Tenencia compartida: FA busca derogarla y apunta al PC; en el gobierno no ven relación entre ley y tragedia

La tragedia de violencia vicaria de la semana pasada en la que Andrés Morosini, un hombre de 28 años, secuestró a sus dos hijos y luego se mató con ellos estremeció a gran parte de la sociedad, y una de las derivaciones de esta conmoción fue volver a poner en agenda una polémica ley aprobada durante el período pasado, y que ahora el Frente Amplio y organizaciones civiles buscan derogar.

La norma es conocida popularmente como "ley de tenencia compartida", aunque se llama de Corresponsabilidad en la crianza. Y entre otros cambios, para asentar el concepto que define su nombre, introdujo la posibilidad de que los padres denunciados por violencia puedan seguir viendo a sus hijos cumpliendo determinadas condiciones y garantías y siempre y cuando los hechos denunciados no "impliquen un riesgo al interés superior del niño o adolescente" y un agravante para el delito de simulación: cuando este se produzca "contra la persona con quien el denunciante tenga hijos en común, y que, a consecuencia de dicha denuncia, la justicia disponga alguna medida cautelar".

El tema regresó a la agenda ahora luego de años de discusión durante el gobierno de Luis Lacalle Pou en que fueron necesarias intensas negociaciones en la interna de la coalición republicana, sobre todo con el entonces sector Ciudadanos del Partido Colorado, que tenía reparos contra el proyecto, a iniciativa tanto de la sociedad civil (ver recuadro), que tanto se opuso y se expresó en contra cuando la ley se discutió en el Parlamento, como del Frente Amplio, que ahora propone su derogación.

El interés surgió con fuerza en la bancada del Movimiento de Participación Popular (MPP), que es el sector mayoritario del oficialismo. Su coordinador político, el exsenador Charles Carrera, declaró a favor de la propuesta este fin de semana, según recogió VTV Noticias, y la diputada Inés Cortés se transformó en la principal vocera y quien ya se refirió a las negociaciones que serán necesarias en la cámara baja, donde la coalición de izquierda tiene 48 votos y por tanto necesita de dos apoyos para que prospere cualquier iniciativa, ya que en el Senado el FA es mayoría.

En este tema, a diferencia de otros, no será posible un acuerdo con Cabildo Abierto, partido que abiertamente impulsó esta ley hasta su aprobación. Esto es algo que el oficialismo tiene más que claro, dijo Cortés a El País, por lo que las conversaciones se apuntarán a otro lado. Concretamente, "en el Partido Colorado es donde vemos más posibilidades", dijo la diputada del MPP, aunque también reconoció que "puede ser también en el Partido Nacional" donde eventualmente se encuentren aliados.

La idea, en principio, es elaborar un proyecto de ley "más marco", que establezca una "protección para las infancias y las adolescencias", y que a su vez incluya la derogación de la ley rechazada que es asimismo uno de los objetivos formulados en las Bases Programáticas del Frente Amplio para este período.

"El Frente Amplio está a favor y es algo que en su momento discutió la Mesa Política", agregó la legisladora, que se abocará ahora, entonces, a conseguir "acuerdos más amplios".


"Obviamente que la situación del fin de semana", afirmó más temprano este lunes en rueda de prensa, en referencia al caso de Morosini, "hace que algunos tiempos" dedicados al proceso de trabajo en este tema "se aceleren un poco".

María Eugenia Roselló, diputada colorada entre 2020 y 2025 y actual secretaria del Senado, fue una de las legisladoras que más crítica se mostró con la ley, específicamente con el cuarto artículo, que es el que permite las visitas de los padres aun en escenarios donde hayan mediado denuncias de violencia. Consultada por El País, declaró que ahora será un tema a "estudiar", pero que hoy hay muchas familias "que hacen uso de la ley" y que "se aplica muy bien". "Lo que ocurrió ahora fue una excepción", lamentó.

La visión del piso 11 y los argumentos de la oposición

Como reacción al trágico episodio, y en respuesta a un grupo de manifestantes que se trasladó hasta la Torre Ejecutiva, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, anunció este viernes la creación de una comisión junto con la sociedad civil para "avanzar" en todos los problemas detectados o puestos de manifiesto en el caso Morosini.

Pero específicamente sobre la derogación de la ley de tenencia, no hubo al momento manifestación pública. La posición que tienen en el piso 11 de la sede de Presidencia, según supo El País, es de, por un lado, no entrometerse en un debate que se da en el Parlamento, respetando así la "autonomía" de poderes. Por el otro, hay jerarcas del gobierno que entienden que "jurídicamente" la discusión planteada no tiene mayor sustento, ya que es de orden "ideológica", y no se visualiza a priori una relación causal "entre la ley de tenencia compartida con la tragedia espantosa".

Derogar la ley, naturalmente, cuenta con el explícito rechazo de quienes la promovieron, como por ejemplo el diputado blanco Rodrigo Goñi. "Es una ley que no fue inventada por los grupos de padres y que existe en la mayoría de los países desarrollados, en donde la tendencia política, social y legislativa es cada vez más profundizar y garantizar la corresponsabilidad en la crianza", dijo el nacionalista, que agregó: "Los expertos han sido contundentes, y cuando digo expertos me refiero a las academias de psicología, psiquiatría y derecho de familia: para el niño lo mejor es, siempre, mantener la relación con sus dos padres".

¿Para qué se aprobó esta norma, cuando el régimen de tenencia compartida ya existía? "Porque por la vía de los hechos respondió Goñi, en forma muchas veces injusta e infundada, se impedía la relación del padre con sus hijos. Toda la ley va contra eso. Y cada vez que haya riesgo para el menor, no va a haber visita del padre. Es un relato que no corresponde con lo que dice la ley".

Hasta ahora, dijo, ha recibido solamente "agradecimientos" de "infinidad" de familias, y afirmó desconocer de procesos iniciados por la Justicia contra mujeres por simulación del delito.