Milei vende empresa de agua

El Gobierno argentino resolvió ayer iniciar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), la mayor empresa distribuidora de agua del país, que brinda servicio a 3,8 millones de usuarios. La medida fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, en la que el Ministerio de Economía instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a "coordinar las acciones necesarias" para concretar la operación en un plazo máximo de ocho meses. El plan contempla la venta de la totalidad de las acciones que el Estado nacional posee en la compañía, equivalentes al 90 % del capital. El objetivo de la administración de Javier Milei es transferir al menos el 51 % de ese paquete a un operador estratégico mediante un proceso de licitación pública, de alcance nacional e internacional. La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de privatización de activos estatales, que incluye sectores considerados estratégicos como electricidad, minería y agua potable. Estos compromisos figuran entre las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) dentro del programa económico que el Gobierno impulsa para reducir el déficit fiscal y achicar la estructura del Estado. Ese mismo día, el Ejecutivo publicó varios decretos y resoluciones que buscan transferir al sector privado la operación de cuatro represas hidroeléctricas, la principal mina de carbón del país y Aysa. En el ámbito energético, se dispuso que en un plazo de sesenta días se convoque a licitación para concesionar nuevamente, por treinta años, las represas del Comahue, ubicadas en Río Negro y Neuquén. Estas centrales —Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados— generan en conjunto el 7,8% de la energía eléctrica producida en Argentina. Las concesiones originales, otorgadas en 1993, vencieron en agosto de 2023. Desde entonces, el Estado prorrogó de manera provisoria la operación para asegurar el suministro hasta definir un nuevo esquema. Según estimaciones oficiales, las futuras adjudicaciones podrían aportar ingresos fiscales de entre 400 y 500 millones de dólares. Por otra parte, el Gobierno determinó que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), con sede en la provincia de Santa Cruz, sea transformada en sociedad anónima como paso previo a su privatización. Los activos de la empresa —valorados en unos 260 millones de dólares, según medios locales— incluyen la mina, un complejo ferroportuario y una central termoeléctrica vinculada a la producción de carbón. YCRT forma parte del listado de compañías incluidas en la ley de "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", sancionada por el Congreso en junio de 2024. Esta norma establece el marco legal para desregular la economía, avanzar en la reducción del gasto estatal y habilitar la venta de distintas firmas públicas. Sin embargo, el texto legal señala que, en el caso de YCRT, el Estado debe conservar una participación mayoritaria aun si habilita el ingreso de inversores privados.