Se estima que el juicio puede comenzar a principios del año que viene, pero aún faltan etapas intermedias por transcurrir.
Gustavo Penadés, ¿culpable o inocente? Esta pregunta, que se repite desde hace dos años, finalmente se responderá en un juicio oral, luego de que la semana pasada la
Fiscalía cerrara la investigación contra el exsenador.
A partir de la fecha en que las defensas de los imputados son notificadas de la presentación de la acusación, tienen 30 días para dar su respuesta. En ella, pueden proponer una teoría del caso alternativa que implique la inocencia de sus clientes y pueden ofrecer prueba que sustente esto.
Además, la Fiscalía afirmó en su acusación e hizo público en la audiencia de medidas cautelares que presenció El País que pretende que cuatro víctimas declaren nuevamente en forma anticipada, esto es, antes de que comience el juicio. Esto fue cuestionado por los defensores del exsenador, quienes sostuvieron que el
Ministerio Público pretende que se rectifiquen inconsistencias que han tenido en sus discursos. En ese contexto, citaron el caso de
Javier Viana, quien dijo ante la jueza Vargas que tenía 17 años cuando conoció a Penadés y luego en Fiscalía reconoció que en realidad ya era mayor de edad.
La fiscal
Isabel Ithurralde dijo en audiencia que esta instancia, en realidad, es para que declaren sobre cuestiones de las que aún no testificaron, no para hablar sobre los mismos hechos. Insistió en que no cambiarán ninguna versión.
Esas declaraciones, si son admitidas por la jueza, ocurrirán antes del juicio. Es decir, podrían llevarse adelante en los próximos 30 días mientras las defensas tienen plazo para contestar o en etapa de control de acusación.
Esta es otra instancia que debe llevarse a cabo previo al juicio. Allí se definen qué pruebas serán expuestas en esa etapa. El mecanismo es el siguiente: en la acusación y en la contestación, la Fiscalía y las defensas proponen las pruebas que entienden pertinentes para probar sus teorías. Pero no todas esas pruebas son aceptadas para el juicio.
Antes deben pasar el filtro de audiencia de control de acusación, donde todas las partes debaten prueba por prueba si estas son pertinentes y legales. La jueza del caso,
Marcela Vargas, deberá decidir una por una si permite que ingresen al juicio o no. Esas decisiones son apelables y quien tiene la palabra final es, entonces, un Tribunal de Apelaciones. En los casos normales, estas audiencias duran una o dos sesiones. En megacausas como
Operación Océano han llevado meses y en el
caso Ursec más de un año.
En la causa Penadés, es probable que si todo ocurre como está planeado, las audiencias de control de acusación puedan comenzar antes de fin de año.
El abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República,
Juan Williman, dijo en entrevista con Informativo Carve que estimaba que el juicio propiamente dicho inicie a comienzos de 2026, tras la feria.
Como cada decisión tomada en las audiencias de control de acusación son apelables, antes de comenzar el juicio hay que esperar a que falle el Tribunal de Apelaciones (algo que, normalmente, puede llevar desde algunas semanas hasta un par meses). Con toda la información, Vargas debe confeccionar un documento llamado "Auto de apertura a juicio" que es con el que el nuevo juez guiará el proceso. Allí constan las teorías del caso de cada parte y la prueba que fue admitida.
Recién en ese momento se podrá sortear quién es el nuevo juez. ¿Por qué otro juez? Porque la normativa uruguaya establece que quien juzgue no tiene que haber tenido ningún contacto con el caso. Es una persona que viene con "ojos frescos" a evaluar toda la prueba que se le presente.
En Uruguay, los juicios son orales y públicos, por lo que todos los testigos deben comparecer al juzgado y declarar frente al juez (salvo aquellos que tienen sus identidades reservadas o fueron intimidados, que declaran desde otros lugares).
En Montevideo hay 15 jueces penales que podrían ser elegidos. Pero hay al menos dos, que ya de plano están descartadas. Ellas son la propia Vargas y
María Noel Odriozola, quien estuvo supliendo a la titular en una de las audiencias.
El nuevo juez, luego de recibido el expediente, cuenta con tres meses de plazo para convocar a juicio oral.