Gobierno no abre licitación para tres cárceles cuya concesión termina en enero y MOP negocia extender contrato por decreto

Faltan tres meses para el fin de la concesión de las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua en enero de 2026. Sin haber iniciado un proceso de licitación, hoy el Ministerio de Justicia y el MOP negocian con la concesionaria una extensión del contrato, o más bien, escucha las condiciones que pone la Sociedad Concesionaria BAS para renovarlo, pues si deciden no continuar, en enero habrá "una crisis carcelaria que el Estado no está preparado para asumir", dicen expertos. Los tres penales reúnen a 7.600 reos: 3.000 en Alto Hospicio, alrededor de 2.300 en Rancagua y un número similar en La Serena.
El proceso debería haber empezado hace más de un año mediante la apertura de la licitación; sin embargo, eso no se produjo. Fuentes de la industria explican que, a riesgo de abrir una licitación y quedase sin oferentes, prefirieron negociar "bajo presión" con la actual concesionaria extender el contrato por dos años. Tenía la experiencia de los procesos licitatorios para las cárceles de Talca y Copiapó, donde solo se presentó una empresa: la Constructora San José.
Ahora, la autoridad espera extender la concesión mediante un decreto supremo hasta 2027, e hizo presente al consorcio -que conforman Sodexo, Besalco y la Sociedad de Concesiones Chile (antes Astaldi)- la necesidad "urgente" de densificar las cárceles y dar solución a la crisis de hacinamiento, dicen fuentes al interior, puesto que el contrato incluiría una ampliación en infraestructura y servicios en los tres recintos.
"Las negociaciones ya finalizaron y existe un acuerdo", afirma el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz. "La Sociedad Concesionaria operará las cárceles por 24 meses más e incluirá 1.005 plazas adicionales mediante densificación. Ya hay un decreto en tramitación", agrega.
Desde la Dirección de Concesiones dicen que efectivamente existe diálogo desde 2023 con la concesionaria para ampliar y densificar los recintos. Besalco, uno de los accionistas del consorcio, ya hizo pública su intención de no continuar con este contrato. Y, pese a que el Gobierno señala que ya hay acuerdo con las otras empresas que conforman el Grupo 1, desde la concesionaria declinaron afirmar eso a "El Mercurio".
Concesiones adelanta, además, que hoy existen convenios de mandato firmados por el MOP y Justicia para iniciar los procesos de licitación de estos recintos. De hecho, se decidió dividir el actual grupo en dos licitaciones: una por Alto Hospicio y La Serena, y otra por Rancagua. Esperan efectuar el llamado a licitación el año 2026.
"No estamos frente a una crisis"
En Chile existen cerca de 42.000 plazas para reos, mientras que los registros de Gendarmería a junio muestran que la población carcelaria ya supera las 61.000 personas.
El subsecretario Muñoz asevera que "no estamos frente a una crisis". "Como Gobierno hemos tomado todas las medidas para garantizar la continuidad en la operación de los recintos y asegurar que las licitaciones lleguen a buen puerto". Agrega que el proceso original se modificó porque la Dirección de Presupuestos instruyó en enero pasado que, en vez de seguir con las ingenierías de ampliación, se avanzara en una relicitación. "Eso nos obligó a ajustar los plazos, pero en ningún caso significa improvisación", sostiene.
Subraya que apenas tuvieron la instrucción de Dipres, pidieron formalmente a Concesiones que iniciara las licitaciones y tramitara la extensión de las concesiones vigentes para asegurar continuidad.
Ahora bien, "no basta con la voluntad unilateral del Estado para extender el contrato: se requiere una negociación formal y el consentimiento explícito de la sociedad concesionaria", señalan expertos.
Si no se logra un acuerdo, "el concesionario no estaría obligado a continuar con la operación", comenta Óscar Gajardo, socio de GDO Abogados y experto en concesiones.
Y hay un aspecto relevante que condiciona la negociación. Luego del término de una concesión viene la entrega de las obras, donde el MOP revisa el estado de las instalaciones, si cumplen con lo que se había acordado en un inicio, y si percibe fallas puede cobrar hasta 300.000 UF por incumplimientos o falta de mantención. Y en el sector aseguran que esa revisión genera cierta "disposición" a que el privado acepte la propuesta del MOP, por temor a una represalia en esa línea.
