La cuestión de las cárceles

Con la situación de las cárceles pasa algo paradójico: todo el mundo sabe que es una bomba de tiempo, nadie logra que se fije el tema como una prioridad, y las soluciones que se plantean de ninguna manera pueden arreglar el problema.

En primer lugar, son una bomba de tiempo. Hace muchos años que sabemos que las cárceles no cumplen el fin teórico de resocializar a los presos. Aquello que mandata el artículo 26 de la Constitución, que dice que "en ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito" resulta pura ciencia ficción. Es más, ese mismo artículo fija que no se aplicará la pena de muerte: algo que, por la cantidad de muertes que se suceden en las cárceles, sabemos que no es así hace mucho tiempo. Hay pena de muerte y de la peor manera: en función de códigos delictivos y sin ninguna garantía del debido proceso de ningún tipo.

En segundo lugar, sabemos que la forma que hemos encontrado de enfrentar el enorme aumento de la inseguridad que golpea a la sociedad desde hace por lo menos veinte años, ha sido condenar a los delincuentes a la cárcel. Esto ha hecho que nos hayamos transformado en uno de los países del continente con más presos por habitantes, y que nuestra población carcelaria supere actualmente las 15.000 personas. Para comparación, por ejemplo, en los años noventa el total era del entorno de 2.000 personas.

Esto genera dos consecuencias: por un lado, la carrera contra el hacinamiento carcelario está casi siempre perdida, ya que la inversión que se requiere es cada vez más demandante. Por otro lado, aparece una fuerte presión, sobre todo desde la izquierda, de "desprisionalizar" las cárceles. Esto quiere decir que como estamos ante tanta cantidad de presos y ante tantas dificultades de aumentos de gastos que todo esto genera, más vale promover medidas alternativas para los delincuentes.

Aquí es donde las soluciones coyunturales de ninguna manera resuelven el problema de fondo. En efecto, con más de 16.000 rapiñas y 280 asesinatos por año, no es posible pasar a dar un mensaje social que puede interpretarse como "roben que no van presos". Ciertamente, hubo una mejora radical de la inseguridad entre 2020 y 2025, pero no estamos ni cerca de los guarismos que teníamos, por ejemplo, hace veinte años atrás. Quitar gente de las prisiones cuando están cumpliendo su pena, o pasar a no sancionar con prisión ciertos delitos, con tal de bajar así la cantidad de presos en el país, significará, simplemente, agravar rápidamente la situación de inseguridad.

Para enfrentar realmente la extrema gravedad de la situación de las cárceles se precisa innovar radicalmente. Por un lado, el salto de inversión tiene que venir del mundo privado. Para el estatismo uruguayo sonará horrible, pero es una evidente urgencia nacional: seguramente haya que privatizar la construcción de más cárceles, por ejemplo. Lejos de aliviar penas, se necesita tomar los recaudos para que efectivamente los 15.000 reclusos mejoren sus condiciones de prisión. Pero por otro lado, se precisa también un mayor protagonismo educativo para que los presos puedan adquirir herramientas de trabajo para cuando llegue el momento de la salida de la cárcel: de nuevo aquí haya que apelar seguramente a esfuerzos privados en conjunción con lo público para cumplir con estos objetivos.

Hemos preferido por años mirar para otro lado mientras que las cárceles se hacían cada vez más grandes y la inseguridad no dejaba de crecer. El fracaso, fenomenal, que está en la raíz de todo el problema, es el de la educación popular, que lleva a que el camino del delito y de la anomia social sean posibilidades llamativas para cierta parte de unas nuevas generaciones que, escasas de recursos educativos, usan al delito como forma aviesa de ascenso social. Pero si decidimos mirar de frente el problema del delito y de las cárceles no es bajando las penas que podremos resolverlos. Por el contrario, es premiando a la gente honrada, que sigue siendo la más numerosa en las clases populares, al dejar bien en claro que el delito es y seguirá siendo fuertemente sancionado. Y es también ocupándonos con herramientas distintas de la situación gravísima que sufrimos en nuestras cárceles.

Infelizmente, la ideología izquierdista que anima a esta administración no parece ser capaz de tomar el toro por las astas en este tema. La cuestión de las cárceles seguirá agravándose.