La Nación, Costa Rica
17 de septiembre de 2025
Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, la segunda modificación presupuestaria de 2025, con ¢7.870 millones destinados a que el gobierno de Rodrigo Chaves pueda construir una "nueva cárcel" al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.
Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, la segunda modificación presupuestaria de 2025, con ¢7.870 millones destinados a que el gobierno de Rodrigo Chaves pueda construir una "nueva cárcel" al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.
La propuesta tuvo 42 votos a favor, por lo que fue aprobada de forma unánime, y es para construir una estructura llamada Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco), en San Rafael de Alajuela.
La iniciativa legal autoriza recortes en 10 ministerios, para transferirle recursos al Ministerio de Justicia para dicha construcción.
El mayor recorte aprobado es en los ministerios de Seguridad Pública y en el de Obras Públicas y Transportes.
A la Presidencia de la República se le recortaron ¢55,3 millones, al Ministerio de Gobernación y Policía, ¢253,7 millones; al de Relaciones Exteriores y Culto, ¢88,8 millones; ¢4.122 millones al de Seguridad Pública; ¢364,9 millones del Ministerio de Hacienda y ¢61,9 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso ¢1.745 millones para la nueva cárcel, junto con ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, ¢66,8 millones del Ministerio de Trabajo, ¢237,8 millones de Comercio Exterior (Comex).
Los ¢7.870 millones aprobados constituyen el 40% del costo de la nueva infraestructura, mientras que el porcentaje restante fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2026.
La discusión en segundo debate de la iniciativa estuvo aderezada de ataques de parte de la oposición, principalmente del Frente Amplio (FA) y Liberación Nacional (PLN) hacia la fracción oficialista, por solicitar que se aumente el dinero para prisiones, mientras que debilita el financiamiento del Poder Judicial, así como la inversión social.
