Contigencias se le atravesaron a la estructuración de vías 4G

Cuando el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos lanzó el programa de concesiones viales de Cuarta Generación (4G), había la expectativa de que para 2022 estuvieran terminados los 30 proyectos adjudicados para modernizar 7.000 kilómetros de carreteras. Hoy el panorama es distinto: cinco contratos están en riesgo de liquidación, ocho tienen avances mínimos y varios enfrentan procesos de arbitraje que comprometen recursos por más de un billón de pesos. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) admite que casi una quinta parte de estas concesiones derivaron en disputas jurídicas por "errores" de estructuración, en particular por omisiones en estudios ambientales y estimaciones incompletas de riesgos, menciona Ariel Lozano, vicepresidente jurídico de la entidad. A esto se suman dificultades en consultas previas, oposición política al modelo de concesiones y ausencia de condiciones de orden público en algunos territorios. Los proyectos críticos son las Autopistas del Caribe, Mulaló - Loboguerrero, la Malla Vial del Meta, la Perimetral del Oriente de Cundinamarca y la carretera Bucaramanga - Pamplona, esta última ya liquidada. La combinación de problemas técnicos, jurídicos y financieros evidencia, en parabras de Lozano, que la planeación inicial no logró prever los escenarios que hoy mantienen paralizada una parte sustancial de la infraestructura vial del país. En 2025, el panorama muestra retrasos, disputas jurídicas y proyectos paralizados. De acuerdo con el Aniscopio, la herramienta de seguimiento de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), cinco contratos presentan riesgo de liquidación otras tres, avances. Los casos más críticos son las Autopistas del Caribe, la vía Mulaló - Loboguerrero, la Malla Vial del Meta, la Perimetral del Oriente de Cundinamarca y el corredor Bucaramanga - Pamplona, que recibió orden de liquidación. Según explicó el vicepresidente jurídico de la ANI, Ariel Lozano, aproximadamente un 17 % de los proyectos de 4G terminaron en disputas legales debido a fallas en su fase de estructuración. Estos errores, dijo, son el origen de gran parte de los conflictos que hoy enfrenta la entidad en tribunales de arbitramento. Perimetral del Oriente Uno de los casos más representativos es el de la Perimetral del Oriente de Cundinamarca (PBO). En su ejecución aparecieron ochenta acuíferos que no habían sido detectados en los estudios ambientales iniciales. La aparición de estas fuentes de agua subterránea, localizadas en las unidades funcionales cuatro y cinco, imposibilitó la continuación del trazado previsto. El concesionario, según explicó la entidad, propuso cambiar la ruta del proyecto, pero la ANI consideró que alterar el trazado era un riesgo mayor, ya que los contratos estaban pactados sobre un diseño específico. La falta de solución llevó a un arbitraje en el que el concesionario dijo que los acuíferos eran un evento imprevisible y la entidad sostuvo que se trataba de una omisión en la estructuración. El tribunal falló a favor del concesionario y ordenó una compensación cercana a $1,2 billones por el tiempo y los recursos invertidos. Para la ANI, la decisión desconoció el contrato y los aspectos ambientales, por lo que interpuso un recurso de anulación ante el Consejo de Estado. El trámite sigue en curso y busca que el fallo quede sin efecto. El proyecto Mulaló - Loboguerrero, firmado en 2016 es otra de las dificultades de la 4G. Con 31 kilómetros de extensión, debía conectar estratégicamente el Valle del Cauca con el puerto de Buenaventura. Desde el inicio enfrentó cuestionamientos ambientales que tardaron casi cinco años en resolverse, lo que retrasó su desarrollo hasta 2021. Para ese momento, el concesionario argumentó que el tiempo transcurrido había generado desequilibrio económico y solicitó la terminación anticipada del contrato. El tribunal negó esta petición y ordenó continuar con la ejecución. Sin embargo, hasta 2025 el proyecto no ha avanzado físicamente y no se ha colocado infraestructura alguna. La concesionaria reclama indemnizaciones por $933.000 millones, que con el paso del tiempo han alcanzado los $1,2 billones. El pleito jurídico sigue abierto y la obra está detenida. La carretera Bucaramanga - Pamplona, conocida como BBJ en la ANI, registraba apenas un 11,2% de ejecución cuando fue liquidada. El contrato quedó sin efectos y se convirtió en el primer caso oficial de cancelación en la 4G. Este corredor no es el único con atrasos. Según el balance de la ANI, hay al menos ocho proyectos con avances bajos por problemas ambientales, retrasos en consultas previas con comunidades y dificultadescon las licencias que han hecho que desde la fase inicial las concesiones se enfrenten a obstáculos que comprometen su viabilidad. El caso de la Perimetral no es aislado. En la actualidad, la ANI enfrenta 44 procesos arbitrales relacionados con proyectos de concesiones viales. Según cifras de la entidad, el 17 % de los laudos se han perdido en su totalidad, en el 37 % los resultados han sido mixtos, y el 38 % han resultado favorables a la agencia. Lozano explicó que gran parte de estos procesos tiene origen en fallas de planeación. La experiencia de las generaciones previas de concesiones (1G, 2G y 3G) no fue suficiente para evitar errores en la 4G, iniciada en 2012 bajo la Ley 1508 de Asociaciones Público-Privadas. Estos antecedentes llevaron a que la ANI modificara los criterios de estructuración para la quinta generación de concesiones, con el fin de reducir la probabilidad de disputas futuras. Para Jairo Espejo, especialista en el sector, la estructuración de la 4G se realizó con altos estándares en materia contractual, normativa, institucional y técnica. Sin embargo, señala que el programa enfrentó múltiples contingencias que exceden el marco de la planeación inicial. Entre ellas figuran dificultades ambientales, oposición política al modelo de concesiones y factores de orden público en zonas de ejecución. Otro experto asegura que en el caso del corredor de carga Cartagena - Barranquilla, concesionado por Autopistas del Caribe, también ilustra las tensiones en la 4G. Aunque la ANI participó en todas las fases de estructuración y validó el contrato, el proyecto no ha logrado pasar a la fase de construcción. Sostiene que la parálisis no se debe a fallas de planeación, sino a factores externos. Entre ellos menciona la oposición política al esquema de concesiones, las protestas en peajes que impidieron el recaudo y la ausencia de presencia estatal para garantizar la operación. Actualmente, el Estado reconoció un Evento Eximente de Responsabilidad por los riesgos de menor recaudo, lo que ha impedido alcanzar el cierre financiero. El proceso continúa en instancias legales mientras la concesión insiste en la necesidad de construir soluciones conjuntas para materializar la obra, considerada estratégica para la competitividad del Caribe. Además, uno de los puntos que genera debate es el manejo de los recursos de los proyectos.