junto con su gabinete.

En el Partido Nacional, cuyos principales dirigentes salieron a plantarse en la vereda opuesta, tal vez el más duro haya sido el exministro de Defensa Javier García, que ha sostenido desde mediados de junio que la propuesta no daba "garantías" por los "antecedentes" que había mostrado el Frente Amplio y el propio Díaz durante su gestión al frente de la Fiscalía entre 2012 y 2022.

Crear ahora un Ministerio de Justicia, dijo a El País, "es seguir el camino contrario a la República, porque el objetivo es someter al Poder Judicial, concretamente a los jueces, al Poder Ejecutivo". Recordó que hubo una cartera con ese nombre durante la dictadura militar y que buscó justamente lo anterior, con lo que esta propuesta "va en contra del corazón de la República", de manera que "no" visualiza margen para sentarse a conversar con el Ejecutivo.

En el Partido Colorado se manifestaron en contra sus dos referentes: el secretario general de la fuerza política, Andrés Ojeda, y el senador Pedro Bordaberry. El primero usó la misma palabra que García -dijo que no había "garantías" de un funcionamiento objetivo-, pese a reconocer la "utilidad" de la herramienta; y el segundo ha hablado del "error" que implicaría no cuidar la "separación de poderes", lo que ha ocurrido en Argentina y otros países donde su sistema de justicia tiene serias deficiencias.

El margen o las "chances" de negociación que se entiende que hay de abrir el diálogo con el gobierno sobre este tema es "cero", afirmó a El País un integrante de la cúpula dirigencial de los colorados.

En el Partido Independiente no se tiene una postura tan enfática en contra, pero su líder, Pablo Mieres y el diputado Gerardo Sotelo indicaron a El País que, dada "la actual coyuntura política" y cierto "temor" que apuntan a "cómo se manejaría el ministerio", están en contra, pese a que, sobre el fondo del asunto, no tienen reparos -aunque sí preocupación, al decir de Mieres, de que el bloqueo con este tema "tranque" otra discusión a su juicio igual o más importante: la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación-.

Por otra parte, Cabildo Abierto, pese a que su líder, Guido Manini Ríos, dijo de forma escueta que su fuerza política está en contra, la postura que se adoptará en el Parlamento no está determinada. El argumento es que no se conocen los detalles de la propuesta. "Hasta ahora lo que tenemos es un título; no sabemos qué hay detrás y si, por ejemplo, va a abarcar la gestión de las cárceles", dijo Álvaro Perrone, uno de los dos diputados de este partido. "Uno no se puede cerrar a nada sin ver de qué se trata", concluyó.

Jorge Díaz: puntos claves y tareas del organismo Ministerio de Justicia

De crearse el Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo contaría con un "organismo especializado" que estaría a cargo del "análisis permanente" y de un "monitoreo del funcionamiento del sistema" de justicia que hoy no existe, además de que sería el actor que enviaría al Parlamento los proyectos de ley que busquen reformas vinculadas al Poder Judicial o la Fiscalía, detalló Jorge Díaz el 31 de julio, luego de hacer una exposición en el seminario internacional de la Universidad de la Empresa que llevó por nombre La Creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Uruguay.

Pero además, siguió el prosecretario de Presidencia consultado en rueda de prensa, el ministerio tendría a su cargo la defensa legal del Uruguay al reunir a la "abogacía del Estado", tanto para enfrentar arbitrajes en tribunales internacionales como "juicios nacionales que muchas veces tienen impacto y una gravedad muy importante". El nuevo ministerio tendría por rol, así, "apoyar estratégicamente" todos los servicios jurídicos del Estado.

"El tercer factor -dijo Díaz- tiene que ver específicamente con el acceso a la justicia. Tenemos un país que está lleno de abogados que no tienen clientes y tenemos muchas personas que no tienen abogados. Está claro que ese encuentro no lo resuelve el mercado; el Estado tiene necesariamente que contribuir a que eso suceda y garantizar a sus ciudadanos el acceso a la justicia y el poder hacer valer sus derechos".

Díaz también se refirió a la gestión del sistema carcelario, otra tarea fundamental que absorbería esta cartera, para alivianarle el trabajo al Ministerio del Interior.

Lo esencial, concluyó, y entró aquí a responder a algunos de los cuestionamientos de la oposición, es que este eventual ministerio estaría "ajustado al modelo constitucional uruguayo". Es decir, "no se toca" ninguna "función jurisdiccional" que la Constitución dictó a diversos órdenes, como el Poder Judicial o el Tribuna de lo Contencioso Administrativo.