Superhéroes de la integridad territorial

La pandemia de 2020 nos dejó una verdad ineludible; los problemas se resuelven en lo local. Alcaldes y gobernadores estuvieron en la primera línea de las necesidades ciudadanas, desde el reparto de mercados hasta la logística de vacunas. Esta experiencia evidenció la urgencia de mejorar la descentralización con más recursos y decisiones en lo local, mayor autonomía para quienes gobiernan los territorios. Hoy, esta visión se materializa con nuevas normas que entregan a las regiones la llave de su propio desarrollo. Pero, en este proceso de empoderamiento, surge una pregunta crucial que no podemos ignorar: ¿quién vigilará a quienes reciben este nuevo poder y estos mayores recursos? La Constitución organizó al Estado con un delicado equilibrio de poderes: el Ejecutivo gobierna, el Congreso legisla y la Rama Judicial controla y sanciona. A esto se suman organismos independientes como las Contralorías y la Procuraduría, encargados de velar por la transparencia en el uso de los recursos y la integridad de los servidores públicos. Este mismo esquema se replica en los territorios. Gobernadores y alcaldes ejecutan; asambleas y concejos regulan; y contralores departamentales y municipales, junto con personeros, vigilan. En teoría, un sistema robusto de pesos y contrapesos; en la práctica, un engranaje a menudo vulnerable. Escándalos como el ‘cartel de la hemofilia’ en Córdoba, los elefantes blancos en la costa Caribe o los sobrecostos en la contratación de alimentos escolares no son rumores; son heridas abiertas que evidencian una corrupción regional persistente. Esta fragilidad cobra hoy una relevancia mayor. Nos encontramos en plena transición hacia un aumento significativo de recursos para las regiones. El Acto Legislativo 03 de 2024 incrementó el porcentaje del Sistema General de Participaciones (SGP) destinado a departamentos y municipios. A partir de 2027, los territorios manejarán una caudalosa suma de recursos -el SGP pasará de cerca del 28 % al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación-, es decir, de algo más de 70 billones a unos 115 billones anuales. Este flujo conlleva mayores responsabilidades en salud, educación, infraestructura y programas sociales, cuyas competencias territoriales se definirán por ley. ¿Quién se encargará de vigilar semejante caudal de recursos? Los nuevos contralores territoriales. No podemos verlos como burócratas de rutina; deben ser los superhéroes de la integridad territorial, capaces de ponerse la capa y poner la lupa a cada contrato, de levantar la voz frente a las presiones políticas y de cuidar hasta el último peso como si fuera propio. Su labor es ser línea de defensa contra la corrupción. La descentralización es una necesidad imperante, pero más poder sin más control es un riesgo enorme que no podemos permitirnos. Por eso, las elecciones que se adelantan por estos días en los concejos y asambleas para escoger contralores locales son mucho más que un simple trámite. Son una prueba de fuego, una oportunidad para designar a quienes serán los protectores del bien común en los próximos años. La descentralización solo será una verdadera oportunidad si camina de la mano con la capacidad de gestión de los mandatarios y con la capacidad de control de los contralores. Una sin la otra es cojear; las dos juntas son la promesa de un Estado cercano, íntegro y confiable. Al final, no se trata solo de descentralizar recursos, sino de descentralizar la confianza, que es el cimiento de una sociedad justa, y se construye con decisiones concretas como procesos meritocráticos para elegir a los contralores, formación técnica permanente, uso de auditorías digitales y rendición de cuentas abierta. Solo así los ciudadanos podrán estar seguros de que hay alguien cuidando su plata y su futuro.
La elección de los contralores locales
Patricia Rincón Mazo
La descentralización es una necesidad imperante, pero más poder sin más control es un riesgo enorme que no podemos permitirnos.