"Si no se alcanza un acuerdo con el concesionario, la autoridad debe activar un plan de contingencia, para asegurar la operación del recinto sin interrupciones. De lo contrario, se podrían generar riesgos operativos, jurídicos y reputacionales para el Estado", agrega el abogado.
Si tal fuera el caso, Gendarmería tendría que asumir los servicios y la administración completa, un proceso complejo en recintos como el de Alto Hospicio, por ejemplo, donde la población carcelaria ya alcanza los 3.000 reos.
Además de la seguridad, tendrían que asumir roles en la reinserción social, aseo, control de plagas o lavandería, que "se llevan a cabo por los mismos reos de buen comportamiento", dicen desde Gendarmería. También, está la mantención de la infraestructura y el equipamiento de cada cárcel, y la contratación directa de operadores transitorios para labores de alimentación o salud.
"El Estado siempre ha estado preparado. La mayoría de las cárceles en Chile funcionan bajo administración directa de Gendarmería. Pero lo que corresponde aquí es asegurar una transición ordenada: que la actual concesión se extienda mientras se lleva adelante la nueva licitación", sostiene el subsecretario Muñoz.
"El modelo ya no es atractivo"
El Gobierno puso a la seguridad como un tema prioritario en la política pública y diseñó un Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria. En mayo de 2024, el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, señaló que Alto Hospicio, por ejemplo, era "una de las zonas prioritarias para el plan de infraestructura y el plan de ampliaciones de cárceles concesionadas".
Óscar Gajardo, quien además fue jefe de la defensa judicial de Concesiones del MOP, comenta que no es la primera vez que se producen cambios relevantes al contrato original mediante decretos o convenios complementarios extendiendo la vigencia más allá del plazo original, aunque sí para el sector de las cárceles.
"La Ley de Concesiones de Obras Públicas, en su artículo 19, permite modificar las características de las obras concesionadas". Ahora bien, "estas renegociaciones pueden incluir ajustes en plazos, inversiones adicionales, cambios operativos o nuevas exigencias técnicas, y aunque no implican una relicitación deben estar debidamente justificadas en razones de interés público", agrega.
Pero hay un elemento de fondo, que es una baja progresiva en las propuestas que compiten en las concesiones. En el proceso por la cárcel de Talca ganó el único oferente en disputa, la Constructora San José, que ofreció UF 86.500 para la habilitación (unos US$ 3,5 millones), y UF 150.000 semestral (US$ 6,1 millones) como subsidio a la operación. Esta empresa construyó antes también los hospitales de Maipú y La Florida.
De hecho, en la licitación para la cárcel de Talca el subsidio a la construcción fue casi el doble del que se definió para Santiago 1, y según fuentes de la industria, tendría que ver con mejorar la oferta para que haya al menos una oferta, que fue lo que ocurrió.
En julio de este año se llevó a cabo la Recepción de Ofertas Técnicas y Económicas para el proyecto Cárcel El Arenal de Copiapó, que supone una inversión estimada de UF 7.120.300 (alrededor de US$ 300 millones). Nuevamente, la Constructora San José fue el único que se presentó.
Hay aspectos que alejan a los posibles postulantes a licitaciones -señala Gajardo-, como los largos plazos de tramitación y puesta en marcha, que significan cambios en los costos y que incluso, en el caso de las cárceles, puede generar una obsolescencia tecnológica porque los sistemas pierden vigencia luego de 12 años que puede tardar en concretarse un proyecto.
"Una de nuestras principales preocupaciones está en mejorar las condiciones para así incrementar el interés de participar en procesos de licitaciones, revirtiendo la tendencia de los últimos años", subrayan en la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa).
Por ahora, quién administraría las cárceles de Alto Hospicio, Rancagua y La Serena será la misma concesionaria, aunque aún se está a la espera del decreto.
En dos de las últimas licitaciones para cárceles, de Talca y Copiapó, solo participó la Constructora San José.