La Nación, Costa Rica
26 de septiembre de 2025
La Contraloría recordó que el gobierno de Rodrigo Chaves no utilizó financiamiento disponible desde 2020, intentó hacer una contratación irregular mediante Racsa, y tardó meses en instalar escáneres donados por Estados Unidos.
La Contraloría General de la República (CGR) desmintió al gobierno de Rodrigo Chaves por "declaraciones infundadas" del mandatario y el ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Julio Carvajal, quienes afirmaron que el ente contralor ha obstaculizado la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.
En un comunicado divulgado este jueves, la Contraloría explicó que el gobierno no utilizó el crédito externo de $25 millones que está disponible desde el 2020 para esos dispositivos.
En febrero del 2024, el Ministerio de Hacienda decidió no usar esos fondos, por lo que el proyecto se quedó sin financiamiento.
"La instalación no se realizó antes por decisión del gobierno", aclaró el ente contralor.
Asimismo, la CGR recordó que un siguiente proceso para la compra e instalación de los escáneres tuvo que ser intervenido porque el gobierno pretendía realizarlo a dedo y sin concurso público, utilizando a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) como intermediario para que empresas privadas fueran adjudicadas sin la debida competencia.
"Este mecanismo impedía verificar la idoneidad de los proveedores y asegurar las mejores condiciones para el uso de los fondos públicos", detalló la institución.
Finalmente, la Contraloría recordó que, en marzo del 2025, se reveló que, desde noviembre del 2024, el país tenía dos escáneres donados por Estados Unidos, valorados en casi ¢1.900 millones. Sin embargo, dichos aparatos permanecían guardados, sin ser instalados ni utilizados.
"Los documentos de respaldo de esta información están disponibles para consulta. Los retrasos y la inacción que hoy afectan al país son responsabilidad del Gobierno, quien debe tomar decisiones y ejecutar las acciones necesarias.
"Desinformar y culpar a otros solo confunde a la ciudadanía y debilita la confianza pública", comunicó la CGR.
"Los retrasos y la inacción que hoy afectan al país son responsabilidad del Gobierno"
