A por el ahorro de las pensiones

Jorge Restrepo
A finales de agosto el presidente ordenó intervenir el portafolio en el cual se invierte el ahorro pensional de los trabajadores: "... ese dinero regresará y será nuestra reforma pensional (sic)", refiriéndose a los subsidios a adultos mayores que el Gobierno busca pagar desde hace años. La Unidad de Regulación Financiera anunció la semana pasada que publicará para comentarios el decreto que interviene el portafolio del ahorro pensional. Esta decisión generaría pérdidas enormes de valor en los fondos de los trabajadores, pues obliga a vender barato las inversiones afuera sin otro criterio diferente que el propósito nacionalista de traer la plata al país. Con la inversión productiva en mínimos, es improbable que los administradores del portafolio de los ahorradores encuentren proyectos de inversión alternativos y deban comprar aún más deuda pública, lo cual bajaría el costo de la deuda y permitiría mantener el libertinaje de gasto público antes de elecciones. Este es el camino que siguió el gobierno de Argentina en 2008, y que terminó con la estatización del ahorro pensional. Desde 1994 Argentina estableció un sistema mixto en el cual los trabajadores podían decidir entre un sistema estatal o mantener el ahorro en cuentas individuales para capitalizar sus rendimientos. Para 2007 los fondos de 9,4 millones de afiliados alcanzaban 30 mil millones de dólares. El portafolio estaba muy concentrado en títulos públicos, con un 60%, debido a que la regulación allá impedía invertir más del 5%, una concentración forzosa del riesgo en los activos públicos argentinos que impidió la protección de los ahorros del riesgo local mediante diversificación en inversiones extranjeras. La crisis económica internacional de 2008 desató una fuga de capitales desde los mercados emergentes, incluyendo Argentina, hacia activos considerados más seguros. La insostenibilidad de las finanzas públicas ante el aumento persistente del gasto antes de las elecciones de 2009 llevó a imponer impuestos a las exportaciones, protestas generalizadas, bloqueos de vías y desabastecimiento agrícola. La desvalorización de los bonos de deuda por la crisis fue el argumento que usó el gobierno ante el Congreso para que en nueve días aprobara la ley que estatizó los ahorros, para supuestamente proteger las futuras pensiones de una mayor desvalorización. El gobierno capturó los fondos de los trabajadores en su mínimo valor, pagó el gasto antes de las elecciones de 2009 y asumió todo el costo fiscal futuro de las pensiones. La inflación sostenida resultante licuó el valor de las pensiones, que se redujeron a una mínima fracción de lo que hubieran obtenido los ahorradores con su plata. El poder estatal para regular que tiene el Gobierno es para proteger el ahorro pensional de los trabajadores. Usarlo para financiar más barato el creciente gasto público es imprudente, inconveniente e irresponsable. El gobierno debe desistir de esta decisión que elimina el seguro que les queda a los ahorradores ante el riesgo que con sus decisiones ha aumentado el propio Gobierno.
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