Gobiernos del Frente Amplio y los sindicatos de la educación, una relación tensa con duros enfrentamientos

Lo que pasa hoy no es casual. A lo largo de los gobiernos del Frente Amplio, la educación fue un foco permanente de tensión entre sindicatos y autoridades, con picos de conflictividad durante los debates presupuestales y las reformas impulsadas por el Ejecutivo. El episodio de la esencialidad de 2015, ceses y renuncias en el Ministerio de Educación, los enojos de José Mujica y los reiterados reclamos por el 6% del PIB ilustran una relación marcada por choques recurrentes.

Con el paro de maestros durante tres días tras un inédito episodio de violencia en una escuela y la desafiliación de Pablo Caggiani del sindicato de maestros, una nueva controversia se suma a un vínculo que, paradójicamente, ha sido históricamente difícil para la coalición de izquierda cuando accede al poder.

El 24 de agosto de 2015 es una fecha recordada por los sindicatos de la educación y por buena parte del frenteamplismo, especialmente por quienes siguen de cerca el desempeño de la enseñanza Primaria, Secundaria, técnico-profesional y universitaria.
El escenario era similar al del presente, aunque con un ambiente mucho más convulsionado que el actual llegando a momentos de tensión inédita durante un gobierno del FA. En marzo, el sindicato de docentes de educación secundaria de Montevideo anunciaba la entrada en conflicto si no se alcanzaba el 6% del PIB para la ANEP y la universidad.

Los niveles de conflictividad, que venían radicalizándose desde 2013 con la Rendición de Cuentas, fueron creciendo con el correr de los meses. En el primer año del segundo gobierno de Vázquez hubo paros, movilizaciones y ocupaciones -fuertemente criticadas por la ministra de Educación de ese entonces, María Julia Muñoz- hasta que, una propuesta de incremento salarial considerada insuficiente para los gremios, provocó un punto de inflexión en el vínculo entre sindicatos y autoridades. Se declaró la huelga por tiempo indeterminado en secundaria en Montevideo. Comenzó el 18 de agosto.

Al tiempo que en el Parlamento se trataba el Presupuesto, el presidente Tabaré Vázquez citó a los senadores y diputados oficialistas. Allí, sentado en la cabecera de una larga mesa en Torre Ejecutiva, les informó a los legisladores de su partido sobre la que sería a la postre una de las decisiones más polémicas de su segundo mandato presidencial: iba a declarar la esencialidad en la educación. Hubo un quiebre.

En lo previo, Vázquez había prometido que una de las prioridades de su nuevo ciclo de gobierno iba tener como rumbo el cambio del ADN del sistema educativo. Sin embargo, los cuestionamientos a la imposibilidad de avanzar en ese sentido se daban incluso dentro del gobierno. "No creo que hagamos un cambio de ADN porque no están dadas las condiciones políticas", afirmó el entonces director Nacional de Educación, Juan Pedro Mir en octubre. Las declaraciones le costaron el cargo al maestro, y días después también presentó su renuncia el entonces subsecretario de Educación, Fernando Filgueira, cuando no iba un año de gobierno.

"Hacerlos mierda"

También en 2015 se publicó "Una oveja negra al poder", escrito por Andrés Danza y Ernesto Tulbovitz. Para ese libro el expresidente Mujica lanzó una frase que generó revuelo político y un nuevo enfrentamiento entre la dirigencia frenteamplista y la de los gremios de docentes.

"Hay que juntarse y hacer mierda a los sindicatos de la educación", disparó Mujica. Durante su mandato, el histórico líder del MPP había impulsado una reforma de la UTU para dotarla de mayor autonomía, pero chocó con los sindicatos y no contó con el apoyo del sistema político para avanzar. A partir de ese fracaso, se crearía la UTEC.

"Permítanme un pequeño subrayado: educación, educación, educación y otra vez educación", había centrado su discurso Mujica el día de su asunción como presidente.

No obstante, pese a los vasos comunicantes y las reivindicaciones en común -como la de invertir el 6% del PIB-, la educación ha sido uno de los ejes centrales de la conflictividad durante los períodos frentistas, marcados por la confrontación ante las reformas y los reclamos por mayores recursos. Los conflictos, de hecho, se intensificaron y las relaciones se tensionaron a medida que avanzaron las distintas administraciones.

