Negocios ilícitos, un flagelo que trasciende la descertificación

Esta semana comenzó con un anuncio que marcó un punto de quiebre en la relación entre Colombia y Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas, luego de que el Departamento de Estado anunció la descertificación del país, una decisión que lo ubica en la lista negra junto a naciones como Birmania, Venezuela, Bolivia y Afganistán. La medida se sustenta en el aumento de los cultivos de coca y en lo que Washington considera un retroceso en la estrategia antidrogas, con implicaciones que trascienden lo diplomático y se proyectan directamente sobre la economía. Esto no es algo menor si se tiene en cuenta que desde el gobierno de Ernesto Samper, no se vivía algo similar. Para Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes e investigador de los efectos de las economías ilícitas, la descertificación obedece a que Colombia llegó "muy mal parada" a la evaluación anual que Estados Unidos hace a los países productores y de tránsito de drogas, lo cual le terminó pasando factura. "En primer lugar, la erradicación manual de cultivos ilícitos cayó en un 93%, lo que equivale a un virtual desmantelamiento de esa estrategia. En segundo lugar, aunque el Gobierno destaca las incautaciones, la tasa de interdicción cayó de un histórico 40% a apenas 28%, dado que frente a una producción estimada en más de 2.600 toneladas, se incautan unas 700", indicó. Así mismo, este experto sostuvo que este cambio de posición por parte del gobierno norteamericano se debió al fracaso de la apuesta de Gustavo Petro por la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo alternativo, dado que las cifras de ejecución presupuestal del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS) no superan la metas planteadas. Por último, los cultivos ilícitos se encuentran en máximos históricos, incluso superiores a los registrados antes del Plan Colombia; debido a lo cual, para Mejía "no se rajó la Fuerza Pública, se rajó el Gobierno", responsabilizando directamente al presidente Gustavo Petro por falta de liderazgo y por insistir en una política de ‘paz total’ que, en su concepto, fortaleció a los grupos criminales. Riesgo de sanciones Por otra parte, el general (r) Juan Carlos Buitrago Arias, CEO de StrategosBIP, califica la descertificación como una "vergüenza mundial" que devuelve al país a escenarios de los años noventa y en los que su consecuencia inmediata es el congelamiento de cooperación en seguridad y justicia, no solo con Estados Unidos sino también con organismos multilaterales como la Onudd y la OEA. Esa reducción de recursos afecta la capacidad de acción del Estado y beneficia a las mafias. El general Buitrago alerta que el contrabando se ha convertido en el mecanismo privilegiado para monetizar las rentas del narcotráfico, ya que según él, carteles como el Clan del Golfo, el de Sinaloa, el Tren de Aragua y las disidencias de las Farc han expandido su poder en puertos y fronteras de Colombia y otros países de la región, con el objetivo de capturar la cadena del comercio internacional para lavar capitales y consolidar control territorial. "La afectación es significativa porque se reduce la capacidad de acción del Estado que se financia a través de los fondos que provienen de la cooperación con Estados Unidos y por conducto de Organismos Internacionales. Aquí ganan los criminales y los aliados de las mafias. Pierden la legalidad y las comunidades El más reciente informe de InSight Crime, basado en datos de la Naciones Unidas, confirma el deterioro en la lucha contra las drogas al señalar que en 2023, los cultivos de coca aumentaron 10% y alcanzaron las 253.000 hectáreas; mientras que el potencial de producción de cocaína subió 53%, llegando a 2.664 toneladas, un máximo histórico. Esto sin contar con que casi la mitad de esos cultivos se concentra en zonas de especial manejo como parques naturales, resguardos indígenas, reservas forestales y territorios de comunidades afrocolombianas. Acá, Nariño y Cauca siguen siendo los principales epicentros, y los avances tecnológicos en el cultivo permiten que cada hectárea produce el doble de cocaína que hace una década. El telón de fondo

de otros delitos Mientras la cocaína se consolida como la principal renta criminal del país, otras economías ilegales presionan la seguridad y la economía. Según el Ministerio de Defensa, entre enero y julio de 2025 el secuestro extorsivo prácticamente se duplicó, con 188 víctimas frente a 99 del año anterior, mientras que el total de secuestros pasó de 131 a 143, y el número de víctimas de 160 a 249, un incremento del 56%. Aunque la extorsión cayó 7% y la trata de personas 9%, los secuestros reflejan un reacomodo de las estructuras criminales hacia delitos que afectan de manera directa la libertad individual y el clima de inversión en varias regiones. El tráfico de migrantes, por su parte, se desplomó de 17 casos a apenas uno, aunque expertos advierten que puede tratarse de un cambio en las rutas o de un subregistro. Con todo esto, los analistas coinciden en que la descertificación no es un hecho aislado sino un síntoma de una dinámica más profunda con la expansión de las rentas criminales, dado que la combinación de mayores cultivos, más cocaína producida y un mercado internacional en auge abre el riesgo de que las mafias capturen sectores de la economía