Tierra por votos

Justo en época electoral y a las puertas de realizarse la consulta del Pacto Histórico, el senador Iván Cepeda -en compañía de toda la bancada que integran los excomandantes de las Farc- acaba de radicar en el Congreso un proyecto de ley que busca abrir la posibilidad legal de que se adjudiquen baldíos en zonas de reserva forestal (Proyecto de Ley 270 de 2025). ¡Así como se oye! Algo totalmente inadmisible hasta la fecha. Para conservar nuestros recursos naturales renovables e impedir la expansión irracional y devastadora de la frontera agrícola, en el año 1959 el Congreso creó las zonas de reserva forestal (ZRF), particularmente en el Amazonas, el Pacífico, el Magdalena, la zona Central, el Cocuy, la Sierra Nevada de Santa Marta y la serranía de los Motilones. Las ZRF son territorios sagrados. Para su protección absoluta, el artículo 209 del Decreto Ley 2811 de 1974 prohíbe perentoriamente que los baldíos de las ZRF puedan ser adjudicados, para ser explotados económicamente. En medio del silencio de los ambientalistas y de las ONG del ramo, la iniciativa legislativa de Cepeda empieza a transitar un camino subrepticio, que busca suspender la prohibición legal existente por 10 años, para que la Agencia Nacional de Tierras pueda, desde este gobierno, otorgar títulos de propiedad privada en predios que hasta ahora forman parte del patrimonio colectivo de los colombianos y, por qué no decirlo, del mundo, en calidad de reservas forestales. De esa manera, estas -de propiedad de la Nación- podrían pasar a ser de particulares. El país no puede pasar por alto que, de facto, la frontera agrícola ha empezado a comerse estos territorios, principalmente en manos de la ilegalidad. Allí el narcotráfico está haciendo estragos por los cultivos ilícitos, una de las principales causas de la deforestación de estas áreas. La cuarta parte de los cultivos ilegales existentes en Colombia se encuentra en zonas de reserva forestal. De manera que la iniciativa de Cepeda será el camino para que alrededor de 75.000 hectáreas de coca terminen en manos de sus actuales usurpadores. Hay que ser muy ingenuos para pensar que en esas zonas apartadas, sin infraestructura vial y sin presencia del Estado, se podrán llevar a cabo programas exitosos de sustitución de cultivos ilícitos. La colonización guerrillera ha sido otro de los factores de depredación de las reservas forestales. Prueba de ello fue la icónica incautación del 2016, realizada por la Fiscalía, sobre 186.000 hectáreas poseídas por las Farc, ubicadas en un área que atravesaba seis veredas de Cartagena del Chairá, en Caquetá, por donde pasa el río Caguán, reconocido corredor para la movilización de cargamentos de droga. Con el fin de quedarse con ese tipo de baldíos, la guerrilla ha movilizado a los campesinos de las zonas forestales para que los reclamen, sin adelantar un proceso de sustracción previa, como ocurrió, por ejemplo, en la Convención Nacional Campesina del 2022. Sería un despropósito que la ley premie a grupos levantados en armas titulándoles estos baldíos, con el riesgo de que consoliden corredores de exportación de cultivos ilícitos. No se necesita ser muy perspicaz para concluir que el filantrópico proyecto de ley puede estar inspirado en buena medida en regalar tierras de la Nación a cambio de votos. En vez de conminar al Estado para que conserve y proteja las zonas de reserva forestal, se pretende avanzar en su ruina, claramente con fines electoreros. Es una forma de utilizar bienes públicos con criterios partidistas. No sería la primera vez que ocurre. La academia ha demostrado que, entre 1930 y 1946, más de diez mil colonos y campesinos de todos los pelambres fueron adjudicatarios de 786.000 hectáreas baldías, a efectos de que el liberalismo librara su batalla política contra el conservatismo. Tanto así que en los municipios en donde se dio este punible canje de votos por tierra, el voto liberal pasó del 43 al 61 %. ¿Se repetirá la historia, ahora a favor del Pacto Histórico? Taponazo. Al contrario de lo que se afirma desde el micrófono oficial, la ley para acabar con la extradición es del gobierno actual.
El proyecto de Iván Cepeda
Néstor Humberto Martínez Neira
Sería un despropósito que la ley premie a grupos levantados en armas titulándoles estos baldíos, con el riesgo de que consoliden corredores de exportación de cultivos ilícitos.