Orsi se involucró en la búsqueda de una salida al conflicto que dejó US$ 50 millones de pérdidas en la pesca

El propio presidente de la República, Yamandú Orsi, se involucró en la búsqueda de una solución al prolongado conflicto pesquero. Orsi y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, se reunieron este jueves con el presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros, Juan Riva Zuchelli y un asesor, según supo El País, y les dejaron en claro la gran preocupación que hay en el gobierno por lo prolongado del conflicto y por su gran impacto en el empleo. A esta altura, se calcula la disputa ha generado pérdidas por US$ 50 millones.

La situación parece estar en un "impasse". Si bien el sindicato de los trabajadores del mar (Suntma) aprobó en la sede del Sindicato de Artes Gráficas el jueves por unanimidad una fórmula elaborada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para destrabar el conflicto, fuentes del sector empresarial dijeron a El País que los armadores no recibieron ninguna propuesta por escrito. Lo que sí recibieron fue un correo electrónico de la Dirección de Trabajo del ministerio notificándoles que la asamblea sindical había aprobado la propuesta del gobierno. Sin embargo, fuentes sindicales dijeron a El País que sí se les envió formalmente la propuesta a las empresas desde el MTSS. De todas maneras, las empresas están muy renuentes a darle el visto bueno.

El enojo en el sector empresarial deriva de los enormes perjuicios económicos derivados de la situación. Las empresas propietarias de buques de "altura" (que pescan merluza lejos de la costa) perdieron entre US$ 2 y 3 millones en julio, cuando hubiesen debido estar en plena zafra. Estos buques debieron regresar a puerto, a pocos días de zarpar, una vez que comenzó el conflicto que, en realidad, se vinculaba a la problemática de la flota costera (a la que el sindicato reclamaba incorporar un tripulante adicional). Para salir a navegar cada barco de altura carga US$ 400.000 en combustible. Además, cuando la flota volvió, se debió tirar comida fresca. Todo esto genera una gran molestia. "Alguien tiene que pagar los platos rotos", dijo un empresario.



Las empresas siguen adelante con su idea de hacer a la mar al menos a algunos barcos en la próxima semana. Hicieron un llamado a interesados en embarcarse y se presentaron más de 9.000 personas, de las cuales 400 tienen la denominada libreta de embarque.

La empresa española Belnova hace pesca de altura y tiene dos embarcaciones, el Río Solís II y el Río Solís IV. Su situación motivó que la embajada de España en Uruguay hiciera saber de su gran preocupación por la situación al gobierno de Orsi. La empresa ha perdido millones de dólares por el conflicto. Tiene 230 empleados y colgó en su buque Río Solís IV, una especie de pancarta en la que se lee "somos rehenes del Suntma y de un gobierno que le da la espalda al sector pesquero". Este buque fue completamente reconstruido en 2024, y fue equipado con tecnología de vanguardia diseñada para optimizar sus operaciones pesqueras y los estándares de higiene vigentes.

Para hacer lo que se denomina "alistar" un buque de altura (embarcar el combustible, la comida, las cajas para el pesado) se requieren al menos US$ 500.000. Los viajes de estas embarcaciones pueden durar hasta 30 días.

Crítica a la patronal

En el oficialismo hay duras críticas a la actitud de las empresa. El diputado del Movimiento de Participación Popular Gabriel Otero dijo a El País que el llamado que hicieron las empresas armadores a personas que quieran embarcar "es una medida antisindical" y que "han mostrado desprecio a la dirigencia sindical actual". A su juicio, se está convocando a personal "para tareas específicas y es una actitud bastante inconsciente". "¿ De verdad van a salir a navegar?", se preguntó. Otero dijo que el MTSS y los legisladores del gobierno "van a exigir" a la Prefectura Nacional Naval que tome cartas en el asunto para que no se embarque quien no esté debidamente capacitado. Para Otero, "es casi la militarización de la pesca" y las empresas han dado pasos "que salen de cualquier lógica" y generan una situación "insólita". "Es grave lo de cámara", señaló. Criticó también a la patronal por haber manifestado su interés en que cambie la dirigencia del sindicato.




Otero sostuvo que la actitud del sindicato es "seguir negociando mientras se trabaja" y aseguró que el convenio bipartito que habían firmado con las empresas no incluía una cláusula de paz.

Consultado respecto a si sindicato no se excedió al extender el conflicto a los buques "de altura" que navegan fuera de la costa que cumplían con los reclamos del sindicato respecto a la cantidad de personal embarcado, Otero dijo que "es posible que se esté haciendo una autocrítica".

Al 14 de agosto había 53 permisos de pesca comerciales industriales concedidos por la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos que corresponden a otras tantas embarcaciones, de las cuales solamente nueve estaban vigentes. Únicamente la firma Bodasur S.A tiene tres buques. El resto de las firmas son propietarias de dos o uno. De los 53 permisos, 28 corresponden a embarcaciones que capturan corvina cerca de la costa.

El Pit-Cnt denunció en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, a través de su secretaria de Conflictos, Nathalie Barbé, que las empresas armadoras adeudan a su personal aguinaldos.

La fórmula aprobada por unanimidad en la asamblea sindical establece que las empresas deberán saldar todos los adeudos salariales pendientes "con al menos 24 horas de antelación al zarpe", informó Montevideo Portal.

El sindicato dejó, al menos de forma transitoria, su reivindicación de que los buques que navegan cerca de la costa incorporen otro patrón de pesca y aceptan que el descanso de ese trabajador lo cubra en el timón un marinero con experiencia que deberá recibir una compensación extra. El pago por esa tarea sería subsidiado por el Estado.

La propuesta que el sindicato hizo suya implica la instalación de una mesa multisectorial "con agenda escalonada".

Se determinan allí tres objetivos para esta instancia de negociación: a corto plazo "abordar guardias, período de carencias y cumplimiento del convenio colectivo", a mediano plazo realizar una evaluación conjunta del Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo, y a largo plazo hacer una "elaboración participativa de un Plan Nacional Pesquero".