Problemas de la ley de competencias

Mauricio Cabrera Galvis
El debate más importante que se debe dar en el Congreso en los próximos meses es el de la "Ley de Competencias" que debe reglamentar el Acto Legislativo (A.L) 03 de 2024, que ordenó aumentar hasta el 39,5% el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se transfieren a departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP). Dicha ley, que debe ser orgánica, debe definir la distribución de competencias entre niveles de gobierno y efectuar los ajustes necesarios a la estructura de la administración pública. Tan fundamental es la ley que el incremento de recursos a las regiones solo se empezará a dar después de su expedición. Según el A.L., el Gobierno tenía doce meses para presentar el proyecto de Ley de Competencias. Sin embargo, ya han transcurrido ocho meses y todavía no se ha radicado el proyecto ante el Congreso; más aún, ni siquiera en la mesa técnica creada por el Gobierno para redactar el texto se han podido poner de acuerdo en su contenido. La controversia principal en la mesa técnica es la repartición de los recursos nuevos (que en 12 años llegarán a ser unos $40 billones anuales). Los ministerios de educación y salud quieren que se destinen a aumentar el presupuesto de sus sectores; inclusive se ha planteado que se deben destinar a financiar los costos de la reforma a la salud. Pero los representantes de las regiones insisten en que se deben asignar a los departamentos y municipios para cerrar la brechas territoriales. Si bien esta discusión es importante, se está dejando de lado otro aspecto fundamental, que es definir las funciones y gastos que deben ser trasladados desde el gobierno central hacia las entidades territoriales, de manera que el aumento de recursos a las regiones no implique un incremento del gasto público ni del déficit fiscal. Para decirlo en términos coloquiales, están discutiendo cómo repartir la marrana sin definir quién va a pagar por ella. Un ejemplo ilustra el problema. Si se asignan $100 para crear centros de atención primaria en el Chocó, se debe trasladar a algún otro departamento la obligación de ejecutar con sus propios recursos $100 de algún gasto o programa del gobierno central. ¿Los gobernadores o los congresistas de Antioquia o el Valle van a aceptar que les impongan esta obligación? El A.L.es categórico: "no se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del SGP sin la previa descentralización de competencias (…) de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal". Si el Congreso aprueba una Ley de Competencias que asigne recursos a las regiones o sectores, pero que no reduzca proporcionalmente las funciones del nivel central, se aumentaría el gasto público. En ese escenario, la Corte Constitucional la declararía inexequible por no cumplir el mandato constitucional.
Consultor privado.