Calidad regulatoria al debe: solo un 5% de reglamentos dictados por ministerios son evaluados

En Chile es conocido el análisis que hacen la Dirección de Presupuestos (Dipres) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) respecto de los programas sociales y no sociales, que aterrizan la aplicación de políticas públicas y cuyo financiamiento se aprueba en la Ley de Presupuestos. Pero poco se sabe de la evaluación a las leyes y sus reglamentos que dictan los ministerios. Estos cuerpos normativos también son claves en la implementación de políticas.
De cara al cierre de la discusión presupuestaria, un informe realizado por Pivotes se adentró en esta última materia y en la escasa evaluación que existe. En esa línea, se advierte que entre los países OCDE Chile se ubica en el puesto 33 de 39 respecto del análisis de normas subordinadas como decretos o reglamentos.
Evaluación al debe
En el análisis del centro de estudios se advierte que entre los años 2019 y el 2024, un total de 120 proyectos de ley han sido evaluados, de un universo de 545 ingresados por el Ejecutivo al Congreso Nacional. Es decir, el porcentaje de evaluación de este tipo de normas es de solo un 22% (ver gráfico).
Pivotes detalla que a nivel de normas secundarias la situación es aún peor: solo 34 reglamentos han sido evaluados, de un total de 725 dictados durante el período, lo que equivale a un 95,3% de incumplimiento (ver gráfico).
Al analizar el cumplimiento promedio por ministerio, se observa que de los 23 proyectos de ley que ha tramitado en promedio una cartera en el último tiempo, apenas cinco fueron sometidos a una evaluación de impacto regulatorio, es decir, solo un 21,7%. A nivel de reglamentos, solo uno es evaluado en promedio, de un total de 30 normativas promedio dictadas por ministerio, equivalente a un 3,3%.
José Antonio Valenzuela, director de incidencia de Pivotes, explica que hoy en Chile cada ministerio es el encargado de realizar las evaluaciones ex ante (previas) de las leyes y de los reglamentos que formula. "Eso se hace poco", alerta. También señala que las evaluaciones de impacto de las leyes las realizan el Departamento de Evaluación de la Ley, dependiente de la Cámara de Diputados, y también la Oficina de Información, Análisis y Asesoría, del Senado. "Esto se hace muy poco, y con muy bajo impacto", añade. Valenzuela complementa que la Comisión Nacional de Productividad (CNP) también hace "evaluaciones de alta calidad", pero dada su escala, "tienen un alcance limitado".
Ante ello, el experto cree que el proyecto que crea la Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas podría ayudar a mejorar estas deficiencias. "Podría permitir evaluar más, mejor. Respecto de leyes y reglamentos, donde hoy el Ejecutivo no tiene incentivos para evaluar, (la agencia) también podría contribuir a que los resultados de esas evaluaciones impacten en la toma de decisiones, y fuercen cambios políticamente complejos", planteó.
Situación de los programas
En 2024, la Dipres monitoreó 706 programas públicos, que representan un 11,9% del PIB y cerca del 43,9% del presupuesto total nacional. El informe de Pivotes precisa que un 67,3% de estas iniciativas son recomendadas favorablemente en su etapa previa, sin embargo, se observa que después un 31,4% falla en su implementación o diseño (ver gráfico).
Otro análisis realizado por LyD pone énfasis en el uso de los recursos públicos destinados a los programas.
Se advierte que un total de 159 iniciativas monitoreadas exhiben alguna deficiencia en los criterios evaluados. Ellos suman un presupuesto de US$ 14.121 millones, en torno al 4,5% del PIB.
Se concluye que evaluar y mejorar la oferta de los programas públicos "es indispensable para llegar de manera más eficiente y oportuna a quienes más lo necesitan, especialmente cuando los recursos son escasos y las necesidades son múltiples".
Pablo Eguiguren, director de políticas públicas de LyD, también pone el foco en la racionalización del desembolso de estos programas. "Cortar gastos fiscales siempre será una tarea difícil. Sin embargo, por respeto a las personas que financian estos programas, a través de sus impuestos, es esencial hacerlo. La priorización del gasto permite darles un mejor uso a recursos escasos, más aún en la estrecha situación fiscal del país", dijo.
EvaluacionesEn la revisión ex-post de leyes y reglamentos intervienen el Congreso Nacional y los ministerios.