Frentista homenajeado
Espacios y recursos públicos terminan sirviendo para idealizar al responsable de alevosos crímenes.
Impresiona la persistencia de cierta izquierda en intentar legitimar incluso las acciones más condenables cuando ellas son cometidas por miembros de sus filas. Así queda otra vez patente en las distintas iniciativas en marcha en torno a la figura de Mauricio Hernández Norambuena.
Condenado por su responsabilidad en algunos de los peores actos terroristas cometidos en democracia en Chile y quien volvió al país luego de cumplir, a su vez, otra condena en Brasil, por el secuestro de un publicista, Hernández Norambuena es objeto hoy de una amplia campaña destinada a presionar al Gobierno para que lo indulte. Aunque la solicitud apela a razones humanitarias, es evidente el tono reivindicatorio: no se trata simplemente de conseguir su libertad, sino también de ensalzar su figura.
Lo anterior tiene expresiones extremas, como las del Comité Ramiro Libre, en alusión a la chapa del exfrentista y que define a este como "un combatiente revolucionario que eligió enfrentar al Estado burgués y a sus aparatos de represión", acusando al actual Gobierno de servir como "gestor político contrarrevolucionario". Pero sin caer en ese tono militante, también intelectuales de izquierda aportan al mismo objetivo con libros y producciones. En ellos, evitando avalar abiertamente los crímenes por los que Hernández Norambuena cumple condena, sitúan, sin embargo, estos en una zona de ambigüedad moral, cual si la gravedad de secuestrar o asesinar a personas desarmadas admitiera las relativizaciones que ellos mismos rechazan cuando son otros los contextos y las víctimas. Así, las críticas de esa izquierda a la forma en que se desarrolló la transición democrática terminan en este caso sirviendo como argumento para comprender y justificar a quienes intentaron, mediante la violencia, hacer fracasar esa transición porque se apartaba de sus objetivos revolucionarios.
Sin embargo, con lo cuestionables que puedan ser esos planteamientos, se trata de discusiones que se dan en el ámbito de la libertad de expresión. Cuestión distinta es cuando se utilizan los espacios y los recursos públicos para idealizar a delincuentes que, buscando desestabilizar el Estado de Derecho, cometieron crímenes alevosos. Esa es precisamente la gravedad de lo ocurrido ayer en el Parque Cultural de Valparaíso, un recinto del Estado entregado en concesión gratuita a una corporación que, a su vez, es financiada con generosos recursos públicos, en cuyo directorio participan representantes de autoridades.
El relanzamiento allí de las memorias de Hernández Norambuena no fue -como se ha querido justificar- una instancia de reflexión plural o una suerte de encuentro académico, sino un acto de tintes apologéticos que, por lo mismo, infirió una nueva ofensa a la memoria de sus víctimas y a todos quienes sufren hasta hoy las consecuencias de sus acciones. Ello no hace sino desnudar la hipocresía de quienes suelen hacer alardes morales de todo tipo y que, sin embargo, en casos como estos niegan la más mínima empatía hacia el dolor de otras personas. Pero además, el episodio da cuenta de la irresponsabilidad con que se manejan recursos que el país destina a la cultura y que terminan sirviendo a la reivindicación de la violencia y el terrorismo.