El Comercio, Perú
24 de octubre de 2025
Se trata de un total de 41 iniciativas legislativas en proceso de aprobación que tendrían un costo tributario de S/25.902 millones, lo que incrementaría el déficit fiscal proyectado por el BCR, de 2,1% a 4,3%.
Por Consejo privado de competitividad
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en agosto, presentó al Congreso el Proyecto de la Ley de Presupuesto para el Sector Público 2026, que asciende a S/257.562 millones, de los cuales el 65% (S/166.643 millones) estará destinado a gasto corriente. Sin embargo, el Congreso mantiene en trámite iniciativas que no tendrían financiamiento previsto en la propuesta del MEF, cuya implementación en el 2026 afectaría gravemente las finanzas públicas.
Según el Consejo Fiscal (CF), entre el 2021 y 2026 se han promulgado 229 leyes con impacto fiscal adverso, y existen 352 dictámenes con el mismo riesgo. En este grupo de normas, el CF ha identificado 41 iniciativas legislativas que tienen un costo fiscal estimado por el MEF, de un total de 114 en materia de remuneraciones y pensiones. De implementarse, se generaría un gasto adicional de S/25.902 millones en el presupuesto 2026.
?Impacto preocupante?
De considerarse esas medidas, el presupuesto 2026 para el pago de personal y obligaciones sociales tendría que incrementarse en S/18.818 millones (+19%), y el de pensiones y otras prestaciones sociales, en S/7.684 millones (+47%). Para comprender su dimensión, estos cerca de S/26.000 millones superan al presupuesto de inversiones del gobierno nacional en el 2025 (que asciende a S/25.227 millones). Este gasto no podría reducirse fácilmente, trasladando su impacto a los próximos ejercicios fiscales.
El BCR ya había proyectado para el 2026 un déficit fiscal de 2,1% del PBI, anticipando implícitamente el incumplimiento de la regla fiscal, fijada en 1,8% según el Decreto Legislativo 1621. Con el gasto adicional (2,2% del PBI), el déficit alcanzaría 4,3% del PBI, agravando el grado de incumplimiento y presionando la deuda pública, lo que dificultaría la meta del MEF de reducirla al 30% del PBI al 2035 (fue 32,6% en el 2024). Según el CF, podría incluso llegar al 70% en el 2036.
Estas normas enfrentan cuestionamientos por su posible inconstitucionalidad. El artículo 79 de la Constitución prohíbe al Congreso generar mayor gasto público, salvo en su propio presupuesto. No obstante, el Parlamento ha sustentado sus decisiones en una sentencia del Tribunal Constitucional, que interpretó que esa restricción solo aplica al presupuesto vigente. Además de su impacto directo en la sostenibilidad fiscal, estas iniciativas afectan otros ámbitos de la política pública.
En primer lugar, el aumento de la planilla pública está generando un desequilibrio salarial con el sector privado. En el 2021, el salario público promedio era de S/3.953, frente a S/4.133 en el privado formal; pero en el 2025 se invirtió S/4.941 en el público y S/4.745 en el privado, con aumentos de 25% y 15%, respectivamente. Los servicios públicos no han mejorado en la misma forma que los salarios lo hacen, reflejando que los beneficios propuestos no son consecuencia de una mayor productividad del sector público. Estas iniciativas debilitan la meritocracia en el sector público, al otorgar beneficios sin relación con el desempeño laboral. El proyecto de ley 01901/2021, por ejemplo, propone gratificaciones y CTS para los trabajadores CAS, equiparándolos a la ley Servir, pero sin haber pasado por el proceso meritocrático que la normativa establece. Finalmente, iniciativas como el incremento de pensiones para docentes públicos ?que aún está pendiente de aprobación por el pleno del Congreso? generan inequidad e incentivan un efecto réplica. Según el MEF, aplicar este beneficio a todos los pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y del Decreto Legislativo 20530 costaría S/23.022 millones anuales en el 2026, y S/56.942 millones ese mismo año si se incluye a los futuros jubilados docentes del SNP.
Además, muchos docentes aportaron al sistema privado, por lo que el Estado debería cubrir la diferencia para igualar la nueva pensión. La medida también plantea por qué solo se beneficiaría a los docentes y no a otros profesionales del sector público, como los médicos, cuyo salario base es S/6.600, lo que elevaría aún más el costo fiscal si se replicara. Estas deficiencias en las iniciativas propuestas evidencian que grupos políticos como Perú Libre y el Bloque Magisterial promueven aumentos pensionarios con fines más electorales que de reforma estructural y equitativa del sistema previsional.
EL DATO
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