Los conceptos importan

Un elemento clave de la democracia es que en la sociedad coexista una diversidad de opiniones y que predomine entre ellas un diálogo racional y constructivo. Esto producirá mejores políticas que las unanimidades forzadas de los sistemas totalitarios.

Para crear los indispensables consensos se necesita una terminología compartida y fijar los conceptos con claridad, exactitud y precisión. No es una empresa fácil. Las palabras, en lugar de ser utilizadas para aclarar el camino para el dialogo fecundo, también pueden ser esgrimidas como armas para envolver la discusión en una nube de prejuicios y emociones, precisamente con el fin evitar el análisis metódico de los problemas.

Una de esas palabras-fuerza es soberanía. Por una parte, es un concepto técnico de enorme importancia y complejidad. Por la otra, la palabra tiene un fuerte contenido emocional que la hace una espléndida arma en el debate político, muchas veces sobre asuntos que poco tienen que ver con el concepto mismo.

¿Qué entendemos por soberanía?

Soberanía en las relaciones entre los Estados significa independencia, el derecho de un Estado de ejercer sus funciones dentro de su territorio, con la exclusión de los demás Estados. La Carta de las Naciones Unidas establece que la "Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros". Todos los Estados poseen soberanía. La soberanía de cada Estado no es absoluta, sino está sujeta al Derecho Internacional. Aunque parezca contradictorio, los Estados en ejercicio de su soberanía asumen compromisos, se asocian en alianzas, negocian tratados, crean organizaciones internacionales, o se someten a tribunales internacional.

El término soberanía también se utiliza en el sentido de independencia económica. Por ejemplo, algunos Estados aplican estrategias de lo que llaman soberanía alimentaria: fomentan el desarrollo de su agricultura nacional para evitar depender de proveedores externos lo que los haría vulnerables en tiempo de crisis o de guerra. Llevadas a su extremo, las políticas de independencia desembocan en la autarquía. La idea de que los países deben ser autosuficientes. Pero estas políticas debilitan a los estados. Un análisis de la realidad indica que el nivel de vida de los habitantes de los países está en proporción inversa al grado de autarquía de su economía.

Otra área donde suele emplearse el término es en las discusiones sobre el papel del Estado en la economía. Por ejemplo, cuando se discute sobre el papel de las empresas públicas o la posibilidad de que el Estado contrate con privados el suministro de bienes o servicios. Los defensores a ultranza del Estado argumentan que esas políticas implican ceder espacios públicos y "profundizar la pérdida de soberanía". Aparentemente, opinan que la intervención del Estado en la economía tutela la soberanía. Pero no siempre es así. Un Estado ineficiente puede perjudicar la independencia del país.

La clave de la independencia económica de un país es su nivel de desarrollo económico, social y cultural. La paradoja es que ese desarrollo depende de su apertura económica y de su capacidad de competir en los mercados transnacionales. Es decir, de su aptitud para crear vínculos de interdependencia cada vez más eficientes y complejos.