ASSE, una historia de presidentes que caen en medio de escándalos

La historia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) está atada al escándalo. Desde su fundación, en 2007, sus autoridades se han visto cuestionadas por opositores, pero también por algunos integrantes de sus propias fuerzas políticas. Conflicto de intereses, desvío de dineros públicos, déficits graves en la atención y contrataciones irregulares son algunos de los males que se han puesto sobre la mesa a la hora de criticar a la gran mayoría de los presidentes que tuvo el organismo rector de los hospitales públicos de todo el país, que maneja un presupuesto millonario para sus más de 900 unidades ejecutoras y que, a marzo de 2025, brindaba atención a 1.480.135 usuarios.

En 1889 fue cuando se creó la Comisión de Caridad y Beneficencia Pública, que tendría a su cargo a todos los hospitales públicos. Su nombre iría mutando hasta que en el gobierno de Gabriel Terra, en 1934, se creara el Ministerio de Salud Pública (MSP) y este absorbiera la administración de los centros. En 1987, con el retorno de la democracia y durante el primer gobierno del colorado Julio María Sanguinetti, nació ASSE, pero todavía como un organismo que se regía bajo la tutela del MSP. Esto se modificaría recién en 2007, con la llegada del Frente Amplio al poder. Ese año Tabaré Vázquez lideró la reforma de la salud y ASSE pasó a ser un organismo descentralizado.

El primer presidente de ASSE tras la reforma fue Baltasar Aguilar. Militante socialista, había sido candidato a la intendencia de San José y un destacado dirigente de la Federación Médica del Interior (FEMI). En realidad ya se venía desempeñando en el cargo desde antes, cuando la institución funcionaba bajo la órbita del MSP. Su nombramiento no fue cuestionado enseguida desde el Frente Amplio, aunque sí lo fueron las dos personas que lo acompañaron en la dirección, ambos provenientes el Partido Colorado: Martín Desarkisián y Daniel Gestido. El segundo, nieto del expresidente Oscar Gestido (marzo 1967-diciembre 1967), de profesión contador, incluso era parte del staff del Centro de Oncología y Radioterapia, la clínica fundada por el fallecido exmandatario.




Aguilar fue destituido al poco tiempo, en 2008. Se descubrió que era socio de la mutualista Asociación Médica de San José, y que además atendía en policlínica, algo incompatible con el cargo -una situación similar a la que atraviesa por estas horas Álvaro Danza, actual presidente de ASSE. Fue la por entonces ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, quien lo instó a elegir entre la actividad pública o la privada. Optó por lo segundo. Aguilar había ocultado esta información en su currículum.

El sucesor de Aguilar fue Félix González, que formaba parte del Nuevo Espacio de Rafael Michelini (que ya integraba el Frente Amplio), y que hasta ese entonces se desempeñaba como director de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Fue secundado por Desarkisián y Gestido, que fueron confirmados en sus cargos. Logró terminar el período, pero en marzo de 2010, con la llegada de José Mujica al poder, ASSE pasó a manos de Mario Córdoba.

El estilo distinto, campechano, impredecible, que supo tener hasta sus últimos días Mujica, era -queriéndolo o no- emulado por Córdoba. Oriundo de Paysandú y cercano al MPP, había sido bautizado por el exmandatario como "el poeta de la medicina"; además, decía de él que poseía las cualidades de Don Quijote de la Mancha, porque en un mundo "prosaico y mercantilista" era un individuo "distinto y admirable". Pero tan quijotescas eran sus actitudes, tan diferente a todo era Córdoba, que la relación se desgastó velozmente. Mujica le pidió la renuncia a mediados de 2011, luego que le solicitara $ 2.400 millones para crear más de 1.000 nuevos cargos.

La sucesora de Córdoba fue la hasta entonces directora del Pereira Rossell, Beatriz Silva, quien llegó al cargo con la idea de ponerle coto a la pata sindical, que había conseguido, entre otras cosas, el recambio de los directores de varios hospitales del país.

La institución estaba en medio de una puja política en la que Alfredo Silva, director por los trabajadores e histórico líder de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), era el encargado de dividir las aguas. Esta situación, incluso, llevó a Mujica a intentar incidir en el organismo, destituyendo al entonces vicepresidente, Ángel Peñaloza, y nombrando en su lugar a Eduardo González, del MPP, algo que finalmente no sucedió ante la amenaza de Beatriz Silva de presentar su renuncia. La jerarca entendía que Peñaloza era un buen aliado para ponerle freno a Alfredo Silva. Finalmente se llegó a un camino intermedio: el cargo de vicepresidente quedó en manos del médico Enrique Soto, en quien la presidenta confiaba.

