El problema con Casupá

El empecinado capricho político del gobierno de dejar sin efecto al proyecto Neptuno para reflotar "Casupá", tendrá sus consecuencias. Se ha subrayado hasta el cansancio que ese giro significa desechar una fuente inagotable de agua como lo es el Río de la Plata, para recargar aún más a la frágil cuenca del río Santa Lucía -que ya mostró sin ambages todas sus vulnerabilidades en la última gran sequía.

Pero hay más aspectos para preocuparnos.

La mejor solución que impulsa el Ejecutivo consiste en represar el arroyo Casupá -ubicado en la cuenca alta del Santa Lucía-, y así conseguir una reserva de agua extra. Hablamos de una cuenca que ya se vio muy comprometida en la reciente gran sequía lo que condujo a buscar alguna fuente externa a la misma, capaz de prevenir con éxito próximos eventos extremos. Manteniendo esta decisión estamos aumentando la fragilidad ya conocida del sistema de abastecimiento de agua potable del área metropolitana.

Como si este argumento fuera insuficiente, a la concreción de "Casupá" hay que añadirle varias desventajas más de significación.

Como se sabe implica: construir un embalse de 3.600 hectáreas a expropiar (inundando esa superficie de tierras productivas), el desarraigo de 80 familias, la destrucción de 46 unidades productivas, la tala de 420 hectáreas de monte indígena. ¿Cómo se puede justificar asumir estas elevadas e innecesarias pérdidas insistiendo en sacar adelante un proyecto que es, a todas luces, más inconveniente que el del Río de la Plata? Nadie discute que tendrá costos sociales, ambientales, económicos y productivos, comenzando por el Ministerio de Ambiente, organismo responsable de evaluar y eventualmente autorizar el proyecto desde la perspectiva de sus competencias específicas.

Por la naturaleza de las obras a llevar adelante se sabe, a priori, que no dan lugar a la aplicación de medidas de mitigación (las pérdidas de suelos y de monte indígena serán irreversibles), ni de sustitución, ya que estamos hablando de acciones que provocarán la desaparición de una parte del patrimonio biodiverso nacional.

Veremos cómo esa Secretaría de Estado resuelve técnicamente los problemas de los altos impactos ambientales que implica la construcción del embalse del arroyo Casupá, dejando de lado entre otras una de sus principales competencias: la protección total del monte indígena. Quizás aunque los informes técnicos resulten contrarios al otorgamiento de la autorización ambiental previa, la jerarquía del ministerio igualmente la conceda haciendo uso de esa potestad, a juzgar por declaraciones ya hechas a la opinión pública.

Si bien existen situaciones en las cuales el país debe priorizar la realización de proyectos por la importancia de los servicios que brindarán a la sociedad de manera permanente frente a algunos costos que originen, éste no sería el caso por la sencilla razón de que sí existe una alternativa mejor -debidamente estudiada y analizada- para garantizar el suministro de agua potable a Montevideo y zonas aledañas a largo plazo, evitando recargar aún más a la frágil cuenca del río Santa Lucía, impidiendo asumir los costos antes detallados y al mismo tiempo liberándonos de la incidencia de las vicisitudes climáticas.