Director de Patrimonio de IMM no frenó demolición de casona con vitrales para no afectar intereses creados

El juez Alejandro Recarey afirmó que el director de la Unidad de Protección de Patrimonio de la Intendencia de Montevideo (IMM), Ernesto Espósito, reconoció que la comuna no adoptó, en el marco de reclamos de vecinos, ninguna medida para no perjudicar "intereses creados" de inversores que compraron una casa antigua y con valor arquitectónico en Punta Carretas.

La Unidad de Protección de Patrimonio de la comuna capitalina es la encargada de la identificación y salvaguardia de bienes en régimen patrimonial.

Espósito declaró como testigo ante el juez Recarey en tras un medida cautelar planteada por la organización no gubernamental "Patrimonio Activo" que busca evitar la demolición de una residencia de Punta Carretas que posee vitrales históricos y cuyo estilo constructivo es Art Decó.

En el fallo, Recarey sostiene que tanto las características de la casa "Blas Griffoni" como de la zona capitalina sobre la que fue levantada (Punta Carretas), llevan a que se constate "razonablidad" en la denuncia de los vecinos que afirman que se está demoliendo una vivienda con valor patrimonial y a que se señale "una probable omisión estatal", en este caso por parte de la intendencia capitalina.

La eventual omisión se procesa en otro juicio. En tanto, el juez Recarey se pronunció sobre si se debía o no detener las tareas de demolición.

Como forma de explicar la "inacción" de su departamento en cuanto a iniciativas de estudio sobre el destino final de residencia, Espósito afirmó al magistrado que no tuvo mandatos superiores al respecto.

Además, Espósito declaró que en ningún momento, ni antes ni después de que la IMM otorgara a la empresa el permiso de demolición de la casa "Blas Griffoni", su repartición fue alertada acerca de movilizaciones de vecinos para preservar la vivienda. La casa poseía vitrales realizados por el mismo especialista que construyó los del Palacio Legislativo.

Sin embargo, sostiene el juez, surge del expediente que la Intendencia de Montevideo tuvo sí "conocimiento de varias iniciativas" destinadas a advertirle acerca del posible valor histórico-cultural del inmueble. De ser esto así, Espósito, que fue a sede judicial en representación del gobierno capitalino, podría haber incurrido en un eventual delito de falso testimonio.

"Hasta la conflictividad judicial que se proyecta sobre el bien desde hace como mínimo un par de meses, habla de ello (del valor de la histórico de la casona). Sea como fuere, la Comuna optó por desoír los avisos (de los vecinos que reclamaban por la no demolición de la casa), sin emprender ninguna acción concreta destinada a develar la situación", agrega la sentencia.

Recarey señala, además, que "fue claro" el director Espósito en el juzgado respecto a que la evaluación de los factores de protección de bienes supuestamente históricos o con valor patrimonial es dinámica.

Y que, además, cuando Espósito fue preguntado en forma específica acerca de por qué la IMM no había resuelto una postergación de la demolición de la casa en el estado en que se encontrase hasta tanto la comuna capitalina no estuviera segura de que la finca carecía de interés patrimonial-cultural, el jerarca municipal respondió que "eso no ocurrió en orden a no perjudicar intereses creados".

Según el juez Recarey, "esta espontánea transparencia (por parte de Espósito) es determinante" y "corresponde a todas luces impedir que (se siga adelante con la demolición por) 'intereses creados' que no pueden ser otros que 'los de empresarios inmobiliarios'". Estos ya extrajeron los vitrales y comenzaron a demoler la casona con el propósito de construir un edificio en este punto, a metros de la rambla y frente a la Facultad de Ingeniería.

El magistrado dijo que no podía analizar el tema de forma precipitada, sin una evaluación seria y detallada, y agregó que se imponía hacer lugar a la medida cautelar de que no se derribara la casa hasta que se realizara un estudio más detallado del caso.

En otro orden, el juez Recarey eximió a los demandantes la organización llamada "Patrimonio Activo" de presentar una contra cautela. "La envergadura patrimonial de lo que está en juego, hace literalmente imposible que los gestionantes (los integrantes de la ONG) pudieran satisfacer una garantía. Como sucede en estos casos, donde simples ciudadanos cuestionan la tarea de grandes empresas privadas, requerir contra cautelas como condición sine qua non supondría ni más ni menos que impedir toda defensa territorial cultural. Algo de suyo inadmisible", indica el fallo.

Finalmente, el magistrado hizo lugar a la medida de no innovar, lo que implica que se detenga la demolición de la casona hasta que se realicen estudios más profundos para determinar si está protegida o no desde el punto de vista patrimonial.

El juez ordenó a la empresa propietaria de la finca conservar, en el estado en que se encuentran actualmente, todos los elementos vitrales, puertas y ventanas de maderas antiguas que fueron extraídos durante parte de la demolición de la casona y fueron llevados a otro lugar.

La empresa constructora y la intendencia apelaron la decisión de Recarey.

El juez también estableció la realización de una inspección ocular en la residencia para el próximo miércoles, a las 14:00 horas.

Críticas

En julio de este año, vecinos de Punta Carretas cuestionaron la decisión de la Intendencia de Montevideo de autorizar que una empresa realizara la demolición de la casona estilo Art Déco que tiene en su interior varios vitrales elaborados por el italiano Arturo Marchetti, quien también construyó 28 ventanales de estilo en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.

En una cuenta de Instagram, los vecinos señalaron que este año el Palacio Legislativo conmemorará los 100 años pero que, a la vez, el Estado autoriza la demolición de esta propiedad "destruyendo las obras de este reconocido artista italiano".

"En su lugar van a construir un edificio nada destacable proyectado por una constructora, a la cual no se le ocurrió incluir la propiedad en el proyecto. Incongruencias montevideanas a las que lamentablemente ya estamos acostumbrados", agregaron los vecinos.