Obligatoriedad sin sanción

Los diputados oficialistas han dejado sin cumplir el mandato constitucional que impone establecer una sanción o multa para los electores que no sufraguen. De esta forma -y a menos que el Senado logre corregir las cosas-, la obligatoriedad del voto quedará transformada en una cuestión meramente declarativa. Tal es el resultado de la sesión especial del martes en la Cámara, destinada a discutir en particular el proyecto de la diputada Joanna Pérez que consideraba establecer una sanción de entre $34 mil y $204 mil para quienes injustificadamente se abstengan de sufragar. La idea de legislar había sido aprobada hace ya varias semanas. Después de muchas dificultades -el Gobierno nunca quiso ponerle urgencia-, el presidente de la Cámara logró poner el texto en tabla para su discusión particular, convocando a una sesión especial. Sin embargo, sumando en el oficialismo abstenciones y rechazos, la disposición clave del proyecto -es decir, la que determinaba las sanciones- no logró el quorum para ser aprobada y así la iniciativa ha pasado al Senado como una suerte de carcasa desprovista de su contenido esencial.
Lo llamativo no es solo el resultado, sino la actitud del Ejecutivo, que durante todo este año ha entrabado la discusión tanto de este proyecto como de otro que antes había aprobado el Senado en la misma línea. El Gobierno, pero particularmente el ministro del Interior, ha buscado repetidamente vincular este tema con el voto de los extranjeros, condicionando la aprobación de las sanciones a que, al mismo tiempo, se restrinja el derecho de aquellos a sufragar, reconocido por la Constitución a partir de los cinco años de residencia en el país. En ese empeño, el Gobierno fracasó en el intento de limitar la participación de extranjeros solo a las elecciones locales, pero luego sí consiguió que la oposición se resignara, en los hechos, a que hubiera sanciones solo para los electores nacionales, que es lo que disponía el proyecto de la diputada Pérez. Ello, sin embargo, no fue suficiente para La Moneda, la cual solo pareció allanarse -a principios de esta semana- a una eventual fórmula en que, a cambio de viabilizar el oficialismo la iniciativa de Pérez, la oposición aceptaría discutir en el Senado una reforma constitucional para elevar a diez años el requisito de residencia para los foráneos. Pero, pese a estas conversaciones, en la sesión del martes el Gobierno no ejerció una conducción clara ni alineó al oficialismo, con el resultado conocido.
Para entender la situación, hay que recordar que en los plebiscitos y elecciones recientes, luego del restablecimiento del sufragio obligatorio, el número de votantes ha aumentado en más de cinco millones. Hasta ahora, esos votantes nuevos han tendido a favorecer las posturas más críticas del Gobierno, lo que además aparece ratificado por las encuestas de cara a la próxima elección. Ese mismo favoritismo por candidatos y posiciones más cercanos al centro y la centroderecha se observa entre los electores extranjeros. En este contexto, las actitudes y acciones del oficialismo parecen tener un objetivo claro: conseguir que en noviembre próximo vote el menor número de electores posible y que se trate de aquellos más fuertemente politizados, apostando a que allí la izquierda tendría mayores chances de conseguir adhesión.
Este intento de manipular las reglas electorales a conveniencia inflige un evidente daño a la legitimidad de una democracia. Cuando la autoridad prefiere que un mandato constitucional pase a ser letra muerta porque calcula que ello le podrá favorecer, es la credibilidad de las instituciones la que queda en cuestión ante una ciudadanía que desconfía severamente de las dirigencias políticas. Aún hay espacio para rectificar el vergonzoso episodio ocurrido en la Cámara esta semana. Ojalá el oficialismo tenga la consecuencia democrática para hacerlo.