La Nación, Costa Rica
11 de octubre de 2025
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó este viernes la restitución inmediata de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), quienes habían sido destituidos por el Poder Ejecutivo el pasado 28 de mayo.
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó este viernes la restitución inmediata de cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), quienes habían sido destituidos por el Poder Ejecutivo el pasado 28 de mayo.
El tribunal, conocido como Sala IV, declaró con lugar por mayoría los recursos de amparo presentados por los directivos, anulando las resoluciones firmadas por el vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien lideró el procedimiento disciplinario. La decisión judicial considera que la destitución vulneró la autonomía bancaria y los derechos de los afectados.
Los directivos que deberán volver a sus puestos para completar el período para el que fueron nombrados son Carlos Rodolfo González Cuadra, José Manuel Arias Porras, Marvin Arias Aguilar y Maricela Alpízar Chacón.
El conflicto se originó cuando el gobierno de Rodrigo Chaves, a través del vicepresidente Brunner, removió a la totalidad de la Junta Directiva. El Ejecutivo argumentó que existieron irregularidades y falta de transparencia en el nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerenta general de la institución, citando un proceso de reclutamiento acelerado y sin los filtros adecuados.
No obstante, la medida fue controversial desde el inicio. El propio órgano instructor del procedimiento administrativo no encontró méritos para justificar sanciones. Además, informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y de asesoría jurídica habían concluido que no hubo transgresiones a la normativa en dicha designación.
La decisión del Ejecutivo fue calificada por diversos sectores como una posible desviación de poder y una violación al debido proceso y a la autonomía del Sistema Bancario Nacional. Los críticos señalaron que el vicepresidente habría asumido funciones que no le correspondían, generando un fuerte debate sobre la independencia administrativa de los bancos públicos.
Con el fallo número 2025-33364, la Sala IV anula todo lo actuado por el Ejecutivo en este caso, incluyendo el nombramiento de los directores sustitutos, y reafirma las garantías constitucionales que protegen a las instituciones bancarias del Estado.
