Ley de Competencias

Julián López Murcia
Los países no progresan de forma sostenida por la genialidad de un líder, sino por la solidez de sus instituciones. Las instituciones bien diseñadas permiten mejorar el bienestar de todos los habitantes; sin ellas, o con instituciones defectuosas, las naciones se estancan o retroceden. La historia es clara en su lección: cuando un caudillo prevalece sobre las instituciones, solo prosperan quienes aprenden a satisfacer su ego. Entre las instituciones más importantes de cualquier país están las normas que definen la asignación de recursos, responsabilidades y autoridad entre los distintos niveles territoriales de gobierno. Pocas instituciones impactan de manera tan directa las posibilidades de desarrollo de una nación. Sin embargo, el borrador del proyecto de Ley de Competencias preparado por el Gobierno parece no reconocer lo que está en juego. Este borrador busca desarrollar la reforma constitucional que aumentó significativamente el porcentaje de los ingresos corrientes de la nación destinados a departamentos, municipios y entidades territoriales indígenas, con la correspondiente disminución en el porcentaje asignado al gobierno nacional. Por esta razón, diseñar una nueva distribución de competencias -que equilibre la transferencia de recursos con la asignación de responsabilidades- constituye uno de los propósitos centrales de esta ley. No obstante, el borrador no determina con claridad qué hará cada nivel de gobierno. Por el contrario, incluye extensos listados con múltiples duplicidades. Por ejemplo, asigna -en los mismos términos- labores de inspección, vigilancia y control, asistencia técnica y cofinanciación tanto a la nación como a los departamentos. En temas como planeación y gestión de riesgos de los recursos hídricos hace lo mismo, pero incluyendo también a los municipios. Además, para justificar la generalidad del texto, traslada la definición de competencias a instancias dominadas por el gobierno nacional. También resulta pobre en innovaciones institucionales. Mantiene el énfasis sectorial (salud, educación, agua y saneamiento) y la pretensión de control desde el gobierno nacional con los mismos instrumentos de hace veinte años. Habla de cierre de brechas, reconocimiento de capacidades y ordenamiento territorial alrededor del agua, pero sin instrumentos concretos para cambiar el rumbo. Le falta valentía para proponer cambios como la asociatividad obligatoria inicial entre municipios de una misma subcuenca o mayor autonomía regulatoria para ciudades como Bogotá. Lo que sí incluye el borrador -con gran detalle- son reformas en los sectores de salud, educación, agua y saneamiento en cuanto a los prestadores, a pesar de que esto no corresponde a este proyecto de ley. No encuentro justificación para estas inclusiones, entre otras razones porque el proyecto fue socializado sin exposición de motivos. No hay forma de verificar cuál es el diagnóstico de los problemas ni la justificación de las medidas propuestas. Ojalá el gobierno sea receptivo frente a un proyecto que puede ser, de lejos, el cambio institucional más importante para la sociedad colombiana bajo su responsabilidad.
?PhD (socio Nalanda Analytica)