Caso Cardama: el FA analiza hacerse cargo de la interpelación a Lazo en el Senado si la oposición se demora

El caso Cardama es hoy la principal preocupación del sistema político. Las implicancias de lo que anunció el miércoles 22 de octubre el presidente Yamandú Orsi -la rescisión del contrato con el astillero español para la construcción y adquisición de dos patrulleras oceánicas por unos ? 82 millones, y el inicio de acciones legales nacionales e internacionales- generó, primero, una andanada de cuestionamientos del oficialismo hacia la oposición y el rol del gobierno de Luis Lacalle Pou y sus ministros en este tema; y, luego, una respuesta de la oposición -sobre todo del Partido Nacional- defendiendo el proceso de la compra y advirtiendo sobre las consecuencias -un arbitraje internacional- de buscar una abrupta interrupción contractual.

El enfrentamiento escaló hasta el punto de generar un enfrentamiento entre mandatarios (el anterior y el actual), en el que el primero acusó al segundo de haber sido "arrastrado" a una "operación política", y el frenteamplista contestó al blanco que a él "lo arrastró un amor no correspondido (con el astillero), porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado".

El asunto, que es intrincado, tiene varias aristas y será analizado por el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado a partir de este lunes (como ya se verá), tendrá un correlato parlamentario, porque el Partido Nacional anunció este lunes su intención de llevar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a una interpelación.

Pero como esto no se concretó, en filas del Frente Amplio tienen bajo evaluación una jugada que ya es comentada entre senadores nacionalistas: interpelar ellos mismos a la ministra en la Cámara de Senadores, de manera de dar vuelta el foco de la instancia parlamentaria y que sean los que originalmente plantearon la idea de la convocatoria -en especial el senador blanco Javier García, ministro de Defensa durante gran parte del proceso de la compra, consumada en diciembre de 2023- los que tengan que responder las preguntas de los que se suponían que iban a ser sentados en el banquillo.

"Si se demoran" en formalizar la iniciativa -o sea, en presentar la moción-, ese será el camino que recorrerá el partido de gobierno, dijo a El País una fuente de la bancada frenteamplista. "Es extraño que no lo hayan resuelto aún, cuando anunciaron esto el lunes", agregó el informante.

El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, se refirió esta semana a García como "uno de los principales involucrados en todo este tema", y que si la interpelación tiene lugar en la cámara alta eso permitiría que el nacionalista "pueda contestar algunas preguntas" que tienen "todos los uruguayos". Los blancos, mientras tanto, no han decidido en qué cámara piensan promover la convocatoria ni cuándo. Saben que el martes presentarán, en Diputados, la interpelación a la ministra de Salud, Cristina Lustemberg, por la situación del presidente de ASSE, Álvaro Danza, y que después de eso evaluarán la estrategia a seguir con Lazo. Si la convocatoria es en Diputados, dijeron fuentes parlamentarias, los legisladores que hoy son candidatos para llevar adelante la interpelación a Lazo son Pablo Abdala y Gabriel Gianoli.

Estrategia fiscal

La acostumbrada limitación que imponen los escasos recursos humanos y de trabajo que tiene el Ministerio Público -algo sobre lo cual Mónica Ferrero volvió a insistir ante el Parlamento esta semana, mientras los senadores discuten el próximo Presupuesto Quinquenal (ver recuadro)- incidirá en los primeros pasos que tendrá este caso, que ingresó en la órbita penal el viernes 24 de octubre, cuando el gobierno -representado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Jorge Díaz- presentó su denuncia a Ferrero.

"Haremos lo que podemos con los recursos que tenemos", dijo un integrante del equipo de Machado a El País.

En principio, el fiscal del caso -que se reintegra de su licencia este lunes- tiene planificado interiorizarse de la denuncia y solicitar mayor información; es decir, recabar toda la documentación que sea necesaria para complementar el escrito presentado por el gobierno. En este sentido, se buscará contar con todos los contratos suscriptos en el proceso para antes de que culmine el año e inicie la feria judicial. "Pero no creo que podamos avanzar mucho más", se aventuró.

Asimismo, la prioridad que tiene en este momento la fiscalía de Machado -que además tiene a su cargo la causa en la que se indaga la presunta destrucción de un documento público por parte del asesor presidencial Roberto Lafluf, en una ramificación del conocido caso Marset- es la investigación de la estafa de Conexión Ganadera. Esto sin contar otras causas de interés mediático que también sigue este fiscal, como la denuncia presentada por la oposición por presuntas irregularidades en la compra de la estancia María Dolores.

El gobierno, mientras tanto, y tal y como informó Díaz a la Mesa Política del Frente Amplio el pasado lunes, entiende que las acciones legales contra Cardama en España serán en principio "más efectivas" que las que se buscan también instaurar en Reino Unido contra la empresa que expidió la garantía falsa, Eurocommerce, ya que la firma está en proceso de disolución comercial y no se le conoce residencia física.