Lavado: la "ola" que se está formando y que si Uruguay "no despierta" le va a "explotar en la cara"

Uruguay tiene los ojos puestos en el 2030, cuando será evaluado nuevamente por su normativa y efectividad en la persecución de casos de lavado de activos. De no mejorar algunas "notas", el país podría caer en una lista "gris"internacional. En esta línea, sobre la actualidad y lo que aún falta por hacer, Fernando Jiménez de Aréchaga, presidente del Capítulo Uruguayo de la World Compliance Association (WCA), afirmó a El País que la mayor exigencia y desarrollo del compliance es "una ola que se está formando, que va adquiriendo cada vez mayor tamaño y que, si no nos despertamos, algún día nos va a explotar en la cara".

Con la autopalmada en la espalda de ser de los "mejores de la clase" de Latinoamérica en materia normativa, Uruguay debe mejorar su efectividad en donde está "regular para abajo".

En el marco del Primer Congreso de Compliance de la WCA Uruguay, que se desarrollará hoy, Jiménez de Aréchaga y Diego Buela, su secretario, hablaron con El País sobre la corrupción, la falta de tipificación del delito de conflicto de intereses y de la corrupción privada, los estándares internacionales que los regulan y el "elefante" que puede pasar por medio del Estado y "nadie lo vio".

Uruguay cuenta hoy con la Estrategia Nacional antilavado para el período 2025-2030, desarrollada en la administración anterior y aprobada en la actual, y un proyecto de ley que aún está a la espera de aprobación en el Parlamento, que modifica el umbral de pagos admitidos en efectivo, pasando de 1 millón de Unidades Indexadas (UI), aproximadamente US$ 160.000, a 270.000 UI, unos US$ 43.000. A su vez, baja los umbrales de algunos delitos precedentes como el de defraudación tributaria, elimina la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos y la presunción relativa de considerar operaciones de bajo riesgo a aquellas que sean bancarizadas, modificaciones sobre el análisis de riesgo en las permutas, la integración de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, entre otros.

Según explicó Buela, una vez aprobado el proyecto de ley, se espera un decreto que, además de regular estas modificaciones, también incluya la reglamentación aún faltante del artículo 8 de la Ley Antilavado, el cual establece que los organismos estatales tienen que tener su sistema de prevención antilavado.

"Puede ser que ahí venga ese decreto reglamentando la debida diligencia que tengan que aplicar los organismos del Estado. Porque a veces sí, se le exige mucho a los privados", sostuvo Buela, mientras que "por otro lado, de repente, por el medio del Estado está pasando un elefante y nadie lo vio".

Por su parte, Jiménez de Aréchaga, señaló que si bien Uruguay se ubica en el puesto 13 a nivel mundial y es el líder en América Latina y el Caribe en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, con una puntuación de 76 sobre 100, eso "conduce a que el compliance en general, cuando no está regulado, como está regulado el tema de lavado de activos, no se percibe como un riesgo porque la corrupción no se percibe como un riesgo".

"El compliance básicamente consta de diversos capítulos: antisoborno, prevención del fraude, prevención del conflicto de interés y, uno de los capítulos básicos del sistema, es la prevención de lavado de activos, que es lo que está más regulado y por lo tanto lo que nosotros estamos más habituados a conocer", destacó.

En este sentido, opinó que "no hay conciencia ni cultura" en Uruguay sobre "todo el resto de los capítulos de compliance", en donde las personas entienden que la corrupción no les "afecta", sin embargo, "todos somos testigos de lo que está pasando en materia de narcotráfico". A su vez, sostuvo que hay estándares internacionales que reúnen al 85% de los países del mundo, como la norma ISO sobre conflicto de interés, mientras que en Uruguay aún no se tiene "conciencia sobre esto", sin importar los "pelos políticos".

"Como que las propias autoridades que incurren en ese tipo de conductas, no tienen ni siquiera conciencia de que están haciendo algo que está mal", sostuvo.





"Ni siquiera intentan ocultarlo, creen que es lo que corresponde", agregó.

Del mismo modo, explicó que el compliance además abarca temas como gobierno corporativo y la independencia de sus directores, la prevención y gestión del conflicto de interés, en donde se debe tomar "conciencia" del "daño que causa la corrupción", que "consume el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial".

Asimismo, señaló que en los últimos cinco años se han aprobado estándares internacionales, como las normas de la Organización Internacional de Normalización (ISO, por sus sigla en inglés)sobre prevención del fraude, prevención de la corrupción, sistema de gestión de compliance, denuncia de irregularidades, prevención contra el fraude y conflicto de interés. "Todos estos estándares a pedido del mercado", afirmó.

A su vez, señaló que Uruguay no tiene tipificado el delito de corrupción privada y que, en América Latina, además de Venezuela y Paraguay, el país aún no implantó la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

A su vez, señaló que se espera que en los próximos diez años, en "términos futbolísticos", habrá dos tipos de empresas, aquellas que "juegan la Champions League y compitan por salir campeones de Europa y que van a tener planes de cumplimiento, y los que no lo tengan van a jugar al fútbol con los amigos los domingos por el asado y la cerveza".

Por su parte, Buela señaló que aún falta un cambio en las inspecciones, al que apuntan las autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), buscando que se "salga" de la "cultura inspectiva del checklist" a una de "riesgo", es decir, que los sujetos obligados analicen si sus clientes están aplicando los controles debidos en materia de prevención de lavado.

En tanto, Jiménez de Aréchaga sostuvo que desde la WCA buscan "impulsar el compliance y fortalecer y lograr lo que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) nos pide".

Por este motivo, destacó que el evento a desarrollarse en esta jornada es "académico" y que buscará "presentar" a Uruguay "unido" contra estos delitos.

De este modo, reunirá a autoridades públicas del sistema antilavado, técnicos nacionales e internacionales, integrantes de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sistema financiero, entre otros, y se tocarán temas como el lavado, la corrupción internacional, el impacto de la IA en el compliance, el compliance en el deporte y el cumplimiento en ciberseguridad.