Represa en Casupá: el gobierno prevé la expropiación de más de 100 padrones y la inundación de 2.126 hectáreas

La prioridad absoluta para el Ministerio de Ambiente que dirige Edgardo Ortuño es asegurar el abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Lo era también para la cartera que, hasta marzo de este año, condujo el colorado Robert Bouvier, y lo es por supuesto para la OSE, sin importar el gobierno de turno o el signo político que esté en el poder. La diferencia, grande, entre la administración nacionalista de Luis Lacalle Pou y la que hoy está al mando, la frenteamplista de Yamandú Orsi, es en el camino para lograr esa meta: mientras el blanco pretendía y firmó un contrato para eso hacer una mega inversión para tener una planta de agua potable con una toma en el Río de la Plata, el frenteamplista optó por cancelar esa iniciativa, construir otra planta en Aguas Corrientes y una represa en Casupá.

El sistema político se encuentra en pleno debate con este tema lo había estado también durante el período de transición entre gestiones, y Ortuño defendió el camino que seguirá este gobierno en la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, a donde compareció el pasado 5 de noviembre. Allí, luego de escuchar varias preguntas por parte de la oposición donde le recriminaron "contradicciones políticas, técnicas y legales" al momento de anunciar y explicar el nuevo proyecto del gobierno, como afirmó el senador nacionalista Martín Lema, volvió a defender la inversión que hará este Poder Ejecutivo en un monto todavía no definido para contar con una segunda planta en Aguas Corrientes, y otra de menor porte en Solís Chico junto con una reserva de agua en esta zona, que fue lo acordado con el consorcio Aguas de Montevideo. Todo esto más la represa en cuestión, y en lugar del proyecto Arazatí que proponía el gobierno anterior y que el actual renegoció con la empresa.

"Lo que estamos haciendo hoy es cumplir con las recomendaciones técnicas realizadas desde larga data por los especialistas en la materia, que planteaban como tema central atender el requerimiento de una mayor reserva de agua bruta dulce y, por tanto, la necesidad de la construcción de una represa" en Casupá.

Ahora bien, gran parte de las preguntas formuladas por los senadores blancos apuntaron a la magnitud de daños colaterales que inevitablemente se van a generar con la obra que proyecta el gobierno, en particular con la represa. Es decir, la cantidad de hectáreas que se van a ver afectadas y lo que eso conlleva, como por ejemplo el necesario desplazamiento al que se verán obligados vecinos y productores de la zona o la tala de monte nativo que deberá efectuarse en la zona.

Esto último es un tema que, respecto a otros proyectos de inversión como el de hidrógeno verde que pretende desarrollar la empresa HIF en Paysandú ha preocupado al propio Ortuño. De hecho, como consignó El País meses atrás, a mediados de año el ministro de Ambiente dijo que no era admisible "la tala de 100 hectáreas de monte nativo" que debería hacerse en el marco de esa obra, ya que "los proyectos no deben sacrificar ecosistemas y afectar áreas protegidas".

Nada de esto respondió Ortuño a los senadores, de acuerdo a la versión taquigráfica de la sesión, pero sí lo hizo en una respuesta a un pedido de informes que había elevado el senador Lema, y a la que también accedió El País.

El ministro declaró allí que, tal y como estaba previsto desde un principio a falta del informe de impacto ambiental y otros estudios que "el proyecto de represa Casupá prevé la afectación de 426 hectáreas de monte nativo en el área de embalse".

También respondió sobre el total de hectáreas que van a resultar afectadas incluyendo a las anteriores. Dijo que hay 2.126 que comprenden el "área de inundación junto con el dique de dicho proyecto". Y que "el total de hectáreas comprendidas en el proyecto es (de) 3.418, incluyendo el perímetro de zona buffer del embalse".

Y dio cuenta de las expropiaciones que se requerirían en esta obra: serán "102 padrones", escribió Ortuño.

Los "impactos negativos" reconocidos y la molestia de los productores

El impacto social y ambiental es un problema que ya ha sido referido por el ministro, que también ha visitado parte de las zonas afectadas.

Semanas atrás, por ejemplo, el secretario de Estado reconoció que existirán "impactos negativos", pero que en todo caso "serán atendidos" por la cartera.

"El compromiso del gobierno es construir la reserva más grande del país para garantizar el abastecimiento de agua potable y eso es un impacto muy positivo (.) la crisis de 2023 demostró que es imprescindible" proyectar esta infreaestructura, dijo el ministro el 9 de setiembre de este año.

Consultado luego en rueda de prensa, Ortuño dijo que consideraba "negativo" que se centrara el asunto únicamente en los eventuales daños que "una obra de este porte, como son los grandes puertos, las grandes carreteras, tienen". Daños, agregó, "que el ministerio ha dicho que de encontrarse los va a atender, que tienen que ver con algunas cuestiones ambientales, con el traslado o reubicación de alguna familia de productores". "Frente a la dimensión de la obras que estamos encarando, creemos que el foco tiene que estar en lo constructivo. En la importancia histórica de la inversión que va a hacer OSE y el gobierno. Pero sobre todo en la solución", sostubo también.

A mediados del mes pasado, el ministro fue recibido por productores de Casupá, que escucharon sus explicaciones del proyecto. Pero algunos se quedaron disconformes.

Álvaro Rivadavia, productor del departamento de Lavalleja, señaló que los pobladores habían reclamado instancias de diálogo formal con las autoridades, y que recién a último momento se les avisó que llegaría el ministro, cuando para asistir a la charla varias personas tenían que recorrer más de 80 kilómetros.

"Esperábamos respuestas concretas, pero lo que recibimos fue un discurso similar al que ya se había escuchado en la prensa", dijo Rivadavia en diálogo Valor Agregado de radio Carve.