Ojo con las fronteras

La situación en varias de las zonas fronterizas más importantes de Colombia está crítica. A la tensión diplomática con Perú desatada por la isla de Santa Rosa en el río Amazonas se le suman los anuncios de una ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’ entre Colombia y Venezuela, la problemática migratoria con Panamá y el avance del crimen organizado en la frontera colombo-ecuatoriana. La pregunta que surge es qué tan preparado está el Ministerio de Relaciones Exteriores para el abordaje de una política coherente de fronteras. La crisis con Perú fue disparada por Colombia al reaccionar a una legislación del vecino país que oficializa la creación de un distrito en la isla de Santa Rosa, formada en el río Amazonas entre ambos países. Hace pocos días, el presidente de la República, Gustavo Petro, acusó a Perú de apropiarse de este territorio que no estaría asignado a ninguna de las dos naciones. El problema se agrava con el hecho de que los cambios de cauce del río Amazonas y los depósitos de sedimentos, que crean estas islas, amenazan con dejar a Leticia sin acceso a esa vía fluvial. Detrás del interés coyuntural del Gobierno se esconde un abandono sistemático del Estado colombiano a esta situación, que ha sido constantemente ignorada por las administraciones en Bogotá. El pulso con Lima viene subiendo de tono, empeorado por acciones irresponsables como el plantar una bandera colombiana en el territorio en disputa. Si bien, en septiembre próximo, se reunirá la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera (Comperif), no hay claridad que Colombia llegue a esa instancia con una hoja de ruta clara y definida para reafirmar la soberanía y corregir décadas de desinterés y falta de acciones. Si en Leticia la cuestión es de ausencia de determinación, en Norte de Santander en exceso de la misma. Los recientes anuncios por los gobiernos Petro y Maduro de una futura Zona Económica Binacional entre Colombia y Venezuela han despertado críticas ante el desconocimiento generalizado de los detalles de la propuesta. Del lado colombiano, los sectores empresariales, las administraciones locales y las comunidades fronterizas no se sintieron consultadas sobre la iniciativa y reclaman reglas claras, más socialización y entendimiento de los alcances. Estos reclamos regionales no son gratuitos. La ‘Zona de Paz, Unión y Desarrollo’ entre La Guajira, Norte de Santander, Zulia y Táchira, conforma hoy un corredor estratégico donde sigue la consolidación de economías ilegales, la operación de múltiples grupos al margen de la ley y crisis humanitarias como la del Catatumbo. No se trata de estar en contra de una integración económica y cultural entre ambas fronteras, sino de construir un espacio binacional que cuenta con la suficiencia fortaleza institucional, mecanismos de seguridad y legitimidad local para apalancar el desarrollo regional. Desafortunadamente, el gobierno Petro luce más preocupado por alinearse con el régimen de Nicolas Maduro, que recientemente cumplió un año de haber desconocido los legítimos resultados de las elecciones. Aunque el primer mandatario colombiano se echó para atrás, no se olvidan fácilmente las declaraciones de Petro a favor de unir a los ejércitos de Colombia y Venezuela para defender a la dictadura de Maduro, hoy en la mira de EE. UU. Lo anterior se presenta en momentos en que la diplomacia colombiana atraviesa por un momento de debilidad técnica, de desarticulación y sesgos ideológicos. Estas múltiples crisis requieren de preparación de equipos técnicos, jurídicos y diplomáticos que defiendan las fronteras con una política de Estado.