Corte congela rebaja de sueldos más altos de salud municipal de Viña dispuesta por Ripamonti

"Esto es profundamente económico, pero también político. La nueva tabla responde justamente a esa doble dimensión".
La alcaldesa Macarena Ripamonti (FA) celebró así el pasado 31 de julio que el concejo aprobara por 7 votos a favor, dos abstenciones y una inhabilitación el nuevo esquema de remuneraciones de los funcionarios de la atención primaria de la salud (APS).
Con un enfoque de "equidad salarial y protección a los funcionarios con menores ingresos", el ajuste -que comenzaba a regir el 7 de agosto- se centra en las categorías A y B, que cuentan con sueldos desde los $3,5 millones y hasta sobre los $14 millones, según detalló en esa ocasión.
Las rebajas en esos tramos van desde 1,5% al 23,4%, pero serían compensadas por un decreciente "bono de transición" que permitiría a la mayoría preservar sus salarios hasta fin de año.
Por el contrario, 750 trabajadores de las categorías C a F, "históricamente postergados", según los promotores del reajuste, tendrían un alza en sus remuneraciones del 0,64%.
Sin embargo, hay 378 profesionales que se sintieron menoscabados por esta situación, entre ellos, Laura Hernández Norambuena. Se trata de la encargada del Centro Comunitario de Salud Familiar de Forestal Alto y hermana del exfrentista condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán, Mauricio Hernández Norambuena. De acuerdo al medio Ex-Ante, ella detenta el sueldo más alto de la APS viñamarina.
Dichos profesionales interpusieron cuatro recursos de protección, alegando que se vulneran sus derechos a integridad psíquica, igualdad ante la ley, a una justa retribución y de propiedad.
En uno de ellos, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Municipalizada (Confusam) se enfrenta en el plano judicial con la alcaldesa Ripamonti y la gerenta de la corporación de Salud Municipal, Camila Brito (hermana de Jorge Brito, diputado FA).
Pagos "en riesgo"
Los recurrentes ya lograron un primer triunfo. Inicialmente, una de las salas de la Corte estuvo por rechazar la orden de no innovar, mientras que las otras sí la acogieron, sin dar mayores argumentos que "atendido el mérito de los antecedentes". Pero al ser agrupadas todas las causas en una, la medida se extendió beneficiando a los 378 recurrentes. Por ello, las rebajas salariales quedan congeladas, mientras el tribunal de alzada resuelve el fondo de los reclamos.
La alcaldesa alega que la nueva tabla de sueldos no solo es un ajuste técnico o administrativo: "Estamos hablando de condiciones estructurales que afectan directamente la capacidad del sistema para funcionar con legalidad y sostenibilidad".
Por ello, tanto el municipio como la corporación municipal interpusieron una reposición, pidiendo dejar sin efecto la orden de no innovar, que "constituirá un gravamen insoportable para esta parte", según plantean, pues el déficit proyectado de presupuesto al cierre de 2025 sería de $3.300 millones, lo que pone "en serio riesgo el pago de remuneraciones de los propios recurrentes, durante lo que resta del año, y de 1.900 funcionarios".
Con todo, Paulo Pérez, uno de los abogados de los recurrentes, desestimó que la orden de no innovar sea desproporcionada y que las remuneraciones sean "privilegiadas" y "carentes de fundamento legal".
"La cautelar no impone una nueva obligación. Mantiene el statu quo , ordenando a la recurrida que cumpla sus obligaciones contractuales mientras resuelve el fondo", afirma.