Alerta temprana

Editoriales
La alerta no es menor: casi medio millón de niños y niñas en Colombia podrían quedarse sin el alimento que reciben a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Ante este preocupante panorama, el Gobierno Nacional asegura que la responsabilidad recae en alcaldías y gobernaciones que conforman las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) que deben aportar parte de los recursos y planear la ejecución. Los mandatarios locales, en cambio, replican que la Nación exige cobertura total sin garantizar los giros suficientes. La Contraloría, a su vez, advierte que el riesgo sería aún mayor: hasta 3,5 millones de estudiantes podrían quedarse sin acceso al programa debido a un déficit de 500.000 millones de pesos. No es posible establecer con precisión quién tiene toda la razón, pero lo que sí está claro es que, como si fuese una disputa conyugal, los hijos -en este caso los y las estudiantes- son quienes sufren. De ahí la necesidad de un llamado contundente a que se superen los roces y se cambie la tónica: de los señalamientos a los consensos. El problema revela, además, la importancia vital del PAE, del que depende no solo la nutrición de millones de menores sino también su permanencia escolar. Este se financia con recursos de la Nación y de las (ETC). Los municipios deben poner una parte del dinero, por lo general un monto menor, pero que no siempre logran asumir, además de otra realidad: los retrasos en los tiempos administrativos que dan pie a periodos sin posibilidad de servir las raciones. Y ocurre también que, al aumentar algunas entidades la ración para mejorar la calidad, se genera una adición presupuestal que deben cubrir tanto el nivel local como la Nación. En estos casos surge otra fricción. Dicho lo anterior, la crisis actual se pudo y se debió haber previsto con anticipación. La improvisación, los retrasos en los giros, la reducción de aportes propios y los fallos en la contratación no son nuevos, pero vuelven a repetirse con un costo inadmisible. Esperemos, a todas estas, que a este capítulo no le aparezca una página de corrupción, como ya ha ocurrido en el pasado. Reiteramos: algo tan neurálgico para la sociedad como la alimentación escolar jamás debería estar atrapado en discusiones de esta índole. Es a los alcaldes y gobernadores a quienes les corresponde asegurar que cada ración llegue al estudiante, y una parte importante de la responsabilidad recae sobre ellos. Y al Gobierno Nacional se le debe recordar la importancia del cumplimiento de los giros y del fortalecimiento del esquema de financiación. No basta con controles o anuncios de sanciones: se necesita un compromiso de doble vía que solo se logra si las partes entienden que este, con niños de por medio, no es un tema para atizar disputas de índole política. Sería lamentable que la ausencia de articulación que el Ejecutivo ha puesto en práctica ante gobiernos locales y regionales que no pertenecen a su sector político se traduzca en un obstáculo miope para resolver un problema que requiere un liderazgo sin cálculos ideológicos. Si algo define la legitimidad de un Estado es su capacidad de proteger a quienes menos tienen, a quienes conforman las poblaciones más vulnerables; los tumbos en esta tarea, además de imperdonables, tienen un impacto que se extiende en muchos sentidos a muchas generaciones.
Si algo define la legitimidad de un Estado es su capacidad de proteger a quienes menos tienen, a los más vulnerables.