Norma que modifica servicios públicos golpea a generadoras

Luego de que se radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley del Ministerio de Minas y Energía por medio del cual se generan grandes cambios a las leyes de servicios públicos como la 142 y la 143, Andesco advirtió que la iniciativa es peligrosa para el sector. Según Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones esto genera cierta preocupación ya que fue radicado cerca del inicio al periodo electoral. "Lo que estamos viendo es que es muy peligroso y más en un momento electoral. Nosotros lo que estamos diciendo es que aquí hay unos problemas muy graves estructurales que para podernos poner en contexto nos están mandando globitos para que nos dediquemos a un tema que no es el trascendente. Hoy tenemos un problema de subsidios que no tenemos los recursos para pagarlos y el gobierno se está escudando en que no tiene los recursos y que tiene que pasar la reforma tributaria", aseveró. Otra de las preocupaciones de Sánchez está relacionada con los ajustes que quiere hacer el Gobierno a las características de las personas que deben conformar la Comisión de Regulación de Energía y gas (Creg). "Es muy grave poner características inferiores a los miembros de la Creg que son técnicos, o sea, ya no necesitamos personas que sean ideológicas, sino personas que conozcan perfectamente el manejo eléctrico del país y las decisiones técnicas que se tienen que tomar y bajarle las condiciones, nos parece que no tiene presentación", agregó. Se proponen medidas para reducir la tarifa de energía a nivel nacional. Desde Andesco se menciona que ya se ha reducido la tarifa este año con las leyes ya establecidas. "Lo que ha sucedido en los países donde a las malas se ha bajado la tarifa es que han puesto en riesgo el sistema eléctrico de esos países y se demostró que en un principio baja y después tiene el fenómeno rebote se sube y se convierte en más oneroso para los usuarios. Nosotros hemos mostrado que este año los servicios de energía bajaron de una manera pertinente sin haber hecho nada diferente a las normas existentes, simplemente por condiciones del mercado. Hoy lo que se requiere es aumentar la oferta", mencionó Sánchez. También se proponen ajustes al Cargo por Confiabilidad, lo que para el dirigente gremial podrían ser un factor de impacto ante la nueva subasta de expansión de energía. Las implicaciones "Es cambiar las reglas de juego y vamos a poner en riesgo la subasta. Nosotros necesitamos mayor cantidad de subastas con todos los sectores térmicos, hidráulicos, la energía eólica, solar para que podamos tener mayor oferta. Pero cuando usted le cambie las reglas de juego, ¿qué va a suceder? Que no van a participar las personas porque es que el cargo por cobertura ha sido fundamental para el sistema, para tener la tranquilidad de que en el momento crítico puedan responder estas generadoras y dar el servicio sin que se corte", aseveró. Con cada normativa siempre existen tanto beneficiados como afectados, según la información de este documento serían cuatro los grupos que estarían beneficiados y dentro de estos se encuentran los hogares de bajos ingresos, es decir, estratos del 1 al 3 ya que se les traslada la deuda a los usuarios de mayores ingresos y se prioriza la estabilidad tarifaria. Además, se mantienen los subsidios y se protege a hogares con condiciones especiales (clima, salud, número de miembros). Las zonas rurales y no interconectadas también serían beneficiadas pues se aumentan los fondos (Faer, Fazni, Prone) hasta $2 kilovatios por hora (kWh) para expandir la cobertura con energía limpia. Sobre las industrias verdes y proyectos de energía limpia estas tendrán tarifas diferenciales favorables si usan energías limpias y generan empleo local. Y finalmente la sociedad civil organizada como usuarios, sindicatos y academia al ganar participación regulatoria. En contraste, serían tres grupos los afectados, entre estos los estratos 5 y 6, grandes comercios y usuarios industriales tradicionales ya que tendrían que poner nuevos aportes y redistribución de costos ante el pago de la deuda de la opción tarifaria de los estratos bajos. El segundo grupo de impactados en caso de ser aprobada la normativa son los Gobiernos locales que pierden ingresos tributarios asociados al consumo energético, debido a que se les prohíben los tributos basados en consumo eléctrico.
Algunas empresas generadoras o comercializadoras se verían impactadas negativamente por mayor control tarifario y menor margen operativo. Los subsidios podrían reducirse si se supera el umbral de consumo, salvo en casos de vulnerabilidad o condiciones climáticas. Cambiará la facturación y los cobros adicionales ya que se prohíbe expresamente incluir en la factura cualquier cobro no relacionado con el servicio de energía. Se creará el Comité Consultivo Ciudadano de Participación (CCCP) en la Creg en el que pueden participar los habitantes del territorio. Otro ajuste importante iría a las fórmulas tarifarias, debido a que actualmente tienen vigencias variables y pueden extenderse sin revisión inmediata. Además, se fija una vigencia obligatoria de cinco años, con revisión y monitoreo permanente. Según el Ministerio, esto busca transformar el sector energético colombiano y bajar las tarifas de energía.