El aumento de asaltos y secuestros abre espacio a nuevo mercado de guardaespaldas

Es un servicio que no está regulado, pero cuya demanda crece por el temor a ser víctima de un atraco, de portonazos e incluso secuestro. Los guardaespaldas son contratados en Chile bajo la figura de un chofer, ayudante y otros oficios, pero tienen instrucción y permiso para portar y movilizar armas, en ciertos casos. De esta manera, si el auto del contratante es interceptado por asaltantes, este guardaespaldas podría actuar en defensa propia o del grupo que conduce y disparar si es necesario, afirman varios integrantes de este mercado que no quisieron ser citados.
Hay un escenario en el país que ha permitido "crear" este negocio. Durante 2024, el delito de secuestro llegó a 868 casos, 2,1% más que en 2023, según el cuarto reporte realizado por la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, denominado "Fenómenos Criminales".
El Equipo contra Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) ha hecho 125 arrestos por plagios desde que partió esa unidad especializada en el Ministerio Público, a fines de 2023.
Dado el temor, la necesidad de mayor seguridad aumenta para un grupo de la población que siente que es un potencial objetivo a la luz de los hechos. Normalmente, estos trabajos se realizan a honorarios, con contrataciones para salidas específicas, como una salida a un concierto, a un teatro, una actividad pública o un evento en donde es protagonista. Hay empresarios que buscan guardaespaldas con un físico imponente, que siguen a su cliente donde vaya, pero sin armas, porque no tienen la calificación (por jerarquía militar o policial) que los habilite. Es más un efecto disuasivo por apariencia.
Hay otra área donde hay mayor interés: el blindaje de autos. En Chile ya sumarían más de una decena las empresas que ofrecen la protección, un proceso cuyo valor parte en US$ 25.000 por vehículo.
Las tarifas
Los precios por salida oscilan en torno a los $200 mil.
Existen ejemplos de trabajos de guardaespaldas por $60 mil o $50 mil, que no toman más de media hora, cuando algún cliente quiere ir del banco A, a cobrar un cheque por una suma alta, y luego depositar en el banco B. Pero los montos pueden ser mucho más altos y dependen también de la preparación del acompañante, que puede ser un comando o infante de marina. En suma, todos aquellos exintegrantes de las Fuerzas Armadas y fuerzas de orden público y seguridad (carabineros o ex-PDI) autorizados para porte y tenencia de arma, podrían dedicarse a esto. Suboficiales, coroneles y generales estarían habilitados, afirma un exuniformado que habla en condición de anonimato.
Pero también, señalan desde la PDI, existen firmas de seguridad establecidas, de transportes de valores y que ofrecen seguridad, donde algunas de ellas tienen este tipo de servicios que, en términos legales, no están permitidos, y claramente corresponde a un vacío en la formalidad que se usa a la hora de exhibir la oferta y definir la facturación. Basta con señalar que es "un servicio de seguridad", lo cual claramente es muy amplio y es lo que se utiliza en regla general por las empresas, precisan.
¿Es legal?
En Carabineros indican que los encargados de la seguridad pública son ellos y la PDI, y no está permitido que un chofer (exuniformado con porte y tenencia de arma) pueda defender a terceros. Puede operar como chofer y defenderse él en una eventualidad, pero no a terceros. "Esa figura no existe", recalcan, no es legal ser guardaespalda.
La Subsecretaría de Prevención del Delito señala que "desde una perspectiva jurídica, los servicios de escoltas o guardaespaldas no están regulados ni autorizados bajo el Decreto Ley N° 3.607 de 1981 vigente, ni tampoco estarán permitidos cuando entre en vigor la Ley de Seguridad Privada 21.659 (28 de noviembre)".
Si bien manifiestan que es posible inferir que, a partir de determinados hechos de conmoción pública como secuestros extorsivos u otras dinámicas delictuales violentas, se puede generar una mayor demanda por protección personal, "es fundamental aclarar que el servicio ocurre al margen del marco regulatorio actual".
Indican que la seguridad es una función esencialmente estatal, y los privados solo pueden participar en las actividades expresamente autorizadas por ley, entre las cuales no se encuentran los servicios de escoltas personales.
En la subsecretaría afirman que la protección personal reviste problemas de tipo legal en el marco vigente: "En primer lugar, las empresas que ofrecen estos servicios lo hacen sin autorización de la Prefectura de Carabineros, pues esta institución no ha otorgado permisos para actividades de escoltas o guardaespaldas. Segundo, es posible observar que un segmento importante de operadores de este mercado incipiente son exmiembros de las Fuerzas Armadas o de Orden que, si bien pueden portar armas para su protección personal bajo el Decreto Ley N° 3.356, no pueden hacerlo como un servicio remunerado de seguridad privada".
Precisan que algunos prestadores utilizan artes marciales no deportivas (como Kung Fu, Jujitsu o Kick Boxing) que requieren autorización de la Dirección Nacional de Movilización Nacional (DGMN), pero el permiso no los habilita para prestar seguridad personal.
Advierten que la oferta de este servicio informal conlleva riesgos penales graves. Por ejemplo, los casos en que un individuo proporcione el servicio de escoltas que porten armas de fuego, y también quienes contraten estos servicios. Incurren en un delito sancionado con presidio menor, multas de 200 a 500 ingresos mínimos mensuales, e inhabilitación perpetua para actividades de seguridad.
Asimismo, las empresas que ofrecen esta seguridad se exponen a sanciones administrativas y demandas civiles al operar sin el marco legal adecuado. Por constituir un segmento que opera fuera de la ley, en la subsecretaría señalan que no hay cifras que den cuenta de la magnitud de este mercado. "En ese sentido, el seguimiento de estos hechos corresponde a instituciones policiales o de persecución penal, pues son servicios que se prestan de manera ilegal".
Suben sanciones y multas
En cuanto a la compatibilidad de esta actividad en el futuro marco legal, la nueva ley de seguridad privada la define como actividades desarrolladas en un "área determinada", mientras que los escoltas operan en movimiento y en la vía pública, espacio donde la protección es responsabilidad exclusiva del Estado.
Con la nueva normativa se mantiene la sanción penal, pero aumentan las multas.