Hacia una dictadura constitucional

Estoy de acuerdo con quienes piensan que es una cortina de humo la tal asamblea constituyente, por lo demás inviable y extemporánea. En vez de ponerle la cara a la crítica; proponer una solución constructiva para normalizar las relaciones con Estados Unidos, que lo acusan de ser un "líder del narcotráfico"; restablecer el orden público; parar la robadera; enfrentar la judicialización de familiares y amigos, y responder con claridad a las presuntas evidencias gringas que sindican a su campaña de recibir millonarios aportes del cartel de los Soles, Petro opta por poner sobre la mesa la reforma integral de la Constitución Política. Ciertamente un globito del que no deberían ocuparse estas páginas. Sin embargo, detrás de la iniciativa hay peligrosas motivaciones, que no pueden hacer carrera en una democracia liberal, ni menos servir para alimentar una movilización popular. Para el Gobierno, la asamblea constituyente es necesaria como respuesta al "bloqueo institucional" que lo afecta, por cuya virtud sus reformas sociales han sido obstaculizadas, de manera sistemática y "sin mayores argumentos". Es decir, como el Congreso no ha actuado como borrego aprobando sus iniciativas, porque las juzga inconvenientes, o los jueces le ponen tatequieto a toda decisión gubernamental de saltarse el trámite legislativo, para imponer sus obstinadas ideas, como acaba de ocurrir con la reforma de la salud promulgada por decreto, considera el Gobierno que ha llegado la hora de la asamblea constituyente omnímoda, para "repensar el modelo institucional". Como quien dice, dado que para prevenir la arbitrariedad gubernamental y cualquier forma de autoritarismo, actualmente funciona el sistema de pesos y contrapesos de la Constitución de 1991, este tiene que ser reformado para dar paso a una arquitectura institucional en la que no existan límites al poder presidencial y se haga lo que este dicta. No puede ser otra la razón de esta movida. Para la discusión del asunto es bueno el ejemplo que ofrece la exposición de motivos de la iniciativa. Señala que, en el reciente trámite de la consulta popular, que fue archivada por decisión mayoritaria del Senado, operó el nocivo bloqueo institucional. Todo lo contrario. Para evitar la dictadura plebiscitaria, la Constitución vigente consagró que toda consulta promovida por un gobierno debería someterse previamente a un juicio de conveniencia en el Congreso, que en dicho caso no se superó luego de amplio debate. ¿Cuál puede ser la queja, entonces, desde el punto de vista del equilibrio de poderes? Eran otros los tiempos en los que Eduardo Montealegre, el magistrado, sostenía que cualquier mecanismo de participación popular "no es un instrumento al servicio del Presidente, sino un mecanismo de participación popular, que supone una labor concertada de las distintas ramas del poder" (Sentencia C-551/03). ¿Lo que se quiere, entonces, con el proyecto del Ministerio de Justicia que se conoció esta semana, es derogar todo mecanismo de checks and balances, que evite que los órganos del poder se condicionen y controlen unos a otros en ejercicio de sus funciones, para dar paso a una autarquía constitucional? Sería ¡muy grave! Aunque el proyecto de ley no formula una propuesta específica de cuál debe ser el nuevo modelo de organización del poder, sí da unas señales que permiten verle las orejas al burro. Por ejemplo, invita a "analizar la política monetaria y el papel del presidente de la república en su manejo" y, sin ningún rubor, afirma que en el futuro "esta potestad se ejercería a través de reglamentos constitucionales autónomos". Es decir, a través de decretos con la sola firma del monarca de turno, aboliendo el concepto de la banca central autónoma, para regresar a la hiperinflación y a las emisiones monetarias populistas. Para avanzar en todo este desenfrenado propósito, el proyecto no le fija límites a la asamblea constituyente, la que "reformará la totalidad de la Constitución Política". El Congreso no puede emitir este cheque en blanco, solo para satisfacer los caprichos del mal gobierno y caer en una dictadura constitucional. Taponazo. Las primeras encuestas de noviembre mostrarán que, en medio de la polarización, irremediablemente iremos a las urnas para decidir entre los extremos.
La cortina de humo
Néstor Humberto Martínez Neira
¿Se quiere derogar todo mecanismo de ‘checks and balances’, que evite que los órganos del poder se controlen unos a otros en ejercicio de sus funciones, para dar paso a una autarquía constitucional?