Versos eutanásicos

Seguí con paciencia la reciente sesión del Senado que aprobó la ley de eutanasia.

Hubo indulgencia con los errores de redacción del proyecto. En más de una justificación de voto positivo escuché decir que "no es una ley tallada en piedra" y que "se puede modificar en el futuro". El miembro informante, Daniel Borbonet, dijo algo compartible: que al fallecimiento de quien no pide la eutanasia, "también yo lo considero una muerte digna". Sin embargo, apeló varias veces al concepto de dignidad vinculado a la decisión de adelantar el deceso, como lo hicieron prácticamente todos los senadores que se pronunciaron a favor.

Tanto él como su correligionario Eduardo Antonini propusieron salvar la contradicción constitucional, alegando que el artículo 7 de nuestra carta magna otorga el "derecho a ser protegido en el goce de su vida". Recurren al diccionario de la RAE para definir goce como "deleite, gozo, placer y disfrute", y explican que "hay situaciones en que no hay ningún goce, ningún disfrute de la vida, todo lo contrario". Si este fuera el parámetro de aprobación de una ley de muerte asistida, se entronizaría el hedonismo como la única justificación para estar vivo. Es obvio que no quieren decir eso, pero cuando defienden que un paciente con paraplejia pueda solicitar la muerte, abren la puerta a que las personas con discapacidades motoras renuncien a ella.

Por ese camino sinuoso va también Liliam Kechichian, cuando señala que "si alguien antes caminaba, o veía o no tenía dolores insoportables o no estaba paralizado (y ahora lo está), indudablemente hay un deterioro de la calidad de vida que el médico tratante puede certificar" (luego se contradice al decir que la discapacidad queda fuera del alcance de la ley, por suerte). Antonini llega aún más lejos, evocando al tradicional "despenador" que en el pasado recorría el campo de batalla en nuestras guerras civiles, para degollar a los heridos.

Sobre la negativa de los impulsores de la ley a incluir un psiquiatra que evalúe la aptitud psíquica del paciente que pide la muerte, la senadora Lilián Abracinskas dijo que "a mí nunca me hicieron ningún test para estar sentada en esta banca. Por lo tanto, si puedo estar acá opinando y mañana estoy frente a una enfermedad terminal que me hace la vida de cuadritos, nadie tiene que venir a decirme si soy psíquicamente apta". La comparación no parece de recibo; quien sufre de una depresión curable, bien puede ejercer sus derechos políticos, pero más vale que se lo diagnostique y medique antes de aprobar su intención de morir.

Sebastián Sabini contradijo a todos los que se ufanaron de que nos hallamos en el paraíso del paliativismo: "a nivel de los cuidados paliativos estamos en pañales. Hay mutualistas que los fines de semana no los hacen".

Y Constanza Moreira vinculó la importancia de la ley con el envejecimiento de la población: "Vivimos mucho y cuando se vive mucho se llega a un grado en que no se es autoválido. Y esa es la realidad de una demografía, en que nos hemos transformado en países de personas viejas. A mí me parece que un país envejecido como el Uruguay, tiene que tener una política que regule estas cosas; si no, nos estamos haciendo trampas al solitario".

Si en el momento de votar la ley, mezclan tan erróneamente a discapacitados y ancianos, ¿qué podemos esperar de su aplicación futura?