El juicio que casi no se hace y que busca determinar si el exdirector de la Guardia Republicana delinquió

El exdirector de la Guardia Republicana Rovert Yroa compró un arma que fue traída del exterior en una importación del Ministerio del Interior y ocho años después quiso venderla o cederla a un coleccionista. Eso ni la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos ni los abogados de Yroa lo discuten. Lo que sí se debate en el juicio que comenzó este martes y que encabeza Mercedes Reyes es si, en ese proceso, se cometió un delito.

Este debate se extiende desde la investigación preliminar, a tal punto que el Tribunal de Apelaciones determinó que el juicio no debía hacerse porque al momento de los hechos, lo que hizo Yroa no era un crimen, pero la Suprema Corte de Justicia revirtió la decisión.

El fiscal de Delitos Económicos Gilberto Rodríguez pidió que se lo condenara a 18 meses de cárcel por el delito de tráfico de armas. Considera que el crimen ocurrió en 2016, cuando cedió el arma. Pero todo empezó mucho antes.

En 2007, Yroa formaba parte de una comisión que asesoraba al Ministerio del Interior respecto de qué armas adquirir. En ese contexto, se resolvió recomendar la compra de tres rifles especiales para uso de francotirador. Por ser armas tan poderosas y especiales, podían únicamente ser compradas por el Estado y por coleccionistas. En el primer caso, debían adquirirse en el formato de compra secreta, lo que significaba que se necesitaba el aval y la firma del presidente de la República.

Pese al asesoramiento de la comisión, el Poder Ejecutivo consideró que solo había rubro para comprar dos armas. En ese momento, sostuvo la Fiscalía, Yroa se contactó con el importador y le pidió que agregara un tercer rifle marca Steyr Mannlincher calibre 25. Pagó su precio, unos 1700 euros, y se le fue entregado. Pero según el Ministerio Público, la factura fue hecha a nombre del Ministerio del Interior y el arma, en los registros, nunca dejó de pertenecer al Estado.

Esto configuraba a juicio de la Fiscalía un delito de abuso de funciones, pero cuando la denuncia fue presentada por Interior en el año 2020, ya estaba prescripto hacía tres años.

Sin embargo, indicó el fiscal Rodríguez, Yroa en 2016 cometió otro delito, que es por el que lo llevó a juicio: tráfico interno de armas. Este crimen lo comete el que adquiera, arriende, distribuya o venda armas de fuego "sin autorización o contraviniendo las normas legales". De acuerdo a la teoría del fiscal, en el caso de Yroa no tenía autorización y, además, contravino las normas legales.

Esto debido a que en el año mencionado le pretendió vender el rifle, que a juicio del fiscal era del Ministerio del Interior, a un coleccionista. Cuando el comprador fue a inscribirla al Servicio de Material y Armamento (SMA) no pudo hacerlo. Esto, insistió la Fiscalía, demuestra que Yroa no tenía la autorización para transferirla, porque no era suya.


Además, la Fiscalía entiende que también se vulneró la segunda opción que da el artículo. Es decir, que se contravinieron las normas legales. Considera que en el momento en el que ocurrió el hecho (agosto 2016), estaba vigente un decreto de ley del año 1943 que establecía que "toda operación de venta, traspaso o cesión entre particulares o entre particulares y firmas comerciales dará lugar a la intervención previa del SMA".

En este caso no la hubo. "Si yo entrego el arma a un particular y ese particular la trafica, comete un femicidio, comete un homicidio, comete un tráfico de armas, sigue contrabando, lo que fuera, el SMA nunca se va a enterar, porque nunca existió esa transferencia", explicó el fiscal.

La defensa de Yroa, llevada adelante por Juan Fagúndez y Pablo Vera, sostiene que el delito que se le imputa a su cliente, al momento de ocurridos los hechos, no era delito. Aunque la ley en cuestión fue publicada en 2014, tomó sentido con su reglamentación que fue dada por el decreto 377/2016, que recién fue promulgado en diciembre de 2016 (cuatro meses después de la cesión del arma).

En la exposición de motivos de la ley se establece que en ella "se prevén situaciones y figuras penales que no se encontraban reguladas en nuestro derecho hasta el momento, las que requieren una clara y detallada reglamentación para dar las mayores garantías".

Además, indicó Vera, la propia página web del Ministerio de Defensa indica que las armas que no están regularizadas deben presentarse para inspección por quien quiera regularizarla, sin importar a nombre de quién esté.

Yroa tuvo varios puestos jerárquicos en el Ministerio del Interior, entre ellos fue jefe de Policía de Colonia y director de la Guardia Republicana. Ambos cargos los ostentó luego de los hechos que serán juzgados.