Uruguay es necesario para los argentinos, para resguardarse de gobiernos con voracidad fiscal

El intercambio de información financiera y tributaria entre autoridades fiscales de distintos países se ha potenciado en los últimos años, con el objetivo de prevenir la evasión fiscal y el lavado de dinero, según parámetros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).


La OCDE ha evaluado a Uruguay como un país "ampliamente cumplidor" en esta materia, aunque ha señalado recomendaciones de mejoras, entre ellas incluir más flexibilizaciones al secreto bancario, un tema largamente debatido tanto a nivel internacional como local y que está incluido en el proyecto de ley de Presupuesto.

Para países como Argentina, el intercambio de información financiera y tributaria con Uruguay es clave, en especial dado que el país ha sido y es receptor de cuantiosos capitales argentinos.

Este fue uno de los temas que se abordó en las XIII Jornadas Rioplatenses de Tributación, organizadas por el Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios (IUET) y la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (AAEF), que se llevaron a cabo en Montevideo, la semana pasada.

Los participantes del conversatorio "Intercambio de información en general y específicamente entre Uruguay y Argentina" fueron Guillermo Nieves, subdirector general de Renta -por la Dirección General Impositiva (DGI)-; Juan McEwan, abogado pionero en prestaciones de servicios legales y fiscales al sector privado en Argentina; y Andrés Hessdörfer, abogado tributario, en representación de la IUET.

Los expertos señalaron que los intercambios de información financiera y tributaria entre Uruguay y Argentina se vienen dando desde hace años, pero que más recientemente ha ido mermando el número de requerimientos rechazados por parte de las autoridades uruguayas (generalmente rechazaban los requerimientos desde Argentina por falta de elementos de acreditación a la previsible competencia), tras cierto aprendizaje.

El tema es delicado dado que el intercambio de información involucra diversos derechos, que van desde derechos humanos, derecho de igualdad, derecho a la intimidad, entre muchos otros. Es por eso que Uruguay es especialmente cuidadoso al respecto, según destacó Hessdörfer.

Por su parte, McEwan mencionó una dura realidad, al decir que "los ciudadanos y empresas muchas veces necesitan protegerse de sus gobiernos sobre todo en América Latina, pero el intercambio de información entre las autoridades de distintos países va en contra de esa protección". Como excepción a esta situación, destacó a Uruguay.

McEwan agregó que "Uruguay ha sido necesario para los argentinos, para resguardarse ante gobiernos con voracidad fiscal que, incluso, han transgredido la Constitución". Hizo alusión también a la inseguridad jurídica de Argentina; una situación que, tal como él mismo recalcó, es común a gran parte de la región.

"El perjuicio del intercambio de información para los países en desarrollo es importante, porque necesitamos protegernos de nuestros gobiernos. Nosotros sufrimos los embates de turno del gobierno que nos toca y tenemos que protegernos", insistió.

De su lado, Nieves (quien fue partícipe de los cambios que impulsa el Foro Global de la OCDE) precisó que las nuevas exigencias de transparencia se acentuaron a partir de la crisis financiera de EE.UU. en 2008. "La culpa de la crisis no fue EE.UU., sino los paraísos fiscales y los cambios en el sistema bancario", afirmó.

Nieves se abocó a explicar la evolución que Uruguay ha tenido en cuanto a transparencia e intercambio de información tributaria de 2008 a la fecha. Destacó, entre varios puntos, el acuerdo bilateral de intercambio de información entre Uruguay y Estados Unidos, vigente desde el año pasado.

Los avances de Uruguay han sido notorios, pero actualmente se enfrenta a una nueva revisión por parte de la OCDE, cuyos resultados serán publicados a fines de 2026, según explicó Nieves.

Los expertos hicieron mención a cómo, históricamente, los gobiernos de Argentina se interesaron en los intercambios de información, para identificar dónde los residentes de ese país tenían su patrimonio, básicamente por fines recaudatorios.

Durante muchos años, el primer refugio de los activos financieros no declarados (de argentinos u otros extranjeros) era Uruguay, seguido por Panamá, pero esto ha ido cambiando por una serie de presiones externas.

Actualmente, a pesar de ciertos avances, aún falta cultura tributaria para explotar la herramienta de intercambio de información, según coincidieron los panelistas. En esa línea, Nieves también comentó que Uruguay es "celoso" de la información de los contribuyentes, desde el punto de vista de su contenido, en su cometido de resguardarla, dado que cuida la confianza en las instituciones, al tiempo que procura alinearse con las recomendaciones de la OCDE.

"Uruguay tiene claro cuándo revelar la información, a qué entidades, y sobre el resguardo que se debe dar", defendió.

McEwan trajo a colación que en Argentina, si bien los convenios internacionales están por encima de las leyes, en algunos ordenamientos tienen el mismo rango, por lo que el choque normativo con frecuencia se cumple la ley, o se generan confusiones.

"En Argentina el secreto bancario ya no existe desde hace mucho", dijo McEwan en otro momento del conversatorio.

Los expertos comentaron, finalmente, que la existencia del secreto bancario no es lo que se está cuestionando en el mundo, sino más que todo el acceso a la información, que representa un concepto distinto.

Otro frente de discusión es sobre si el acceso a la información (léase, movimientos de cuentas, etcétera) requiere o no proceso judicial. Esto último está en el debate del proyecto de ley de Presupuesto, que da la posibilidad de acceder a esa información a la DGI sin necesidad de pasar por un juez.