MIRADA

El martes 21 de octubre, el Consejo Fiscal (CF) realizó la primera conferencia de prensa desde que inició funciones, en enero del 2016, para expresar sus preocupaciones por el desempeño irresponsable del Congreso de la República en relación con las finanzas públicas. Aquí hay dos noticias. La primera es que el CF se puso la armadura y ha decidido asumir un rol más protagónico en defensa de la prudencia fiscal y, en última instancia, de los intereses de los ciudadanos. Esto está alineado con las recomendaciones de la OCDE respecto a que la comunicación de esta entidad sea más accesible y a tener una mayor interacción con los medios de comunicación. Desde aquí, saludamos la decisión del CF y, al mismo tiempo, demandamos una mayor autonomía presupuestaria para la institución, dada la independencia que requiere su tarea y la incomodidad que puede causar en otros órganos políticos.

La segunda noticia está vinculada a la información que el CF puso a disposición del público y sus implicancias económicas, que es lo que trataremos en lo que resta del artículo. Para tener una idea de la magnitud del daño fiscal que viene infringiendo el Congreso, basta saber que durante el período 2021-2025, se promulgaron 229 leyes que implican más gastos o menores ingresos para el sector público, más de tres veces el número de leyes de este tipo del quinquenio 2016-2021. Solo las cinco leyes más onerosas promulgadas desde agosto del 2024 tendrían un costo fiscal anual cercano a los S/22.000 millones (1,8% del PBI, según cálculos del MEF), lo que supera largamente el presupuesto asignado en el 2025 a orden público y seguridad. Entre ellas, se encuentran las leyes que aumentan el Foncomun (Ley 32179), la que establece cursos de capacitación de la Sunat como medida preventiva para microempresas (Ley 32335) y la ley que autoriza suscribir acuerdos con incidencia económica en la negociación colectiva a nivel descentralizado (Ley 32216). Además, otras normas generan un costo fiscal transitorio no menor a S/55.000 millones, entre las que se encuentran las que disponen el pago de la bonificación de clases para docentes (Ley 31495) y el nuevo régimen tributario para el sector agrario (Ley 32434).

El jalón de orejas no va solo para el Congreso, sino también para el Ejecutivo que, en una actitud complaciente, ha renunciado al uso de los instrumentos políticos a su disposición para minimizar los daños. Más de la mitad de las leyes promulgadas no recibieron observaciones de este poder del Estado y solo tres han sido objeto de denuncia en el Tribunal Constitucional. Además, 44% de las referidas leyes fueron aprobadas por insistencia, lo que también refleja la debilidad actual del Ejecutivo.

Por otro lado, en la actualidad, existen 352 dictámenes en trámite en el Congreso con potencial impacto negativo. Solo las 10 iniciativas más costosas incrementarían el gasto público anual en S/25.000 millones. Es como crear un ministerio, y de los más grandes.

Como es de esperarse, los que pagarán la factura son los ciudadanos. Se calcula que, de implementarse las leyes ya promulgadas, la deuda pública superaría el 40% del PBI en el 2032. Si también se aprueban las iniciativas en carpeta, la deuda superaría el 55% ese mismo año. Esto implica más pagos por intereses, lo que restaría la capacidad del Estado de destinar recursos a otros fines, como educación, salud y seguridad. También aumenta la probabilidad de un alza de impuestos para cerrar la brecha fiscal. Por otro lado, la creación de empleo y el crecimiento potencial, que actualmente es menor al 3%, se verían perjudicados por el aumento de los riesgos fiscales, lo que se traduciría en tasas de interés más altas, con un efecto negativo sobre la inversión.

En las últimas décadas, el Perú se había caracterizado por su prudencia fiscal. En tiempos en los que un buen número de países del orbe vienen cayendo en la trampa del populismo y elevando sus niveles de deuda, mantener esta característica podría ponernos en una situación ventajosa. Por el contrario, estamos permitiendo que el oportunismo populista y los intereses mezquinos nos roben el futuro. Fortalecer el CF podría ser una buena medida para atenuar el daño.

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.