Trampolín laboral

La renuncia del abogado Pablo Zenteno a la Dirección del Trabajo (DT) para postularse a diputado por el Partido Comunista (distrito 4, en Atacama) evidencia un riesgo institucional que trasciende su caso particular: la politización de cargos que, por la naturaleza de sus funciones, deberían ser eminentemente técnicos, como lo mandata la ley.
En efecto, la Dirección del Trabajo, dependiente de la cartera del mismo nombre, no es un organismo administrativo más. Junto con sus funciones fiscalizadoras, corresponde a su director nada menos que fijar la interpretación de la legislación laboral, con carácter vinculante para empleadores y trabajadores. De este modo, sus dictámenes tienen un alcance determinante para el desarrollo de las relaciones laborales, el adecuado resguardo de los derechos de las partes involucradas y, en general, el funcionamiento del mercado laboral. Se trata, pues, de un decisor de alto impacto, por lo que su independencia y solidez jurídica resultan esenciales para garantizar confianza y equidad a los distintos actores.
Precisamente por esas consideraciones, resulta obvio que una jefatura como esta se encuentre adscrita al sistema de Alta Dirección Pública. El Presidente Boric, sin embargo, optó en el caso de Zenteno por utilizar las facultades que le concede la ley para nombrar discrecionalmente a doce cargos ADP -las llamadas "12 balas de plata"-. De este modo, el profesional -militante y actualmente miembro del comité central del PC- fue designado directamente y sin concurso alguno, consolidando una suerte de hegemonía comunista en el Ministerio del Trabajo, encabezado entonces por la ahora candidata Jeannette Jara.
La gestión de Zenteno y la forma en que ahora ha renunciado no han hecho más que confirmar las aprensiones que en su momento generó la nominación. Durante su mandato, emitió controvertidas interpretaciones de la legislación laboral en materias como la implementación de la Ley de las 40 horas o la definición de los servicios mínimos en el proceso de negociación colectiva, modificando la jurisprudencia sostenida por la DT durante casi una década. En materia de fiscalización, en tanto, su período tampoco estuvo exento de polémicas, con el caso de la farmacia obligada por la DT a suspender su funcionamiento luego de haber sido asaltada como ejemplo emblemático. El hecho de que ahora haya dejado anticipadamente su cargo para competir como candidato a diputado no solo es indicativo de sus prioridades, sino que parece dar la razón a las críticas que sus actuaciones merecieron, en cuanto a haber privilegiado una agenda política, marcada por su posición ideológica.
El caso enciende así una compleja alerta institucional: si cargos de esta relevancia, cuya tarea es fijar la interpretación de la ley, se designan y son ejercidos según criterios partidistas, se compromete la percepción de equidad de trabajadores y empleadores y se erosiona la confianza ciudadana. Al respecto, parecería inverosímil, por ejemplo, que un director de Impuestos Internos renunciara a su puesto para postularse a la Cámara o el Senado. El mismo criterio debiera aplicarse en el caso de la Dirección del Trabajo. Este tipo de jefaturas no pueden ser trampolines electorales sin afectar la legitimidad de los órganos del Estado.