La Reforma Laboral: llegó, pesa y nos reta

Rosmery Quintero Castro
La Reforma Laboral fue aprobada en el Congreso, y aunque ya no es tiempo de discutir su pertinencia, sí lo es de entender sus implicaciones. Porque más allá del debate político, MiPymes —que representamos el 99,6% del tejido empresarial, generamos el 80% del empleo y contribuimos con el 35% del PIB— recibiremos, de forma directa, un nuevo peso en nuestra estructura de costos. Desde Acopi lo dijimos: había que reconocer derechos laborales como los recargos dominicales y nocturnos. Nuestro propio sondeo así lo reflejó, en línea con el deber de avanzar hacia una mayor equidad. Por eso defendimos que el camino debía ser la gradualidad, y logramos que se implementara: 80% en 2025, 90% en 2026 y 100% en 2027. Es un alivio, pero no suficiente cuando el resto de la reforma no distingue capacidades empresariales. Una de las medidas más preocupantes es la transformación del contrato de aprendizaje en un contrato laboral especial. Este cambio no fortalece la formación: la encarece y la desnaturaliza. Actualmente, en la etapa lectiva, este contrato cuesta $711.750 mensuales; con la reforma, costará $1.245.876 (75% más). En la etapa práctica, pasará de $1.067.625 a $2.189.326 (105% más). A esto se suma que la cuota por monetización aumenta de $1.423.500 a $2.135.250, sin posibilidad de exoneración, incluso si el Sena no asigna aprendices a tiempo. La reforma no diferencia entre MiPymes y grandes empresas, legislando como si todas tuvieran la misma capacidad. Esto desconoce realidades: la informalidad en las microempresas alcanza el 56,7%, y solo en junio cerraron 25.615 empresas, de las cuales 25.572 eran microempresas. También aumentan los costos laborales. Contratar un trabajador con salario mínimo cuesta hoy $2.474.782 y llegará a $3.011.558 en 2027 (21,7% más). Todo esto ocurre en un país con un PIB per cápita de US$8.050, baja movilidad social y esfuerzos sociales que no siempre generan mejoras estructurales. Con sectores como la manufactura y el carbón en contracción, débil demanda interna y déficits crecientes, el Estado tiene cada vez menos margen para invertir y dinamizar la economía, lo que resulta en una caída de la confianza de los inversionistas. La reforma fue aprobada y cumpliremos. Pero el país no puede seguir legislando sin entender nuestras realidades. De aquí en adelante, es responsabilidad de todas las ramas del poder público ser coherentes con las capacidades del tejido empresarial. Porque una cosa es lo que se sueña, y otra muy distinta lo que se puede ejercer. Las reformas solo serán efectivas si se construyen con el sector productivo, no sobre él.
Presidente del Observatorio Nacional de la MiPyme.