La expectativa depositada en un gobierno de izquierda abre una brecha entre las reivindicaciones necesarias, las reclamadas y las posibles, generando un boomerang de tensiones y quiebres en el vínculo entre la fuerza política a la que pertenecen muchos de los principales sindicalistas de la educación y los propios gremios que integran.

Los episodios protagonizados por los presidentes ilustran la tensa relación que mantuvo el FA a lo largo de sus administraciones con los sindicatos de la educación.

Permanente

En un trabajo denominado "Los conflictos por la educación en el Uruguay progresista", las autoras Mariana Fry y Sabrina Álvarez recogen que los momentos de mayor tensión entre gremios docentes y gobierno entre 2005 y 2020 se dieron durante el debate presupuestal o las rendiciones de Cuentas. "Los conflictos por la educación se registran durante todo el ciclo progresista. A diferencia de otros temas, donde aparecen localizados en períodos delimitados, en la educación la conflictividad es permanente", indica el análisis.

En esta línea, se marca que las mayores movilizaciones y reclamos de los sindicatos docentes, funcionarios y gremios estudiantiles se vinculan al presupuesto educativo, pero hay también otros identificados: por condiciones laborales, salariales, edilicias, resistencias a reformas educativas, elección de horas, episodios de violencia en centros (como ocurrió con el último caso).

La casi renuncia

A solo seis meses de haber asumido el primer gobierno frenteamplista, en setiembre de 2005, los primeros encontronazos por los recursos destinados a la educación tuvieron sus fuertes repercusiones políticas y casi termina con la caída de uno de los principales referentes del FA.

Con el objetivo de cumplir con su compromiso de campaña de llegar al 4,5% del PIB, Vázquez ordenó al entonces ministro de Economía, Danilo Astori, revisar las proyecciones presupuestales para alcanzar ese porcentaje.

Sin embargo, el economista se mantuvo firme en su postura e incluso amenazó con renunciar al cargo. Finalmente, la dimisión no se concretó, ya que el presidente terminó cediendo ante los argumentos de su secretario de Estado, quien se consolidaría luego como el principal emblema de la conducción económica durante los gobiernos frenteamplistas. Aunque ese año no hubo grandes movilizaciones de parte de sindicatos y gremios estudiantiles, las primeras señales de tensión a la interna de la coalición de izquierda y del gobierno se evidenciaron.

Durante ese período se produjeron movilizaciones de resistencia en 2008, motivadas por el proyecto de ley de Educación que el Ejecutivo promovía y que terminó siendo votado ese mismo año. También hubo fuerte rechazo por parte de los gremios docentes a lo que fue una de las principales políticas públicas impulsada por Vázquez: el Plan Ceibal.

"El reclamo social comenzó a plantear la necesidad de asignar el 6% del PIB para la educación y los discursos gubernamentales se endurecieron. Hacia el final del ciclo estas tensiones se agudizaron, comenzaron a movilizarse más gremios y se radicalizaron los repertorios empleados., destacándose la huelga docente por tiempo indeterminado", recuerda el trabajo citado.

Por tanto, el episodio suscitado el pasado lunes que terminó con la desafiliación de la Asociación de Maestro del Uruguay (Ademu) Montevideo del presidente del Codicen, Pablo Caggiani, suma una perla más al largo collar de conflictos entre los gremios de la educación -no siempre alineados al Pit-Cnt- y gobernantes de filiación frenteamplista que llegan al poder.

Según el trabajo mencionado, entre 2005 y 2020, se registraron 119 acciones que colocaron reclamos vinculados al presupuesto educativo protagonizadas por gremios y organizaciones, las cuales incluyeron desde declaraciones de prensa hasta huelgas y movilizaciones. Estas fueron en aumento, pasando de 14 en el año 2005 a 23 en el año 2010 y 82 en 2015.

Mientras tanto, el Parlamento continúa analizando la ley madre del actual gobierno. Aunque los senadores del Frente Amplio han manifestado su intención de priorizar la educación en las reasignaciones, la disputa por mayores recursos -con posibles medidas de protesta de los colectivos- se mantendrá, al menos, durante los próximos 25 días.