formal. Si bien una prueba de esto es lo que pasa con el contrabando, podrían extender su influencia a cadenas logísticas, comercio exterior, transporte y hasta sectores productivos estratégicos; poniendo en riesgo la cooperación internacional. minería ilegal sin freno Entre tanto, un reciente informe del Ministerio de Defensa reveló cifras sobre la situación que ha venido presentando la minería ilegal en Colombia. Según el estudio entre enero y julio de este año se intervinieron 3.923 minas, lo que significó un aumento del 21,6% frente a las 3.226 reportadas en el mismo período del 2024. Se resalta que esta cifra corresponde a los operativos de control que realiza la Policía Nacional a las actividades relacionadas con extracción ilícita de minerales que no se encuentre regularizada por la ley. A nivel mensual se reportó que en julio de este año se intervinieron 512 minas, lo que representó un incremento del 91,7% frente a las 267 del mismo mes del año anterior. En el mismo informe del gobierno Nacional se destaca que entre enero y julio de este año se han capturado a 948 personas por cometer este delito, un aumento del 12% en comparación con 848 reportadas en los primeros siete meses del 2024. En lo que respecta a julio se han realizado 135 capturas, un aumento del 73% en comparación con las 78 de hace un año. Vale mencionar que las capturas por extracción ilícita de minerales se traducen en la restricción al derecho constitucional de libertad de locomoción, que se materializa con la aprehensión física de una persona cuando es sorprendida en flagrancia o se encuentra comprometida en una u otra forma en la investigación penal o existe sobre ella una orden judicial, por la actividad de explotación ilícita de yacimiento minero y delitos contra el medio ambiente. Y en los últimos 10 años, el 2024 fue el año en el que más se intervinieron las minas ilegales en el país al llegar a 5.247, mientras que en 2022 la cifra fue de 2.413. Sin embargo, en los últimos 10 años han venido disminuyendo las capturas por este ilícito, ya que desde el 2022 hasta la fecha no se han superado las 1.200 por año. Es decir, en el 2016 fue el año en el que se judicializó a más personas y la cifra llegó a 2.560. Ante este panorama, la organización Fact Coalition resalta que la minería ilegal de oro se ha convertido en una de las economías ilícitas más grandes y de mayor crecimiento en el hemisferio occidental, con consecuencias devastadoras para la seguridad regional, los derechos humanos y el medio ambiente. "La minería ilegal de oro es una crisis regional que socava el Estado de derecho, daña el medio ambiente y alimenta el crimen organizado. Con importantes deficiencias en nuestras regulaciones contra el lavado de dinero y políticas comerciales, Estados Unidos se ha convertido en un centro para el producto de este delito, fortaleciendo así a redes criminales y regímenes autoritarios", dijo Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Finanzas Ilícitas de la Coalición FACT. Desde esta ONG se resaltó la situación de Colombia, en donde la minería ilegal de oro genera ahora más ganancias para los grupos del crimen organizado que la cocaína. Gran parte de este oro se blanquea a través de empresas fantasma y refinerías cómplices, para luego ser canalizado a los mercados financieros e inmobiliarios estadounidenses, explotando estructuras de propiedad poco transparentes para mantener el anonimato. Con lo anterior, Estados Unidos sigue siendo el mayor comprador de oro colombiano, con importaciones que totalizaron aproximadamente 1.400 millones de dólares solo en 2023, de las cuales se estima que el 80% proviene de la minería ilegal. Actualmente, el precio del oro durante el 2025 se ha incrementado en 30% y 39% y se cotiza en US$3.730 la onza. Por lo tanto, para Jorge Jaramillo, secretario de Minas de Antioquia este aumento genera un impacto en la activación de estas economías ilícitas de manera descontrolada. "Es que cuando los precios son muy buenos, obviamente se despierta el incremento hacia esta actividad de manera incontrolada y en verdad lo del gobierno no ha sido suficiente para tener mecanismos de control y también de fomento hacia una actividad formal. Verdaderamente una de las herramientas para controlar la ilegalidad es la formalización", resaltó el secretario de Minas de Antioquia. Además, mencionó que este problema se podría evitar disminuyendo la desigualdad en la formalización, generando empleo formal e impulsando el emprendimiento.
El exministro de Defensa y exembajador en Washington, Juan Carlos Pinzón, subraya el golpe simbólico que significa esta decisión y recuerda que Colombia fue durante casi 30 años reconocida como líder en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Ese prestigio, dice, se perdió por la política de contemporización del actual gobierno con los grupos armados. El exministro recalca que la lucha antidrogas no se hace para complacer a un gobierno extranjero, sino para proteger a los colombianos del poder corrosivo de las organizaciones criminales y señala que es "infame que, por un gobierno que no hizo su trabajo, hoy el país quede en entredicho internacionalmente" Así mismo, pese a la gravedad de la medida, Pinzón confía en que no se apliquen sanciones adicionales y que un nuevo gobierno logre recuperar el estatus y restablecer la cooperación plena con Estados Unidos.