Todo en su justa medida

El proyecto de ley de régimen sancionatorio aduanero, radicado por la Dian ante el Congreso, es una vía jurídica obligatoria para trazar la cancha de juego en este aspecto del comercio exterior. Sin embargo, ha generado preocupación entre gremios y expertos, quienes ven que podría castigar la formalidad y facilitar la legalización del contrabando, haciendo peor el remedio que la enfermedad. La iniciativa busca modernizar el marco jurídico y fortalecer la lucha contra prácticas ilegales. Sin embargo, al mantener un enfoque de responsabilidad objetiva que quita el análisis de culpabilidad, sancionando errores administrativos con la misma contundencia que el fraude, puede llevar a situaciones como el decomiso de mercancías por fallas operativas -por ejemplo- no registrar el número de local en el RUT, así de forma simultánea la empresa cumpla sus obligaciones fiscales. Es fundamental fortalecer los controles al flagelo del contrabando, pero sin generar estigmas o bloquear procesos muy sensibles para los empresarios, que no solo pueden salir perdiendo por las sanciones, sino por quedarles mal a sus clientes con la entrega tardía de pedidos, mientras que el contrabandista sí tiene la posibilidad de recuperar mercancía incautada. El riesgo es claro: se desincentiva la formalidad y se judicializan operaciones legítimas, encareciendo la logística y elevando la incertidumbre regulatoria. Desde una mirada técnica, el proyecto introduce avances como la reducción de infracciones, el debido proceso y la corrección voluntaria. Se destaca la simplificación normativa y la digitalización como elementos positivos. Pero es preciso que entre los ajustes que se le hagan en el Congreso quede muy claro que los errores formales deberían ser subsanables antes de generar sanción, y que la discrecionalidad otorgada a la Dian podría generar arbitrariedades. Es claro que el proyecto responde a exigencias de constitucionalidad y legitimidad democrática, pero hay un riesgo de inseguridad jurídica si las infracciones se definen como "tipos en blanco" o si se eliminan distinciones entre tipos de usuarios. La personalización del control es clave para evitar sanciones desproporcionadas. No obstante las advertencias, el proyecto de ley supone un impacto económico significativo, si se tiene en cuenta que el contrabando representa hasta el 10% del valor importado por Colombia y genera pérdidas anuales de entre $25 y $35 billones. Un régimen claro y proporcional puede recuperar hasta $3 billones al año, fortalecer el recaudo territorial y equilibrar la competencia. Pero esto solo será posible si se garantiza una implementación técnica, con inversión en tecnología, coordinación interinstitucional y funcionarios capacitados. El debate parlamentario deberá garantizarles a los empresarios que no existan procedimientos poco transparentes, pues ello podría elevar los costos de cumplimiento, y una de sus claves estará en diferenciar el error del fraude, garantizar trazabilidad institucional y aplicar sanciones proporcionales. Aunque el tiempo apremie y la ley deba estar aprobada antes del 20 de junio de 2026, su contenido debe ser revisado con rigor. Colombia necesita un régimen aduanero moderno, técnico y equilibrado, que fortalezca la legalidad sin castigar la formalidad. El desafío está en legislar con inteligencia, no con severidad. Solo así se consolidará un sistema justo, eficiente y alineado con los principios constitucionales que rigen el comercio exterior.