Gobierno presentó una propuesta para destrabar el conflicto y la Cámara Empresarial no aceptó porque retenían a los barcos pesqueros; "dimos el conflicto por terminado", dijo Riva-Zucchelli.
Los empresarios pesqueros esperan que en una semana estén listos los primeros barcos que zarparán con marineros con libretas de embarque que forman parte del llamado de la Cámaras de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), una decisión que buscó evitar las trabas impuestas por el sindicato en el marco de un conflicto que lleva unos 80 días. En el llamado se presentaron 6.000 aspirantes.
Un barco pesquero de altura necesita entre 24 y 48 horas para estar listo para zarpar a mar abierto, mientras que un buque costero precisa solo un día. Las zafras de pesca duran de tres a cinco jornadas y luego los barcos regresan a puerto. Entre la descarga y el apronte para volver a partir, demoran 48 horas.
Los 15 pesqueros de altura que se encuentran en el puerto Capurro precisarán unos 375 marineros, un promedio de 25 tripulantes por barco. Mientras que los 28 barcos pesqueros necesitarán unos 140 marineros en total. Cada uno de esos barcos requiere cinco tripulantes porque son mas chico que los barcos de altura.
Cuando los barcos comiencen a alistarse, los empresarios reclamarán al gobierno que haya seguridad en el puerto pesquero Capurro para evitar conflictos con el sindicato, luego de que en las redes sociales surgieran amenazas contra los "rompehuelgas".
De los 6.000 interesados en la oferta empresarial de recibir ingresos de $ 10.000 pesos diarios, se encuentran trabajadores que ya integran las empresas el 90% de ellos renunció hace dos meses en el inicio del conflicto para poder subsistir con las liquidaciones realizadas por las compañías y, además, hay una enorme cantidad de aspirantes que no tienen ninguna experiencia para trabajar embarcado.
También hay algunas decenas entre quienes se inscribieron con experiencia en la pesca pero que no tienen libretas para embarcarse.
Para poder procesar los miles de formularios llenados por los interesados en trabajar en la pesca, la CIPU contrató a una consultora, que en las próximas semanas clasificará ese personal y luego comenzaran las capacitaciones.
"Ya recibimos más de 6.000 inscritos. No hemos hablando todavía con nadie. El llamado nuestro ha tenido gran repercusión. Hay gran nerviosismo; sabemos que la idea no le gustó al sindicato, a dirigentes del Pit-Cnt ni al Ministerio de Trabajo. Señalan que ello genera retroceso en las negociaciones. Lo que se quiere es que le demos todo al sindicato", dijo a El País el presidente de la CIPU, Juan Riva-Zucchelli.
Aclaró que el llamado no busca romper al gremio sino mantener la actividad pesquera. "Dimos el conflicto por terminado. Acá (en listado) hay trabajadores que tienen libreta para embarcarse pero que no se animan a subirse al barco por temor al sindicato. Ahora se van animar porque la Cámara los ampara", expresó.
El viernes 8, el Poder Ejecutivo presentó una propuesta a la gremial de empresarios con el objetivo de destrabar el conflicto. La iniciativa incluía la contratación de un marinero adicional que cumpla tareas de guardia cuando el capitán descansa. En la negociación, el sindicato pesquero solo dejaba partir a los barcos de altura pero no a los costeros.
Según Riva-Zucchelli, la Cámara de Industrias Pesqueras rechazó la propuesta porque se pretende negociar con barcos sin trabajar.
Con respecto a las zarpadas de barcos pesqueros que comenzaran en pocos días, la gremial dejó en libertad a las empresas. "Aquellos barcos que tengan tripulación podrán salir a pescar. Los otros barcos irán completando su tripulación y también zarparán. Todo el proceso demorará lo mínimo dos semanas", expresó.
Riva-Zucchelli afirmó que se tratará de capacitar al máximo posible de interesados porque si llegan nuevos barcos al país, ya hay tripulantes preparados para salir a pescar.
El conflicto comenzó el 27 de mayo. Pese a tener convenio vigente, el sindicato pesquero reclamó que los 28 pesqueros costeros contraten a otro tripulante para que realice las guardias en el puente mientras el capitán descansa. Luego el gremio paró a todos los barcos costeros.
Los empresarios rechazaron el planteo porque incrementaba según ellos los costos operativos y porque había un convenio vigente firmado en 2024 que no estipulaba dicha contratación.
Poco después, el sindicato pesquero redobló la apuesta. Detuvo las actividades de los 15 buques llamados de altura o congeladores procesan el pescado en alta mar y tienen al menos dos tripulantes que quedan de guardia en el puente de mando cuando el capitán descansa.
A partir de ahí el conflicto se radicalizó y las negociaciones no avanzaron.
Hechos violentos
Por su parte, el secretario general del Pit-Cnt, Jose Lorenzo López, dijo a El País que "es una locura que se permita embarcar a personas sin capacitación" y que el gobierno debería considerar el retiro de los permisos de pesca a las empresas. "Se puede dar una situación compleja con hechos de violencia", advirtió.
"Establecer un llamado para gente que no tenga preparación es como echar querosén al fuego", advirtió López.
También Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos del Pit-Cnt, afirmó que "se pueden generar hechos bastante complicados" y aseguró que las empresas no aceptaron una propuesta del gobierno presentada a fines de la semana pasada que hubiese supuesto que volviese a navegar toda la flota (buques de altura y de costa).
A cambio el sindicato pedía una negociación para reorganizar los descansos en los buques que capturan corvina cerca de la costa.
"La Prefectura no debería permitir que embarcase gente sin capacitación. Manejan máquinas, lingas...., hay mucho en juego", sostuvo.
Por su parte, los trabajadores que trabajan en cinco plantas procesadoras de pescado conformaron un nuevo sindicato (la Organización de Trabajadores de la Industria Pesquera del Uruguay) y esperan volver a trabajar una semana después de que la flota se haga finalmente a la mar.
En estas empresas trabajan alrededor de 600 personas que pueden llegar a 900 en momento de zafra y se sienten "rehenes" de la situación porque hace dos meses que no pueden trabajar con normalidad, dijo a El País la dirigente de este grupo, Silvana Lazo.
En un volante que entregó frente a Torre Ejecutiva, el nuevo sindicato señaló que están "más de 60 días en la sombra, sin trabajar, sin ingresos, sin respuestas, sin seguro".