Contra el reloj: los pendientes del presupuesto

Comenzó la cuenta regresiva para que el Congreso apruebe el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 y, al tiempo, aumenta la probabilidad de que deba ser expedido nuevamente por decreto. Este monto será la base financiera para la recta final del gobierno Petro y para el inicio de la administración que llegue el 7 de agosto de 2026. El proyecto de ley pasó su primer debate en las comisiones económicas conjuntas el 25 de septiembre, tras un acuerdo con el Ejecutivo para un recorte de 10 billones de pesos y dejar el presupuesto en 546,9 billones de pesos. Pese a esa reducción, el PGN sigue desfinanciado en 16,9 billones, cifra que depende de la aprobación de la nueva reforma tributaria que radicó el Gobierno. El Congreso tiene hasta el lunes como plazo máximo para aprobar el presupuesto y enviarlo a sanción presidencial. Por esto, el calendario está sumamente apretado para realizar el debate y la conciliación que faltan. Adicionalmente, parece que no hay ambiente para aprobar la iniciativa. Mientras que en la Cámara de Representantes el Gobierno tiene los votos para mantener el monto de 546,9 billones de pesos, en el Senado insistirán en reducirlo a, por lo menos, 532 billones. Tanto la plenaria de la Cámara como la del Senado tienen que reunirse por aparte para aprobar el proyecto en su segundo debate. La ponencia del Senado ya fue radicada, pero en la Cámara aún no hay movimientos. Para cumplir con los plazos, debería aprobarse a más tardar el sábado, lo que daría tiempo para anunciar la votación de la conciliación el 19 de octubre y votarla al día siguiente. Si el Congreso no le mete el acelerador a este trámite, se estaría abriendo la puerta para que se expida vía decreto, como pasó con el monto de 2025. "El presupuesto del Gobierno constituye un pilar esencial para la confianza en la economía colombiana. Adoptarlo por decreto solo profundiza la incertidumbre y nos aproxima a una dictadura fiscal", aseguró César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana. Además, destacó que, "en un Estado verdaderamente democrático, (...) es fundamental que sea el Congreso quien apruebe el presupuesto". Si se expide por decreto, el exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño explicó que la Presidencia deberá adoptar el mismo texto que se aprobó en las comisiones económicas conjuntas, que incluye el recorte de 10 billones de pesos. "De no aprobarse será un golpe fuerte para el Gobierno en su capacidad de negociación. Sería el fin del gobierno Petro en materia legislativa", comentó. No obstante, el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que 546,9 billones de pesos "sigue siendo un monto que el país no es capaz de financiar y que tiene, por lo menos, un desfase de 45 billones". Y agregó que "lo negativo sería que no se obligó al Gobierno a hacer un proceso de austeridad en el gasto de funcionamiento para tratar de controlar más billones de pesos de los que actualmente desfinancian el presupuesto". Aunque también indicó aspectos positivos de la expedición por decreto. Por un lado, se tendría que hundir la reforma tributaria y, por el otro, se descartan las facultades extraordinarias para el primer mandatario, que estaban relacionadas, entre otras, con el manejo de deuda y la posibilidad de reprogramar las vigencias futuras y modificar los rubros de gasto. "Lo óptimo sería que el Congreso hunda la reforma tributaria y, simultáneamente, le exija al Gobierno disminuir el gasto público en los 26 billones de pesos de esa tributaria", dijo. Si la tributaria no se aprueba, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advierte que el Gobierno tendría que recurrir nuevamente a aplazamientos o recortes de gasto. "Esto rompe el principio de representación en el gasto público, porque las decisiones sobre qué se recorta o aplaza quedarían exclusivamente en manos del Ejecutivo, sin debate ni control legislativo", afirmó. Para el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, el mayor riesgo de la vía del decreto es que el Gobierno vuelva a usar la estrategia de 2025. Según recordó, se anunció un presupuesto con un aplazamiento equivalente al monto de la reforma tributaria, pero ese aplazamiento no se convirtió en un recorte efectivo y el gasto fue mayor al deseable dadas las capacidades de recaudo. Por esto, entre otras, Fedesarrollo estima que el déficit fiscal de 2025 será del 7,5 por ciento del PIB, más alto que el 7,1 por ciento que espera el Ejecutivo. Para el 2026 podría superar el 8 por ciento del PIB, "una cifra sin precedentes en nuestra historia moderna". El Observatorio Fiscal de la Javeriana también llama la atención sobre riesgos jurídicos si el Congreso no aprueba. "El presupuesto no solo define ingresos y gastos, sino que incluye disposiciones generales que tienen carácter de ley. Si el Ejecutivo expide el presupuesto por decreto, podría carecer de competencia para aprobar algunas de esas normas, lo que generaría inseguridad jurídica y afectaría la ejecución presupuestaria del próximo año", señaló.