Pero Beatriz Silva no logró poner límites a los sindicalistas. Aunque pudo mantenerse en el cargo hasta finalizar el gobierno de Mujica, en 2015, su paso por ASSE estuvo marcado por la contratación irregular de empresas de limpieza - lo que terminó con la destitución de Alfredo Silva por "falta administrativa grave", en el marco de una maniobra de sobrefactuaciones llevada a cabo a través de la empresa Buena Estrella, que se encargaba de la limpieza del Hospital Maciel- y por el feroz ataque de una jauría de perros a un paciente de las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, lo que le ocasionó la muerte y dejó al desnudo la deficiente atención de quienes padecían problemas de salud mental.

No obstante, ella consiguió mantenerse en el cargo hasta culminar la administración Mujica. E, incluso, Vázquez la tuvo en cuenta para un cargo de confianza en su segundo gobierno, que inició en marzo de 2015. Fue designada al frente de la Dirección General de Secretaría de la cartera de Salud Pública, pero no llegó a asumir. El entonces mandatario dio marcha atrás luego que Silva intentara llevarse a seis adjuntas, que trabajaban con ella en ASSE, a su nueva oficina del MSP, dándoles cargos de dirección para que pudieran mantener el mismo sueldo. Un día después de que El País hiciera pública la información de que finalmente no iba a asumir, a fines de marzo de 2015, Silva tuvo que ir a declarar por el ataque de la jauría de perros; tiempo después también debió hacerlo, en calidad de testigo, ante Crimen Organizado, por la sobrefacturación de Buena Estrella.

ASSE quedó, entonces, en manos de la comunista Susana Muñiz, que había sido ministra de Salud Pública durante el gobierno de Mujica. Su gestión también estuvo marcada por la polémica: directores de hospitales que contrataban a sus propias empresas tercerizadas de ambulancias y limpieza, gastos excesivos en publicidad en centros de salud del interior, violaciones a los derechos humanos en las colonias psiquiátricas Etchepare y Santín Carlos Rossi, el horror del hospital Saint Bois donde unos 200 niños recibieron un fármaco para adultos en lugar del que les correspondía, hospitales sin farmacias habilitadas y centros enteros sin el aval de bomberos, entre otras irregularidades, las que motivaron la apertura de una investigadora parlamentaria pedida por Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular, y respaldada por toda la oposición.

El más escandaloso de los casos fue, sin duda, el del Hospital de Bella Unión, donde una empresa regenteada por, entre otros, el entonces director del Pereira Rossell, Federico Eguren, vendía servicios de ambulancias al centro de salud. Después vino la caída del director del Hospital de Rivera, Andrés Toriani, que había usado fondos destinados a "estudios médicos" para pagar salarios. Tanto Eguren como Toriani contaron, en un principio, con el apoyo de Muñiz. Tras su destitución, en febrero de 2018, volvió por un tiempo a la atención de pacientes. Hoy ocupa la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad del Mides.

Luego de Muñiz asumió el último presidente de ASSE de los 15 años de gobiernos progresistas: el exintendente canario Marcos Carámbula, que logró sobrevivir en el cargo sin grandes sobresaltos. Cuando llegó el gobierno de Luis Lacalle Pou fueron varios los nombres que se manejaron para ocupar la presidencia del organismo rector de los hospitales públicos. Uno de ellos fue el de Walter Pereyra, director general del Hospital Británico. Sin embargo, quien terminó aceptando el cargo fue Leonardo Cipriani, cuya gestión también es fuertemente cuestionada desde filas opositoras.

Se lo cuestiona por, entre otras cosas, la compra por $ 530 millones en servicios de ambulancias a la firma privada ITHG, de servicios marítimos, y por la falta de medicamentos en hospitales públicos. En las últimas horas, además, se lo ha criticado, desde filas del propio Partido Nacional, por su vuelta a la actividad privada. Fue el senador Sergio Botana el que señaló que Cipriani era "doblemente desprolijo", por pasar a trabajar en una mutualista y por hacerlo en la misma que había gerenciado antes de su nombramiento al frente de ASSE, el Círculo Católico. El nacionalista alertó por la existencia de un "conflicto de intereses", al señalar que la institución se había visto beneficiada con la adquisición de un "nuevo sanatorio", en referencia a la sede de la ex Casa de Galicia, y también con la compra de servicios por parte de ASSE, cuando él estaba al mando.

Con Álvaro Danza -que ya había sido cuestionado por irse de licencia en medio de la ola de frío y que hasta ahora fue respaldado por el gobierno luego de que se supiera que mantenía cargos en la Asociación Española y Médica Uruguay- se abre un nuevo escándalo alrededor de un director de ASSE.